Durante casi tres décadas la ciudadanía ha sido informada de la tendencia decreciente de la tasa de pobreza en nuestro país. Nos fuimos acostumbrando a creer que el crecimiento económico y la focalización de las políticas sociales habían hecho bien su trabajo y que estábamos frente a un signo de cercanía al desarrollo, evidenciado por el incremento sustancial de nuestro PIB per cápita e ingresos medios de las familias.
Hace poco más de una década nos despertamos, sin embargo, con la desagradable sensación de algo no marchaba bien y descubrimos que las persistentes y no resueltas desigualdades sociales habían corroído nuestra convivencia, cohesión social y, finalmente, deslegitimaban nuestra política. Más recientemente y debido a la pública conflictividad social en determinados territorios, percibimos que la vida en las regiones no era todo lo bucólica y placentera que quisiéramos creer y que importantes actores “de provincia” cuestionaban la legitimidad, calidad y pertinencia de las decisiones adoptadas por “Santiago”.
Es verdad que la extrema pobreza de ingresos en Chile apenas supera el 1% de la población en 2015 según el Banco Mundial (3,5% según CASEN) y que formamos parte del exclusivo club de Muy Alto Desarrollo Humano (1º en Latinoamérica y 38º a nivel mundial, según PNUD). Pero todos los informes de organismos especializados internacionales (léase OCDE, PNUD, CEPAL, BID) y nuestros propios estudios nos muestran que la desigualdad social y territorial no sólo nos hace descender de los rankings internacionales sino que reducen nuestras capacidades de desarrollo.
Las agencias nacionales responsables por la superación de la pobreza, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la Fundación Superación de la Pobreza (FSP) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) han ido madurando esta dinámica realidad y la subjetividad colectiva que la acompaña, para, en base a sus aprendizajes del desempeño de las políticas públicas, proponer una nueva mirada o enfoque social.
Un primer avance significativo ha sido adoptar un enfoque de pobreza multidimensional que, aparte de indicadores de ingresos considera en 2015 otros factores (educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social). La incorporación de nuevos indicadores sociales eleva las exigencias y nos muestra que, en verdad, uno de cada cuatro ciudadanos (20,9%) se encuentra en situación de pobreza en Chile. La evidencia de esta realidad, por cierto, exige no sólo mayor gasto social sino nuevas estrategias, políticas y programas para abordar en forma más integral e inclusiva este fenómeno persistente y sistémico.
Recientemente FSP ha avanzado un paso más allá en esta visión de la pobreza, al concluir que “la pobreza en Chile es un problema relacional”, es decir, un tema societal y no sólo social. Un flagelo social enquistado estructuralmente en nuestras relaciones y convivencia social y en la forma de funcionamiento del Estado y no sólo un problema de falta de ingresos o trabajo.
[cita tipo=»destaque»]Un sendero que sólo se encuentra señalizado por la nueva institucionalidad legal pero que requiere una activa participación de los agentes de desarrollo territorial (muchos de ellos adormecidos por la cultura centralista y los incentivos concentradores del modelo imperante).[/cita]
Es así con la Fundación Superación de la Pobreza identifica cuatro factores que generan y mantienen la pobreza en nuestro país: a) el centralismo político administrativo; b) la segregación urbana de la pobreza; c) la falta de participación; y d) las políticas asistencialistas.
Con ello, FSP se ha hecho cargo de un hecho evidente y estructural: no existen dos mundos en Chile (Santiago y el resto de “las regiones”) y ni siquiera podemos hablar de homogeneidad económica y social al interior de muchas de nuestras regiones. La pobreza y la desigualdad social impactan en forma muy diferenciada a cada una de las regiones del país, constituyendo vastas zonas rezagadas del desarrollo. Se trata, por tanto, de una nueva mirada de la pobreza que interpela no sólo a las agencias “sociales” del Estado (más allá del MDS, FOSIS y FSP) sino a la sociedad chilena misma y su forma de reproducción.
Dado esta realidad, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (CAP-DDR) enfatizó en 2014 la imperiosa necesidad de realizar un cambio constitucional que modifique la forma como funciona el Estado Nacional para hacerlo más eficiente y pertinente (y no un modelo obsoleto, como lo califica José Luis Cea). Esta Reforma ha sido promulgada en enero de 2017 y se encuentra cerca de entrar en vigencia consagrando la elección del gobernador regional en 2020 y el progresivo traspaso de importantes competencias para el ejercicio de sus funciones.
Esta Reforma, sus leyes orgánicas y las nuevas políticas públicas acordes con esta realidad institucional deberán impactar sustancialmente sobre la pobreza y la desigualdad en nuestros territorios, objetivos básicos de una política de descentralización.
Empero, el nuevo modelo de estado unitario descentralizado no se encuentra diseñado (ni puede serlo ex ante) pues es una construcción societal iterativa, un proceso de construcción compartida, como sostiene el más reciente libro de la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado.
Estamos, pues, cerca de ingresar a una nueva terra ignota, camino indispensable para superar la pobreza y desigualdades y avanzar sustancialmente en nuestra integración y desarrollo nacional. Un sendero que sólo se encuentra señalizado por la nueva institucionalidad legal pero que requiere una activa participación de los agentes de desarrollo territorial (muchos de ellos adormecidos por la cultura centralista y los incentivos concentradores del modelo imperante). Sin una proactividad de ellos no habrá ni descentralización efectiva y, consecuentemente, tampoco desarrollo ni superación de la pobreza.
Finalmente, y a pesar de ser el centralismo un fenómeno sistémico (al igual que la pobreza y desigualdad social) es preciso adoptar una estrategia para su desarticulación. Desde la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado, basados en la experiencia internacional y nacional acumulada, creemos que existen cuatro ejes de la descentralización para los próximos años:
1.- Desarrollo de masa crítica territorial de capital humano calificado.
2.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales de comunas y regiones, incluyendo centros de pensamiento estratégico para pensar las regiones.
3.- Financiamiento requerido para las nuevas competencias regionales y locales.
4.- Participación ciudadana, control democrático y apoyo al avance del proceso de descentralización y desarrollo territorial.
Se trata de cuatro ámbitos que, provistos de las adecuadas políticas nacionales y territoriales y de una institucionalidad nacional pública (no estatal) de seguimiento del proceso y de evaluación del desempeño de las distintas instituciones del Estado nacional y los gobiernos regionales y municipales, podrían iluminar el camino en esta nueva tierra de oportunidades y desafíos del desarrollo nacional.
