El reciente rechazo masivo de ingreso a Chile de 74 ciudadanos cubanos, a través del paso fronterizo Colchane, el pasado viernes 20 de octubre, es la cristalización de la realidad actual de desplazamientos masivos de personas hacia Chile, principalmente ciudadanos cubanos y dominicanos, y de la falta de comprensión de este fenómeno por parte de las autoridades chilenas.
En el mundo hay 244 millones de personas que residen fuera de sus países de nacionalidad, y 68 millones de ellas se han desplazado por motivos de fuerza, escapando de la guerra o la violencia. La comprensión íntegra del fenómeno de la movilidad humana desde la perspectiva de los derechos humanos, debe considerar los matices entre la separación estricta de la migración voluntaria y la migración forzada. Existen zonas grises entre estas, pues lo cierto es que no podemos afirmar que una persona que sale de su país por falta de oportunidades laborales, por problemas a raíz del cambio climático, por la inseguridad frente a delitos comunes, por la violencia de género, por la pobreza o por no poder expresar sus ideas con libertad, lo hace por mera voluntad.
Dentro de las situaciones anteriores encontramos a muchas de las personas dominicanas y cubanas que vienen a Chile, quienes buscan un trabajo pero también seguridad y una vida digna. A estas personas justamente – o más bien, injustamente – se les exige una visa consular para ingresar al país, una que tienen que tramitar en el Consulado de Chile en sus países de origen, y cuya obtención resulta lenta, burocrática e ineficaz. Volviendo al caso de Cuba, la situación de vulneración a los derechos humanos de las personas en dicho país es una cuestión objetiva, indistintamente de la posición política que se tenga, y han sido organizaciones internacionales quienes han puesto foco en estos temas. Muchas de estas personas califican, a nuestro juicio, como refugiadas, pero independientemente de aquello, hay algo que todas tienen en común: son titulares del derecho universal a buscar y recibir asilo. Por lo tanto, ninguna autoridad debiera denegar su ingreso si es que manifiestan que requieren solicitar ser reconocidas como refugiadas.
[cita tipo=»destaque»]Dentro de las situaciones anteriores encontramos a muchas de las personas dominicanas y cubanas que vienen a Chile, quienes buscan un trabajo pero también seguridad y una vida digna. A estas personas justamente – o más bien, injustamente – se les exige una visa consular para ingresar al país, una que tienen que tramitar en el Consulado de Chile en sus países de origen, y cuya obtención resulta lenta, burocrática e ineficaz.[/cita]
Precisamente en esto erraron las autoridades interventoras en la situación ocurrida en Colchane – Carabineros de Chile, Gobernación del Tamarugal, Alcaldía de Colchane y Policía de investigaciones – pues, sin perjuicio de sus consideraciones personales, el Estado tiene la obligación de no rechazar en frontera a quienes manifiestan tener necesidades de protección internacional.
En este contexto, urge relevar en la discusión pública el hecho de que Chile es un país receptor de personas migrantes, refugiadas y en otras necesidades de protección internacional, y por lo mismo, apremia una mayor preparación desde la perspectiva de Derechos Humanos a funcionarios y funcionarias de frontera, quienes tienen deberes generales que cumplir en su actuar conforme a la ley, y quienes además tienen obligaciones especiales con las personas solicitantes de asilo y en necesidades de protección, como son el deber de permitirles el ingreso y no rechazarles en frontera, darles un trato favorable e informarles sobre sus derechos. Esto, sumado a la re evaluación de la necesidad de vistos consulares y al estudio de nuevos tipos de permisos de residencia, como podría ser una visa por motivos humanitarios.
