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miércoles, 17 de julio de 2019 Actualizado a las 21:53

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¿Detenciones ciudadanas o linchamientos?

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El Código Procesal Penal permite a cualquier persona detener a quien sorprendiere en delito flagrante, imponiéndole la obligación de entregar inmediatamente al aprehendido a la policía o autoridad más próxima.

Si bien esta facultad es valiosa para el sistema, puesto que permite una aprehensión inmediata y eficaz del agresor, en los últimos meses se han reportado diversas detenciones en que el presunto delincuente es golpeado, atado, desnudado, humillado e insultado por masas de ciudadanos enrabiados.

Estos hechos traspasan lo que constituye una “detención ciudadana”, configurando realmente un “linchamiento”, acto que es definido por Carlos M. Vila como una acción colectiva de carácter privado e ilegal que ejerce castigo físico sobre la víctima hasta el punto de provocar su muerte, en respuesta a actos o conductas de ésta, quien se halla en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores.

En este contexto, las “detenciones ciudadanas” conocidas en el último tiempo constituirían, en sí mismas, uno o varios delitos (lesiones en contra del presunto delincuente, amenazas, secuestro, entre otros), transformando a la víctima en victimario, es decir, en aquello de lo que se está defiendo.

Sin embargo, este actuar es ampliamente aprobado por la ciudadanía. En efecto, en una encuesta realizada por COES publicada este año, el 76% de los encuestados justifica que algunas personas persigan y golpeen a un “delincuente” que acaba de cometer un asalto.

Nos parece trascendental en este punto, que los medios de comunicación y las autoridades políticas de nuestro país abandonen el discurso alarmista en torno a la delincuencia, y que contribuyan al debate público proponiendo soluciones reales a los conflictos sociales en los cuales se dan los contextos de violencia ciudadana.

Las causas de este actuar excesivamente violento pueden ser múltiples; la inseguridad de las personas frente a la delincuencia, la (real o alegada) complicidad de las autoridades con los delincuentes, la asociación de la figura del delincuente con la pobreza y el rechazo hacia esta figura, la falta de disciplina como causa indicada en encuestas del alegado aumento de la delincuencia (y la idea de que es posible “disciplinar” al delincuente a través del linchamiento), el populismo penal (electorización de la emergencia de seguridad ciudadana), la figura del delincuente como enemigo, o la discriminación que perciben los ciudadanos por parte del sistema de justicia penal.

Este nuevo contexto impone, a nuestro juicio, dos deberes. En primer lugar, realizar esfuerzos por delimitar la línea divisoria entre la detención ciudadana y el linchamiento, es decir, establecer un estándar que rija el uso de la fuerza en las detenciones de este tipo y que las distingan de aquél.

En segundo lugar, exige hacernos cargo de las causas que generan estos niveles de violencia (y su aprobación) en la población, que son inaceptables en un Estado de Derecho. Nos parece trascendental en este punto, que los medios de comunicación y las autoridades políticas de nuestro país abandonen el discurso alarmista en torno a la delincuencia, y que contribuyan al debate público proponiendo soluciones reales a los conflictos sociales en los cuales se dan los contextos de violencia ciudadana.

Parece ser buen momento para dejar atrás los proyectos legales que tan solo buscan endurecer las penas y aumentar la estigmatización negativa hacia los delincuentes, objetivos que no contribuirán a disminuir la delincuencia ni mucho menos resocializar personas insertas en ella. Hasta la fecha no se ha podido percibir ningún proyecto que a lo menos se acerque a solucionar alguna de las potenciales causas justificadoras de los linchamientos.

Mientras tengamos políticas públicas que tan solo busquen la cárcel como solución y tengamos medios de prensa que las avalen, será difícil revertir el desolador porcentaje de aprobación hacia los linchamientos y lo que es peor, será imposible solucionar el verdadero problema pues al parecer, nuestras autoridades están más preocupadas de combatir una ilusión, que los problemas reales de los ciudadanos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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