No pudo ser más triste el final del segundo gobierno de Bachelet. De partida, la coalición de partidos que lo sustentó terminó políticamente destrozada y moralmente descompuesta. Y lo más lamentable es que el principal objetivo de la centroizquierda -pendiente desde 1990- tampoco pudo ser alcanzado: la generación de una Constitución democrática para nuestro país.
Además, el último año de su gobierno fue realmente “de miedo”. Partiendo por una crisis monumental en Carabineros, donde a un gigantesco fraude cometido durante años por decenas de oficiales y suboficiales (y que fue detectado a la hora nona), se le sumó un inédito escándalo de acusaciones fiscales de montaje de pruebas por parte de sus servicios de inteligencia. Siguiendo por la virtual parálisis de los procesos judiciales respecto de numerosos casos (¡que se han sabido!) de financiamientos “irregulares” de campañas políticas, a través del fin de las querellas en tal sentido efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos. Y terminando con la frustración de la mayoría del país (constatada por reiteradas encuestas a lo largo de los años) en cuanto a lograr modificaciones sustanciales del modelo económico neoliberal legado por la dictadura; y a avanzar en una solución de fondo de la situación desmedrada y de no reconocimiento de sus derechos del pueblo mapuche.
Pero sin duda que la etapa final fue la más penosa. Destacan en ella varios hechos de diversa naturaleza. Primero, la sepultación del proyecto que buscaba terminar con el aberrante secreto de 50 años para la identidad de los torturadores denunciados ante la Comisión Valech I, y con ¡la prohibición de acceso a dichos datos para el Poder Judicial!; debido a la molestia expresada por Ricardo Lagos y su entorno con la reactivación de aquel proyecto, poco antes de la primera vuelta presidencial. Es importante recordar que el expresidente Lagos había logrado la aprobación de dicho engendro en 2004 en 48 horas, es decir, virtualmente “entre gallos y medianoche”.
Luego, el insólito nombramiento de última hora de notario del mismo fiscal que había terminado su investigación sin efectuar cargo alguno al hijo de la Presidenta, ¡pasándose a llevar a otra persona ya nominada! Fue tal el escándalo, que ante el anuncio de las futuras autoridades que revisarían aquel nombramiento, no le quedó otra a dicho fiscal que renunciar antes de pasar el bochorno de ser “destituido”.
Por otro lado, la suscripción a última hora y en extremo secreto de un tratado internacional (TPP) que compromete la soberanía nacional al estipular formas de resolución de conflictos de instancias internacionales respecto de conflictos entre inversionistas privados extranjeros y el Estado chileno.
[cita tipo=»destaque»]Aunque con este gobierno se confirma el dicho de que lo que empieza mal, termina mal. Porque recordemos que el gobierno saliente empezó con las hecatombes de los casos Caval y Soquimich; y que su proyecto de transformaciones se contradijo desde el principio con un gabinete cuya generalidad de sus miembros había estado vinculado a grandes grupos económicos o tenía una trayectoria particularmente conservadora.[/cita]
Y -sin pretender ser exhaustivo- la virtual destrucción que hizo el gobierno de Bachelet de la revista “Punto Final” al discriminarla sistemáticamente de todo avisaje estatal. Con ello, culminó la política de Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos que a través de dicha discriminación -en conjunto con otras políticas, en varios de los casos- destruyeron “La Epoca”, “Fortín Mapocho”, “Análisis”, “Apsi”, “Hoy”, “Rocinante”, “Plan B” y “Siete + Siete”.
Y la culminación de todo lo anterior se hizo a través de dos grotescas farsas, inéditas en nuestra historia nacional. Una, la de “dejar hecho” un proyecto ¡de nueva Constitución! que ni siquiera conocieron los partidos de la difunta Concertación-Nueva Mayoría; y que evidentemente estaba destinado a los archivos. Y la otra (peor aún), la de querer cerrar el penal conocido como Punta Peuco, “para la galería”; sabiendo que dicho “cierre” no tendría ningún efecto legal, y que no sería llevado a cabo por el gobierno entrante. En este último caso, se hirió además -grave e innecesariamente- los sentimientos de Carmen Gloria Quintana; del conjunto de los familiares de las más graves víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura; y de la mayoría del pueblo chileno.
Aunque con este gobierno se confirma el dicho de que lo que empieza mal, termina mal. Porque recordemos que el gobierno saliente empezó con las hecatombes de los casos Caval y Soquimich; y que su proyecto de transformaciones se contradijo desde el principio con un gabinete cuya generalidad de sus miembros había estado vinculado a grandes grupos económicos o tenía una trayectoria particularmente conservadora. Incluso una subsecretaria designada no pudo asumir porque salió a luz que -como subsecretaria en la fase final de su primer gobierno- había condicionado beneficios jubilatorios a marinos víctimas de violaciones de derechos humanos, al retiro de demandas judiciales de tortura…
Como legados positivos de su segundo gobierno tenemos, al menos, el fin del sistema electoral binominal, que de todas formas no permitirá acceder a una Constitución democrática, dada la preservación de los quórums para reformar la Constitución autoritaria heredada de Pinochet (¡que aparece suscrita desde 2005 por Lagos y todos sus ex ministros de entonces!); y el establecimiento de la gratuidad para la educación superior de los estudiantes con familias de menores recursos.
Por lo tanto, tendremos que esperar todavía un buen tiempo para que el pueblo chileno tome conciencia y se organice de tal modo que pueda evitar ser engañado nuevamente por un liderazgo histórico que -como lo reconoció crudamente Edgardo Boeninger en 1997 en su libro Democracia en Chile– llegó a fines de los 80 a una solapada convergencia con la derecha; convergencia que explica porqué una coalición teóricamente de centroizquierda legitimó, consolidó y perfeccionó el modelo refundacional neoliberal impuesto por la dictadura.
