El fallo que se ha anunciado, relacionado con la educación superior, por el Tribunal que vela la constitucionalidad de las leyes, es de una extrema rareza, y obliga a un esfuerzo de dilucidación. Por de pronto y debido a ello, sus efectos se prevén muy complejos tanto para el propio Tribunal, como para el gobierno, el sistema democrático y la sociedad en su conjunto.
No nos detendremos en el hecho de si ha ocurrido nuevamente un accionar del Tribunal que modifica la voluntad democrática. A eso ya nos tiene acostumbrados, pero la novedad, es que lo resuelto en el último caso tiene efectos son telúricos. Al admitir que personas que persiguen fines de lucro, organizadas como tales, sean naturales o jurídicas, pueden ser propietarias total o parcialmente de las universidades, revela que no se consideró en su plenitud el efecto que ello conlleva.
Han sostenido defensores de la tesis que el asunto no es importante, porque las universidades siguen siendo entes sin fines de lucro, tal como se estableció ya en la dictadura de Pinochet. Ello es efectivo, pero no debe pasar desapercibido que si una persona que persigue obtener fines de lucro a través de una actividad comercial, invierte en derechos o acciones en una universidad y no lo hace, aparentemente, para obtener lucro, deberíamos preguntarnos cuál sería su objeto o interés. El resultado es fácil de advertir: el objetivo de su “inversión” no sería otra cosa que buscar una utilidad, que si no es monetaria o lucro directo, se trataría de controlar el poder corporativo que emana de una universidad, lo que hará participando en el directorio, escogiendo al Rector, e influyendo en la línea académica y en los objetivos institucionales.
Si coincidimos en este obvio punto, llegaremos a la conclusión que el fallo del Tribunal hace inviable un sistema propiamente universitario que sin ataduras debe poder reflexionar libremente sobre la totalidad de los problemas que corresponden a la naturaleza propia de la universidad, lo que resultará cooptado, cuando no dirigido totalmente, por el controlador. Se habrá instaurado así un sistema contrario a la naturaleza de las universidades
Sin perjuicio de lo anterior y no restándole importancia al poder que otorga el derecho de control, no estaría prohibido que la persona con fin de lucro en algún momento decida vender su “inversión”, a otro que le pagaría un valor superior a lo que ha gastado. Ello constituye un ingreso tributario y por ende una ganancia netamente comercial, en un ámbito que está prohibido en un sentido amplio. El hecho ya ha ocurrido, sin esta ley.
[cita tipo=»destaque»]Es curioso que después de un gran esfuerzo se haya logrado separar en medida importante los negocios de la política, ahora aparezca este cisne negro que da patente a quienes desde el mundo de los negocios podrán intervenir con poderes amplios en el área educativa privada. El caso se ve agravado en Chile, por la enorme concentración económica, cuya influencia ha sido y es absolutamente determinante a juicio nuestro en los derroteros que transita Chile.[/cita]
Los razonamientos todavía no los conocemos en detalle y seguramente traerán alguna sorpresa y tratándose de un fallo dividido y con razonamientos particulares, habrá mucho paño que cortar, antes de que el actual gobierno termine por darse cuenta que este cisne negro convocará vitalmente en su contra a todo el espectro que ya está en la oposición, al cual se sumarán muchos que apoyaron al actual presidente y que tomarán nota de la gravedad que representa para el futuro del país la influencia de la derecha en un tribunal que ha buscado supuestas razones para crear un verdadero monstruo en un ámbito clave para el desarrollo del país.
Será muy fácil explicarle a la gente que ahora se abre legal y plenamente el camino para que los grandes grupos económicos, naturales o extranjeros, decidan invertir sin cortapisas en centros superiores de estudios para formar o deformar a los estudiantes y así influir en mayor medida en el ámbito académico nacional. Es curioso que después de un gran esfuerzo se haya logrado separar en medida importante los negocios de la política, ahora aparezca este cisne negro que da patente a quienes desde el mundo de los negocios podrán intervenir con poderes amplios en el área educativa privada. El caso se ve agravado en Chile, por la enorme concentración económica, cuya influencia ha sido y es absolutamente determinante a juicio nuestro en los derroteros que transita Chile.
Lo ocurrido es penoso desde todo punto de vista y los negocios que estaban saliendo de la política ahora podrán ser amos y señores de grandes universidades privadas. El resultado será una fuerte división que llevarán a otros a preconizar el crecimiento a todo dar de las universidades estatales y de paso entrará en sospecha el sistema de supervisión recientemente creado para el sistema universitario y cada vez que actúe, será bajo la lupa de esta situación en un área rara, difícil de controlar o regular.
Finalmente, el fallo es un presente griego para el actual gobierno, lo que no nos lleva a felicitarnos, porque en etapas iniciales de un gobierno se consolidará una oposición poco uniforme y en parte deletérea.
Chile espera más de sus instituciones. El señor Presidente tiene la palabra.
