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Por un nuevo Chile

por 5 abril, 2018

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Múltiples voces de la sociedad durante los últimos años han puesto en entredicho a la Constitución de 1980, ya sea por su ilegitimidad de origen, por su carácter autoritario o porque no es capaz de asegurar derechos mínimos para una vida digna en nuestro país. Para resguardar los derechos consagrados en ella y para supervigilar la conformidad de la legislación de las leyes existe el Tribunal Constitucional. Ambas instituciones funcionan de la mano, como también ambas actúan en conjunto cuando intereses minoritarios -pero poderosos- de la sociedad se ven bajo amenaza. A pesar de las críticas, manifestaciones, movimientos sociales y bibliografía existentes que ponen en cuestionamiento el carácter democrático de la Constitución y del Tribunal Constitucional, no han habido intenciones reales para cambiarlas. El gobierno anterior tibiamente gastó mucho tiempo y dinero en un proyecto que no tuvo ninguna repercusión política práctica, y el actual desestima fuertemente el carácter antidemocrático, autoritario y arbitrario de estas medulares instituciones.

El Tribunal Constitucional se ha arrogado durante años el papel de defensor de los valores, derechos y principios fundamentales de nuestra constitución y de nuestra democracia. Sin embargo, sus últimos fallos son muestra de que su defensa a la democracia es, en realidad, una defensa a intereses minoritarios y mezquinos, tanto para con los movimientos sociales, como para con la sociedad chilena en su conjunto. La agenda en torno a una nueva educación fue instalada con largos periodos de movilización, adecuación del discurso y debate público. Entre las demandas de esa agenda se encontraba como prioritaria el fin al lucro en todo el sistema de educación superior. Con esto nunca quisimos decir que no se remunere justamente a académicos, funcionarios y administrativos, sino que la educación es un derecho y como tal, este no debe ser fruto de riqueza para ningún individuo ni grupo en particular, ni siquiera para el Estado. ¿El problema es con el lucro en general? Por supuesto que no, el problema radica en que los derechos no se venden, y menos aún a organizaciones tan cuestionables en términos económicos, políticos y éticos como Laureate. Ejemplos de instituciones altamente lucrativas que fracasaron como instituciones educacionales sobran: la Universidad del Mar, la UCINF, la Universidad de las Américas, etc.

Es claro entonces que todas aquellas organizaciones y movimientos sociales que buscamos avanzar en la consecución de los derechos sociales, chocaremos ineludiblemente tanto con el Tribunal Constitucional, como con la constitución misma, motivo por el cual hoy no solamente nos corresponde poner sobre la mesa la necesidad de un cambio al sistema educativo, sino que también recordar que para transformar nuestra sociedad en una que no se base en el consumo, y que a su vez garantice los derechos de la ciudadanía, deshacernos de esta constitución y reformar el Tribunal Constitucional es una necesidad que debe ser atendida cuanto antes. De lo contrario, nuestra democracia seguirá tutelada o secuestrada por los intereses de unas cuantas familias, grupos económicos y élites políticas.

Lo más grave de esto radica en que la democracia misma de nuestro país está hecha a la medida de unos pocos. Por un lado, diversos actores desde el mundo social levantan demandas razonables en cuanto a sus derechos, a educarse, por el agua, por la vivienda digna, por no morir o ser criminalizada por abortar, por derechos reproductivos. Por el otro, actores minoritarios y de élite tienen la capacidad de imponer sus intereses en la agenda pública “desde arriba”, sin ninguna demanda social concreta que sustente las trabas que imponen. Hago directamente la pregunta siguiente ¿Existen sectores de la población movilizándose, organizándose, generando contenidos para permitir que los dueños de instituciones de educación superior puedan lucrar? La respuesta es inmediata: no, no existen tales demandas de parte de la ciudadanía. Con esto no solo se pasa a llevar a las demandas del movimiento estudiantil, sino que nos lleva a cuestionar fuertemente el carácter y calidad de la democracia en Chile.

Es claro entonces que todas aquellas organizaciones y movimientos sociales que buscamos avanzar en la consecución de los derechos sociales, chocaremos ineludiblemente tanto con el Tribunal Constitucional, como con la constitución misma, motivo por el cual hoy no solamente nos corresponde poner sobre la mesa la necesidad de un cambio al sistema educativo, sino que también recordar que para transformar nuestra sociedad en una que no se base en el consumo, y que a su vez garantice los derechos de la ciudadanía, deshacernos de esta constitución y reformar el Tribunal Constitucional es una necesidad que debe ser atendida cuanto antes. De lo contrario, nuestra democracia seguirá tutelada o secuestrada por los intereses de unas cuantas familias, grupos económicos y élites políticas. Apostar por la reforma y reestructuración radical del sistema de derechos en Chile, y del derecho a la educación en particular, es una pelea por la democracia misma que nos ampara.

Por todo lo anterior y porque no permitiremos que nuestros derechos sigan siendo objeto de negocio, nos vemos este 19 de abril en las calles.

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