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Cataluña: más de 100 días sin gobierno

por 2 abril, 2018

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Con Cataluña intervenida por el gobierno español; el ex presidente Puigdemont en la cárcel de Neumünster (Alemania); el ex vicepresidente Junqueras en la cárcel de Estremera (España) y parte de sus dirigentes perseguidos, el independentismo tiene que decidir: o gobernar o ir a nuevas elecciones. Después de ganar el 21 de Diciembre (21-D) deben ajustarse a la realidad: gobernar con nuevos liderazgos y una nueva estrategia. Es el costo político de haber fallado en defender y sostener la independencia declarada por el parlamento catalán el 27 de Octubre pasado 27-O.

Gana el independentismo y no gobierna

Cataluña a la deriva. Los dirigentes de todo el espectro político parecen desconcertados, sin rumbo. Hace más de cien días, en las elecciones del 21-D, dos millones de catalanes (47,5% de los votos) dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas (70/135). Un triunfo inobjetable, reconocido hasta por sus enemigos, sin embargo aún no consiguen hacerlo efectivo: formar gobierno.

Se agiganta la paradoja cuando la formación del gobierno dejaría sin efecto la intervención del gobierno central, sustentada en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado por el Senado el 27-O. De este modo los partidos desplazados del gobierno autonómico hace cinco meses retomarían el autogobierno catalán.
Ante esta aparente absurda situación cabe la pregunta: por qué el resultado de esta elección, con una alta legitimidad democrática si se considera el índice de participación ciudadana (79,09% del censo, la mejor marca de la historia electoral catalana) y la pluralidad de alternativas a elegir (10 formaciones políticas de las cuales 7 obtuvieron representación) no ha sido suficiente para que la mayoría absoluta del independentismo en el parlamento forme gobierno.

Con Cataluña intervenida por el gobierno español; el ex presidente Puigdemont en la cárcel de Neumünster (Alemania); el ex vicepresidente Junqueras en la cárcel de Estremera (España) y parte de sus dirigentes perseguidos, el independentismo tiene que decidir: o gobernar o ir a nuevas elecciones. Después de ganar el 21 de Diciembre (21-D) deben ajustarse a la realidad: gobernar con nuevos liderazgos y una nueva estrategia. Es el costo político de haber fallado en defender y sostener la independencia declarada por el parlamento catalán el 27 de Octubre pasado 27-O.

El sello de la anormalidad

Cataluña vive en una situación anormalidad: crisis del estado español en Cataluña, fractura entre el estado y las instituciones catalanas y una polarización política aguda que tiene a la sociedad catalana prácticamente dividida por la mitad.

El 27-O, Cataluña, en una hora, pasó de ser “independiente” a perder su autonomía de 38 años. Su gobierno destituido y su parlamento disuelto. Desde Madrid se convocó a elecciones autonómicas. El gobierno catalán desconcertado se desmembró. Una parte, con Carles Puigdemont, salió del país y otra, con Oriol Junqueras, ingresó en prisión provisional por decisión judicial.

En ese contexto la elección arrojó un resultado inesperado. Ciudadanos, nacido en Barcelona (2007) con un sello de beligerancia contra el catalanismo político, consiguió la primera mayoría (más de un millón de votos), seguido de Junts per Catalunya, lista electoral que Puigdemont hizo a su medida en Bruselas, que, contra todo pronóstico, superó al favorito, su competidor, Esquerra Republicana, revalidando el liderazgo independentista del ex presidente.

La opción de Rajoy

El gobierno de Mariano Rajoy optó por una política de corte autoritario hacia la demanda independentista. Se cerró desde un comienzo al diálogo y negociación política; menospreció la fuerza del independentismo esperando que se desvaneciera al paso del tiempo y, luego, aprovechó su mayoría absoluta para ajustar el Tribunal Constitucional, reformar leyes, aumentar su peso en el Consejo General del Poder Judicial y emplear a su amaño la Fiscalía General del Estado.

De esta forma, el gobierno en vez de hacer política (proponer, dialogar, negociar y acordar) ha preferido hacer uso de la fuerza de la ley (acusar, perseguir y castigar) con la expectativa de neutralizar y desplazar la dirección independentista y erosionar la moral de su principal soporte el movimiento cívico, impulsor de la demanda soberanista hace seis años.

De la estrategia de abstenerse de iniciativas políticas, el gobierno pasó a perseguir por la vía judicial a los que planearon y ejecutaron la fallida estrategia unilateral de independencia. Su aplicación tiene a 31 dirigentes requeridos judicialmente; de estos, 24 están en carácter de procesados por delitos de rebelión (25 años), sedición (15 años) o malversación (6 años) y 10 están en prisión (siete ex miembros del gobierno; la ex presidenta del Parlamento y los dos máximos líderes del movimiento cívico).
Resistir o gobernar



El independentismo, desalojado del gobierno sacó músculo, encaró las elecciones y las ganó. El respaldo ciudadano le abrió la oportunidad de formar un nuevo gobierno y retomar la iniciativa. Sin embargo, decidió restablecer el gobierno destituido con Carles Puigdemont, que tras prometer en campaña volver, decidió quedarse en Bruselas para evitar su detención.

Mientras desde Bélgica la dirección del ex presidente Puigdemont ha menospreciado la intervención y la acción de los jueces, desde la prisión de Estremera (Madrid), el ex vicepresidente Junqueras lanzó un nuevo enfoque estratégico: formar un gobierno efectivo con la idea de “sin miedo mirar a medio y largo plazo”.
De esta forma, Junqueras da una mirada diferente a la realidad. Ante la fuerza del estado español propone asumir el mandato de las elecciones del 21-D, preparar una estrategia que amplié la base ciudadana y fortalecer el país para encarar en mejores condiciones el problema pendiente con el gobierno español.

Los catalanes votaron y esperan…

Así, se ha abierto una discusión sobre la estrategia en el seno del independentismo: la de Puigdemont, de resistencia al estado (respaldada por Junts per Catalunya y la CUP) y la de Junqueras, de formar gobierno (respaldada por Esquerra Republicana y en sintonía con la dirección del Partido Demòcrata).

La estrategia de persecución judicial impulsada por el gobierno del Partido Popular (apoyada por Ciudadanos y consentida por el PSOE) y las disputas hegemónicas en la dirección independentista bloquean la voluntad de los catalanes de concretar un nuevo gobierno, una nueva estrategia y un nuevo liderazgo de los partidos que ganaron las elecciones del 21-D.

 

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