La situación de las cárceles en Chile es una temática que ha estado ausente de los debates, franjas y propuestas ad portas de las elecciones. No se ha oído a ningún candidato presidencial o parlamentario referirse a que Chile ocupa el décimo lugar entre los países de América Latina con la mayor tasa de reclusos: 236 reos por cada 100.000 habitantes.
Además, el acceso a programas de reinserción es muy bajo, solo 10% de la población encarcelada recibió capacitación en 2016. Esta problemática, también ausente de la agenda de los candidatos, al menos en un contexto mediático, debería ser foco de atención.
[cita tipo=»destaque»]Chile parece estar lejos de poner acento en este tema y de concebir una cárcel donde los condenados circulen libremente y en las que prácticamente no existan riñas ni incidentes. [/cita]
América Latina es el lugar del mundo donde la gente se siente más insegura. Pero esto no tiene que ver solamente con la “delincuencia” de manera aislada. En la región, más del 47% cree que la policía es corrupta y más del 39% no confía en el poder judicial.
Tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica se han generado demandas altamente punitivas por parte de los ciudadanos, quienes creen que la mejor solución para la delincuencia es endurecer las penas. Las campañas electorales en los distintos países se han basado en esta retórica, promoviendo la denominada mano dura que ha desencadenado un aumento expansivo de las tasas de encarcelamiento. Pero las cárceles no solo concentran a las personas más desfavorecidas, sino que reproducen la exclusión social y la desigualdad a través de sus degradantes condiciones y prácticas.
Muchas prisiones en la región no proporcionan acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en varios centros penitenciarios de Brasil los reclusos tienen un espacio menor a un metro cuadrado por persona y tan solo el 50% tiene acceso a una cama. Estas condiciones precarias, junto con la desnutrición y la falta de acceso a servicios médicos, han dado lugar a una alta prevalencia de enfermedades como el VIH o la tuberculosis.
Además, la cultura carcelaria reproduce las jerarquías sociales que prevalecen en las sociedades desiguales, accediendo los internos de manera disímil a los servicios penitenciarios debido a la corrupción y falta de control.
Sin embargo, existe hoy en América Latina un gran ejemplo a seguir, un proyecto del que deberían estar hablando quienes aspiran a liderar nuestro país. Se trata de la construcción de cárceles de alto estándar en Costa Rica con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Éstas han sido diseñadas poniendo como eje principal la integración social y los derechos humanos.
Mientras los penales tradicionales utilizan en promedio 70% de su espacio para el alojamiento, los nuevos utilizan sólo el 34%, ya que la mayor parte del espacio lo destinan a la capacitación, las visitas y el trabajo (47%). Se utiliza la seguridad dinámica basada en el diálogo, sin celdas de aislamiento y con televigilancia que minimiza la presencia de guardias.
Chile parece estar lejos de poner acento en este tema y de concebir una cárcel donde los condenados circulen libremente y en las que prácticamente no existan riñas ni incidentes.
Valdría la pena mirar más allá de nuestro territorio y de las palabras que se repiten en discursos circulares. Hay que observar el caso de Costa Rica y su proyecto efectivo: un costo de construcción de cárceles aproximado de 30.000 dólares por interno, mientras que el costo en otros países como España o México supera los 100 mil dólares. Esto ocurre, porque Costa Rica ha decidido llevar a la cárcel aquellos mecanismos de protección social que afuera fallaron. Es de esperar, que tanto Chile como otros países de la región repliquen esta experiencia.
