Como respuesta a la circulación viral en el hemisferio norte y en algunos países de América Latina y el Caribe, el 07 de marzo, el Ministerio de Salud dio inicio a la Campaña de Vacunación contra la Influenza para personal de salud y adultas(os) mayores. Asimismo, el miércoles 14, la campaña se extendió a los restantes grupos objetivos, siendo un hito en todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Servicios de Salud y centros de atención primaria del país.
En Chile, las vacunas son un bien público, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32° del Código Sanitario DFL N° 725 de 1967 son obligatorias, siendo la única excepcionalidad lo que establece el artículo 33° del mismo cuerpo legal en donde el legislador estableció como requisito de ser eximido temporalmente de la vacunación un certificado médico que lo justifique, el que deberá ser visado por la autoridad sanitaria correspondiente. Más aún, la Ley N° 20.584 que Regula los Derechos y Deberes que tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención de Salud, establece en su artículo 16 que si bien los pacientes tienen derecho a manifestar su voluntad con respecto a un procedimiento médico, este derecho no aplica cuando debido a la negativa a la intervención o procedimiento, se ponga en riesgo la salud pública, de acuerdo a lo establecido en el Código Sanitario.
Sin embargo, nuestro país no ha estado ajeno al fenómeno de reticencia al acceso a las vacunas, lo que en la literatura científica ha sido descrito como “vaccines hesitance” y que ha sido descrito como un fenómeno contexto-específico y con una complejidad de factores para su abordaje. Así, la pregunta que debemos respondernos como sociedad es por qué Chile parece no valorar un bien público que trasciende al ejecutivo al ser una política de Estado.
[cita tipo=»destaque»]Pasamos a considerar las vacunas como un bien público a un bien de consumo. Más aún al abordar la reticencia para vacunas que componen el calendario de inmunizaciones de Chile, las cuales son de acceso universal, nos protegen contra enfermedades a las cuales estamos expuestos como población y son seguras en razón del riguroso sistema de vigilancia que se realiza desde el Instituto de Salud Pública de Chile, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, los Servicios de Salud y los centros de atención primaria como la instancia en donde la población accede a este bien público.[/cita]
No obstante los esfuerzos del Ministerio de Salud mediante la información entregada a la ciudadanía, el fenómeno de reticencia sigue presente a nivel de una parte de la población de nuestro país. Al respecto, las estrategias para disminuir la reticencia a la vacunación que se han implementado en diversos países, se han concentrado en la concientización e información respecto de los efectos de las vacunas. Situación que es compartida por nuestro país al revisar las campañas de vacunación de las últimas décadas.
El escenario descrito previamente resulta paradojal frente a la alta demanda para la vacuna para Fiebre Amarilla para viajar a un país del continente con un brote activo. Pasamos a considerar las vacunas como un bien público a un bien de consumo. Más aún al abordar la reticencia para vacunas que componen el calendario de inmunizaciones de Chile, las cuales son de acceso universal, nos protegen contra enfermedades a las cuales estamos expuestos como población y son seguras en razón del riguroso sistema de vigilancia que se realiza desde el Instituto de Salud Pública de Chile, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, los Servicios de Salud y los centros de atención primaria como la instancia en donde la población accede a este bien público.
Sin duda, para nuestro país, el avanzar en diversas estrategias dirigidas a disminuir la reticencia a las vacunas, sigue siendo una tarea que involucra a todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo a través de mensajes presidenciales que permitan al legislativo abordar los desafíos de uno de los programas nacionales de inmunizaciones más exitosos de América Latina. Asimismo, que el legislador resuelva informado sobre la importancia para las futuras generaciones de chilenas y chilenos el seguir fortaleciendo el Programa Nacional de Inmunizaciones, a través de mociones con evidencia empírica y no sobre la abogacía que ejercen determinados grupos antivacunas. Para el poder judicial, seguir fallando en derecho frente a la judicialización en casos de negativa de padres a inmunizar a sus hijas e hijos con vacunas del calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones vigente de nuestro país.
Serán finalmente estas nuevas estrategias, las que deberían fortalecer a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en su atribución fiscalizadora que permita iniciar sumarios sanitarios a aquellos centros que no estén cumpliendo con las coberturas, así como también la capacidad de las Redes Integradas de Servicios de Salud para el trabajo comunitario, las que permitirán continuar con los altos niveles de cobertura en nuestra población y la revalorización de un bien público que, al parecer, un grupo de nuestra sociedad ya no desea.
