Chile posee cerca de la mitad de las reservas mundiales de litio con alrededor de 8.000.000 de toneladas, una posición sumamente privilegiada en un contexto donde las fuerzas dinámicas del mercado están empujando una fuerte explosión vinculada a la demanda por litio. Se espera que para el 2018, un millón de vehículos eléctricos sean comprados solamente por China y que para el 2020, esta cifra se duplique. El precio de exportación de la tonelada litio durante los últimos años ha oscilado entre los 7.000 y 9.000 USD y con proyecciones de las mismas empresas para futuros proyectos del orden de los 12.000 USD la tonelada de carbonato de litio.
¿No es una oportunidad histórica? Bolivia lo entendió muy bien. Desde el 2008, el presidente Evo Morales consideró al litio dentro de su cartera de inversiones. No obstante, en el 2015 logró formular un plan de inversiones que a esta fecha deberían sumar 617 millones de dólares. El año 2016, Bolivia exportó sus primeras 10 toneladas de litio a China y el ingreso esperado para el estado en las consecuentes exportaciones serían del orden de 1.500 millones de USD al año. Y agrega que no se realizarán alianzas con ningún actor privado transnacional que no reconozca que la explotación es exclusiva de la COMIBOL (empresa estatal de minería) y que sólo la empresa transnacional podría vincularse con el estado toda vez que las fábricas de autos eléctricos y productos intermedios sean localizadas en Bolivia. Un esfuerzo que vincula ciencia, empresa, estado y universidades para dotar al país de un recurso para el futuro.
[cita tipo=»destaque»]¿Por qué no se contempló la creación de una empresa nacional del litio? ¿Porqué SQM y Albemarle son las únicas empresas que pueden hoy explotar litio en Chile? ¿Qué rol jugarán las universidades con respecto al desarrollo científico? ¿Por qué el acuerdo se trabajó de espaldas a la ciudadanía? ¿Hay voluntad de iniciar un proceso de control de precios o lo dejaremos al vaivén de la economía?[/cita]
Tras la conclusión del proceso de arbitraje de SQM y CORFO, una serie de documentos, columnas y noticias fueron expuestas en diversos medios señalando lo exitoso o lo positivo de un acuerdo de las características que se suscribió. A saber, el aumento de la cuota de explotación del litio en favor de SQM representaría un ingreso al erario nacional de un total de 11.000 millones de dólares por todo el período contemplado en el acuerdo; cifra no menor, considerando que, para el 2018, 1.500 millones de dólares serían los destinados para pagar la educación gratuita del 60% de la población más vulnerables del país, pero desde luego, cifra insuficiente; o bien la capacidad del estado de poder poner márgenes más estrechos al gobierno corporativo de SQM, uno de los principales corruptores de nuestro sistema democrático formal. El problema sobre el acuerdo celebrado -y vaya que lo han hecho- entre las partes no radica solamente en un asunto de pesos más o pesos menos como lo ha intentado sostener Eduardo Bitrán, ni tampoco en qué tanto se puede controlar el directorio de una empresa como defendió Eduardo Engel, sino que fundamentalmente el acuerdo logra evidenciar el compromiso político de la coalición de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet sobre la voluntad de seguir considerando y consolidando al mercado y la iniciativa privada como el gran motor económico del país.
¿Por qué no se contempló la creación de una empresa nacional del litio? ¿Porqué SQM y Albemarle son las únicas empresas que pueden hoy explotar litio en Chile? ¿Qué rol jugarán las universidades con respecto al desarrollo científico? ¿Por qué el acuerdo se trabajó de espaldas a la ciudadanía? ¿Hay voluntad de iniciar un proceso de control de precios o lo dejaremos al vaivén de la economía? Son preguntas que surgen y que, en cierto modo, duelen un poco. No sólo por las evidentes respuestas, sino porque no hemos aprendido nada de nuestra historia económica.
