Señor Director:
El contralor, Jorge Bermúdez, defendió este martes el dictamen que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia del proyecto de despenalización del aborto en tres causales, y que había sido modificado por el ministro de Salud, Emilio Santelices. Ante esto, en la UDI y RN están estudiando recurrir al Tribunal Constitucional (TC) contra lo resuelto por el organismo contralor, con el objetivo de mantener la objeción de conciencia institucional.
Si bien la Contraloría, como norma básica de cualquier Estado de derecho está sometida a ese control, cabe señalar que la Contraloría realiza un trabajo técnico, no político a diferencia de lo que ocurre con el TC en donde sí prima la política como lo reconoció la ministra del TC Marisol Peña tiempo atrás al señalar que: “la política no debiera reinar en un Tribunal Constitucional, en la práctica sí reina”.
En este sentido el Tribunal Constitucional se ha convertido en el buzón de la política de la derecha y ha fomentado una judicialización que debilita las instituciones republicanas que los parlamentarios dicen defender, sin ponderar adecuadamente sus consecuencias.
El cuidado en las formas y en el fondo respecto a cómo se plantean las diferencias en democracia es de la mayor importancia. Al respecto se puede señalar que el oficio de legislar, requiere deliberación, confrontación de posiciones, elaboración de fórmulas conciliatorias y transaccionales entre los diferentes grupos políticos que conforman la sociedad, y a menudo, adoptar opciones entre fórmulas contrapuestas, con la prudente medición de los efectos que ellas pueden tener en una colectividad. Tal espacio difícilmente se va a encontrar en el seno de un Tribunal Constitucional, donde la mentalidad y los estilos imperantes, así como el discurso jurídico, transitan por otros caminos. El activismo judicial puede ser una amenaza para la democracia principalmente porque el ciudadano queda sujeto a los signos ideológicos que tengan los jueces. Es impropio que jueces decidan las cuestiones para las cuales existen otras instancias como el Ejecutivo y el Legislativo bajo la idea de la deferencia de experto.
Rodolfo Andrés Saldivia Lillo
Abogado
