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¿Los por qué de las comisiones de la unidad?

Alejandro González-Llaguno
Por : Alejandro González-Llaguno Sociólogo, analista político y encuestólogo.
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Mientras en el PPD se quejan de que las relaciones deben ser institucionales entre partidos y gobierno, en el PS critican que “no está toda la pluralidad de actores representada en el Congreso ni de las organizaciones sociales comprometidas con la protección de la niñez… que los invitados han sido denominados unilateralmente y que no se ha respetado la institucionalidad partidaria ni de las bancadas”. A su vez, en el PC se restan por considerar que la “discusión debe darse en el Parlamento” y que se parecen a un “tongo”. Los Radicales, a su vez, afirman “que las comisiones son insuficientes” y la DC no participa como partido hasta que no den por terminado su proceso de reflexión y se elija a la nueva directiva; no obstante, la Senadora Rincón afirmaba que la forma de operar para conformar las comisiones “atenta contra la dignidad del partido”.


Las 5 comisiones convocadas por el gobierno para lograr “grandes acuerdos nacionales” en materias urgentes y transversales, son la expresión operativa, o si se quiere, el significado y el signo del diseño político del gobierno: diálogo, unidad y consensos. Es, por tanto, el modo en que el piñerismo materializa y hace “carne” la estrategia de la “segunda transición”. Los hechos políticos del primer mes de gobierno van en sentido contrario al llamado de los acuerdos. Por ello, las comisiones son la manifestación del espíritu unitario. Con ellas, Piñera salda cuentas con su promesa política.

Sin embargo, la táctica política de “pre cocinar” problemáticas en perspectiva legislativa no ha sido bien recibida por la oposición expresada en la ex Nueva Mayoría y en el Frente Amplio. Molestias y críticas brotan de todos lados. De este modo, observamos como la mesa de trabajo pre-legislativo para la infancia -y en menor medida al de seguridad- se ha convertido en el espacio y en el símbolo de todas las contradicciones y tensiones que se han producido en el primer mes de gobierno. La coyuntura ha contaminado la comisión y aumentado las tensiones y polaridades de la fase. Si buscaba unidad, ha fracasado; si buscaba dividir a la oposición y a sus orgánicas, ha sido exitoso.

El tensionado inicio del trabajo de las mesas es resultados del clima hostil que se ha instalado en estas primeras semanas de gestión; y que, no es más que la continuidad de la polaridad que viene aumentado desde el 2011 y que caracteriza a los Estados en las que hay dos modelos de sociedad en pugna. El rechazó de Maya Fernández (PS), de René Saffirio (ex DC) y de Marcela Hernando (PR) a participar en la comisión, la ausencia de los partidos de la ex Nueva Mayoría, las dudas y tensiones del Frente Amplio y las invitaciones “personales” que se hicieron desde La Moneda son los hechos que han contaminado de modo negativo el inicio del trabajo pre-legislativo.

La debilidad de la comisión y los partidos opositores.

La política de la “motosierra” (que busca restituir las condiciones de acumulación del neoliberalismo debilitando con las reformas estructurales de Bachelet) y los modos de hacer la convocatoria y las invitaciones a las comisiones, son las razones que explican la debilidad con la que nacen las dos primeras mesas de trabajo. Ello, no obstante, no implica que las comisiones estén condenadas al fracaso. De algún modo, al menos, serán comunicadas como un éxito y un hito de la “segunda transición”.

Los grandes ausentes han sido los partidos de la ex Nueva Mayoría: PS, PPD, PC, PRSD, DC. Para muchos analistas esto ha sido interpretado como la debilidad y la crisis de esos partidos que se expresa en la incapacidad de re-articularse, en la carencia de un proyecto político y en la distancia que hay para convertirse en una fuerza competitiva. Sin embargo, ese no es el problema ni es lo sustantivo. De hecho, lo políticamente relevante es que hay voluntad de defender las reformas, se logró un acuerdo para conducir la Corporación y controlar las comisiones, y hoy, no se pusieron de acuerdo y todos hicieron lo mismo: como partido no se participa.

Mientras en el PPD se quejan de que las relaciones deben ser institucionales entre partidos y gobierno, en el PS critican que “no está toda la pluralidad de actores representada en el Congreso ni de las organizaciones sociales comprometidas con la protección de la niñez… que los invitados han sido denominados unilateralmente y que no se ha respetado la institucionalidad partidaria ni de las bancadas”. A su vez, en el PC se restan por considerar que la “discusión debe darse en el Parlamento” y que se parecen a un “tongo”. Los Radicales, a su vez, afirman “que las comisiones son insuficientes” y la DC no participa como partido hasta que no den por terminado su proceso de reflexión y se elija a la nueva directiva; no obstante, la Senadora Rincón afirmaba que la forma de operar para conformar las comisiones “atenta contra la dignidad del partido”.

Lo que está claro –y así, lo decidió el gobierno- es que los militantes de partidos opositores serán invitados a título personal. Así, ocurrió con el Senador Lagos Weber, con el ex Senador Patricio Walker, con el trio Boric-Castillo-Sharp, con Insulza, con Huenchumilla y otros. El gobierno “hace la pega” y los partidos sienten el golpe: son menospreciados por La Moneda al no ser considerados, son interpelados ante la Opinión Pública en una tema socialmente muy sensible, y se tensionan internamente, al menos, los que tienen militantes invitados al selecto grupo escogido por La Moneda. Se abren, en consecuencia, tensiones internas más que entre los partidos.

La pregunta, en consecuencia, es: ¿qué busca el gobierno con las comisiones?

En primer lugar, se encuentra en que el gobierno tiene que hacer visible el diseño político Sin duda, esto lo logra con la convocatoria a las comisiones de unidad nacional para dialogar en torno a problemas transversales para llegar a un gran acuerdo y consenso nacional.

En segundo lugar, son importantes para anular el shock anti reformista del primer mes de gobierno que ha contribuido a profundizar el clima de hostilidad en curso desde el 2011.

En tercer lugar, aparece el problema de un Congreso empatado que obliga a buscar votos de “los otros” para sacar adelante los proyectos. No podemos dejar de recordar las palabras del Presidente cuando en el primer consejo de gabinete le dice a su equipo que el gobierno “no puede ser testimonial que envié proyectos y no apruebe ninguno”. Por ello, se insiste en ese mismo momento que el ejecutivo tiene la facultad para sacar adelante iniciativas por la vía administrativa.

Este hecho político no ha pasado inadvertido para los congresales. Los datos muestran que la actividad legislativa del gobierno en este primer mes ha sido muy escasa al punto de que el presidente del PPD destaca que “necesitan agenda previa y relación partido-gobierno”, y el Senador Quinteros advierte que la próxima semana puede ocurrir el hecho de no tener proyectos para ser votados en sala. La presidenta de la Cámara, Maya Fernández, también afirma en esa dirección: “el gobierno ha hecho anuncios… pero, no de proyectos de ley”.

En cuarto lugar, el gobierno busca transformar las propuestas de las comisiones en proyectos de ley y/o decisiones administrativas que faciliten el trabajo legislativo y reduzcan las tensiones que generan y fomentan un clima político hostil y distante.

En quinto lugar, el gobierno busca debilitar, tensionar y fragmentar la oposición encarnada en los partidos y atrincherada en el parlamento como una forma de potenciar los contactos personales y que estos puedan actuar con independencia respecto de sus partidos en problemáticas y proyectos de ley que “aparecen” como transversales y urgentes. Al respecto, no podemos olvidar el caso Insulza y su bajada de la comisión de seguridad. Mientras, el ex OEA dice que no es tiempo para debilitar a los partidos y que por tanto obedece las decisiones colectivas del PS, el presidente Piñera le dice que “tiene suficiente experiencia como para pedir permiso”.

¿El futuro de los acuerdos nacionales?

Es evidente, que las dos primeras mesas de trabajo han comenzado con cierta debilidad. No obstante, este hecho no tendrá ningún efecto sobre el funcionamiento de las comisiones y los respectivos informes que cada una debe entregar al Presidente. Sin embargo, es probable que las tensiones acompañen no sólo la convocatoria y la instalación de cada una (de hecho, ya partieron dos), sino también el desarrollo de las mismas y la redacción final del informe. El otro problema político, y eso depende del clima de hostilidad y polaridad que se imponga, surge cuando esos informes ingresen como proyectos de ley a un Congreso ansioso por arreglar cuentas y hacer valer su poder institucional.

El gobierno, sin duda, no sólo va mostrar como un éxito los grandes acuerdos logrados en esas comisiones, sino también hará pagar los costos políticos a la oposición de cualquier situación que pueda contaminar y/o debilitar el desarrollo de las mesas de trabajo. Seguiremos monitoreando estas comisiones y analizando otros aspectos de las mismas que entregan pistas políticas en torno a cómo se va configurando el proceso político chileno. Al respecto, el perfil de los convocados son un buen indicador del carácter y los efectos políticos de las comisiones a mediano plazo.

Las mesas de trabajo pre legislativo, por tanto, son un hecho político de alto impacto que son el indicador de una táctica política que busca instalar un nuevo modo de relación política que sea eficiente para gobernar en tiempos de hostilidad y distancia ideológica. Cuando las mesas son más políticas que técnicas, puede ocurrir cualquier cosa.

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