Opinión
El Senador Girardi en su columna del 29 de abril se refiere a una supuesta irracionalidad de la Justicia Ambiental.
A su juicio el Tribunal Ambiental fue incoherente, lo que obligaría al Parlamento a cambiar una institucionalidad de papel.
En este punto, parece curiosa la férrea defensa que se hace siempre por el congreso de los fallos de los tribunales y de que los mismos no se comentan. Parece que ello no aplica cuando el fallo deja en evidencia el actuar ilegal de una serie de autoridades regionales y nacionales.
Al respecto, es importante hacer algunos comentarios respecto de los dichos del senador.
Primero: El senador Girardi fue parte de la elaboración de la nueva institucionalidad ambiental y en la designación de los miembros del Tribunal Ambiental de Antofagasta, los que fueron designados por la Presidenta Bachelet con acuerdo del Senado.
Segundo: Es un hecho de público conocimiento -publicitado en la prensa en su momento por el diputado de la zona Matías Walker- que el senador Girardi amenazó con querellas a los Seremis que osaran votar a favor del Proyecto Dominga. Ese es el principal atentado a la institucionalidad ambiental, la que no debe obedecer a presiones políticas sino a un análisis técnico de los antecedentes de la evaluación.
[cita tipo=»destaque»]El senador Girardi fue parte de la elaboración de la nueva institucionalidad ambiental y en la designación de los miembros del Tribunal Ambiental de Antofagasta, los que fueron designados por la Presidenta Bachelet con acuerdo del Senado.Es un hecho de público conocimiento -publicitado en la prensa en su momento por el diputado de la zona Matías Walker- que el senador Girardi amenazó con querellas a los Seremis que osaran votar a favor del Proyecto Dominga. Ese es el principal atentado a la institucionalidad ambiental, la que no debe obedecer a presiones políticas sino a un análisis técnico de los antecedentes de la evaluación.[/cita]
Tercero: El Tribunal Ambiental de Antofagasta no ha aprobado ni rechazado el proyecto Dominga. Lo único que ha hecho es declarar con mucha claridad la serie de ilegalidades cometidas por las autoridades de la administración al resolver el procedimiento. En este sentido, sólo pide una cuestión lógica: que se vuelva a calificar, pero esta vez “ajustado a derecho”.
Cuarto: Es grave que un Senador de la República pase por alto el hecho que el Tribunal ha indicado en forma expresa que la forma en que actuó el Comité de Ministros de su gobierno transgredió normativa constitucional (garantía del debido proceso y de igualdad ante la ley).
A menos que el senador quiera erigir al Congreso como la nueva autoridad ambiental, lo razonable es dejar que los cauces institucionales funcionen sin presiones como las que hasta la fecha él mismo ha ejercido. Sólo una sana separación de poderes nos permitirá contar con instituciones sólidas que cumplan con su mandato legal.
Ahora lo que corresponde es que como ha señalado el gobierno, se proceda a dar cumplimiento al fallo, esta vez dando cumplimiento a la normativa constitucional y legal que rige este tipo de procedimientos, y sin amenazas de ningún tipo por parte de otros poderes del Estado.
