Naturalmente una columna de opinión debe ser eso: una opinión personal sobre un tema. Sin embargo, las opiniones que se entregan deben tener sustento técnico si se refieren a temas de interés público, principalmente si están referidas a políticas públicas o a hechos que causan alarma o afectan la seguridad del país. Si ello no ocurre se hace no solo necesario sino imprescindible clarificar los contenidos expresados por el columnista, cosa que ocurre con la columna del señor Jorge Morales “Tres verdades incómodas sobre los incendios forestales chilenos”, publicada el 20 de febrero pasado, y que resulta sesgada, prejuiciosa y hasta mal intencionada en parte importante de su contenido.
En la columna el autor atribuye con mucha liviandad un carácter de “glamorosa” a la actividad de combate de incendios forestales, como si esta fuese un espacio de diversión y una instancia para lucimiento personal. Ello resulta ofensivo para los familiares de los 29 fallecidos, solo de CONAF, en el combate de incendios forestales. El control de incendios y su combate contra el fuego es una de las actividades más peligrosas del mundo, y ha causado la muerte de muchas personas en todas partes, por lo cual, nadie a cargo de las decisiones en esta materia puede ver con agrado, ni buscar relucir uniformes, como livianamente e injustificadamente sugiere el autor.
Por otra parte, el asegura que las campañas de prevención en nuestro país han sido un fracaso, ya que la ocurrencia de siniestros se ha mantenido. Sin embargo, al emitir tal opinión soslaya que la prevención de incendios no es de efecto inmediato, sino que genera resultados en un plazo mediano, siempre que su magnitud sea suficiente para las amenazas que enfrenta y contenga un diseño inteligente de las acciones. Tal como el columnista lo reconoce, el actual Gobierno ha dado un significativo impulso a la prevención, para generar cambios en la sociedad que disminuyan la ocurrencia de esos siniestros, y poder de esa forma, a una reducción en los costos del combate, sobre la base de contar con una población sensible y cuidadosa que evita generar o favorecer la generación de los incendios. En este marco, entre 2014 y 2018 se incrementó el presupuesto de prevención en un 300 %, acoplando al hecho una mayor inteligencia, para lo cual se contrataron cientistas sociales en un amplio espectro, buscando mejores diagnósticos y cambiar actitudes y conductas de las personas y de los colectivos.
[cita tipo=»destaque»]El control de incendios y su combate contra el fuego es una de las actividades más peligrosas del mundo, y ha causado la muerte de muchas personas en todas partes, por lo cual, nadie a cargo de las decisiones en esta materia puede ver con agrado, ni buscar relucir uniformes, como livianamente e injustificadamente sugiere el autor. [/cita]
Respecto de las “verdades” de un tema país se hace necesario precisar, además, lo siguiente:
Expresa el columnista que “no pueden ser los mismos quienes previenen incendios que aquellos que apagan incendios”. Resulta extraño el radical cambio de opinión experimentado por Jorge Morales. Él fue director regional de CONAF Biobío, durante los años 2014-2017 y, en ese período, en otra de sus columnas publicada el 20 de enero de 2017, indicaba que “la CONAF posee calidad mundial en combate de incendios forestales. En sus más de 40 años de historia ha desarrollado una enorme expertise en combate de incendios forestales y desde hace tres años se ha concentrado fuertemente en la prevención de los mismos”. Hoy le parece incorrecto.
Las acciones de inteligencia, prevención y combate de incendios forestales requieren estar estrechamente articuladas y forman, desde el punto de vista operacional, un todo. No obstante, para justificar su planteamiento, el señor Morales no hace análisis alguno del proceso de decisiones involucrado en la cadena de acciones antes señalada, sino que sugiere, de manera sesgada –y hasta mal intencionada- la existencia de intereses que tendríamos, quienes hoy estamos a cargo de la toma de decisiones con respecto a los incendios forestales, buscando según el privilegiar el “negocio” de arriendo de aeronaves. Aparte de lo injurioso de tal afirmación, ella omite, al contrario de lo que reconoció en su columna previa citada, que la actual administración tempranamente el año 2015, procedió a duplicar el presupuesto de prevención. Y que luego este ha seguido incrementándose hasta alcanzar hoy a unos cuatro mil quinientos millones de pesos anuales.
Lo segundo que plantea el columnista en materia de verdad es que “el combate de incendios forestales debe ser de máximo profesionalismo y no es posible que año a año los brigadistas sean despachados a sus casas y se pierda su experiencia”. La idea de mantener a los brigadistas contratados todo el año es claramente un planteamiento, que no puedo sino calificar de populista. Ello pues, desde el punto de vista de la ocurrencia no se requiere mantener contratadas, por ejemplo las 11 brigadas en Magallanes por más allá de 5 meses, pues, no hay más de 2 incendios entre los meses de abril y octubre, situación que se replica en las demás regiones del país. Lo que se requiere es que la memoria profesional y su activación se mantenga en la organización como estructura latente, lo que depende de ciclos de formación, enlistamiento y activación. Por otro lado, en cuanto a los recursos humanos, el trabajo conjunto con las organizaciones sindicales de brigadistas, s ha generado un proyecto de mejora salarial que busca reconocer los distintos grados de responsabilidad y experiencia de cada uno/a de los/as brigadistas que se contratan año a año, de tal modo de establecer incentivo para quienes cuentan con más de una temporada, fijando remuneraciones diferenciadas según tal experiencia o responsabilidad.
La “tercera verdad ” del columnista alude a que “el incendio forestal es una respuesta de propietarios desesperados buscando rentabilidad de sus suelos…” y señala que el Estado debe aplicar con flexibilidad la legislación forestal… (entendiendo) que “…los suelos pueden y deben ser utilizados para mejorar la calidad de vida de sus propietarios y que no existe un cultivo eterno y un suelo no puede estar atado eternamente a la actividad forestal”. Primeramente, llama la atención que el autor casi justifica derechamente un delito (como es provocar incendios forestales). Segundo, Conaf no es un ente que pueda discrecionalmente definir cuándo y cómo se aplica la ley, y menos aún como se sanciona la ilegalidad, tarea que compete a los tribunales. La ley se aplica con responsabilidad, pero no es posible llegar a los niveles de flexibilidad que Morales plantea, pues se estaría cayendo en discrecionalidad y arbitrariedad y torciendo los principios de igualdad ante la ley y de estricta legalidad a que está sujeta la administración del Estado.
Todo ello no obstante ser CONAF una Corporación de derecho privado, a la que no le es posible proponer nuevas leyes. Eso será posible cuando se logre la aprobación del proyecto del Ley del Servicio Nacional Forestal, actualmente en trámite en el Senado.
Es posible que sea necesario hacer discusión pública sobre el tema de los incendios forestales y responder a dudas sobre lo que actualmente se hace y visualizar nuevas propuestas sobre este quehacer. Algo que en todo caso se ha estado haciendo en diversas oportunidades y lugares, destacando las citaciones ante las comisiones de Agricultura del Congreso Nacional. Siempre buscando que tales intercambios se hagan con la seriedad que corresponde y sin denigración de las autoridades o la acción pública.
