Opinión
Los sueldos de profesionales en el sector público en Chile han de compararse con los equivalentes en el sector privado en Chile, pues es ése el sueldo alternativo relevante, no los del sector público de otros países, como algunos erróneamente lo hacen. Y para dicho sueldo alternativo resultan totalmente irrelevantes – desde un punto de vista económico- las comparaciones con el sueldo mínimo o con los salarios promedios de la economía.
Dado lo anterior, es una exageración reducir a la mitad los sueldos de los parlamentarios, como se está proponiendo. A no ser que se pretenda reducir significativamente el nivel profesional de los futuros parlamentarios chilenos. Pero lo que se necesita es precisamente lo contrario: ir subiendo su nivel de preparación profesional, incrementar el “capital humano” de los parlamentarios.
El argumento de que el cargo parlamentario es un cargo de carácter político, de representación popular, y no de carácter técnico, no invalida lo anterior. Nadie está diciendo que los parlamentarios tienen que ser todos profesionales con un grado de PhD, ni expertos en todos los temas. Es imposible y absurdo. Para eso están los fondos parlamentarios para asesorías técnicas. Pero tampoco se trata de irse al otro extremo, y considerar que sea indiferente el nivel profesional de un parlamentario. Un parlamentario no puede ser un mero canalizador de consultorías y asesorías externas; primero, porque no corresponde “externalizar” la labor propia de un parlamentario; segundo, porque el presupuesto que se requeriría para ello sería gigantesco; y tercero, porque todo parlamentario debe estar en condiciones de saber seleccionar adecuadamente sus asesores y consultores (lo cual requiere entender “algo” acerca de los temas), y estar suficientemente preparado como para comprender bien los informes y trabajos que le proporcionen sus asesores y consultores. Para ello se requiere de “parlamentarios profesionalmente empoderados”.
[cita tipo=»destaque»]Las asimetrías significativas y persistentes en materia de sueldos entre el sector privado (sueldos más altos) y sector público (más bajos) terminan por reducir la productividad de este último y la calidad de los servicios públicos, lo cual incide negativamente sobre el desarrollo institucional. A medida que la productividad de la economía se recupere y vaya creciendo, los sueldos reales también debieran ir subiendo, tanto en el sector privado como en el sector público.[/cita]
Que existan consideraciones no económicas a la hora de escoger prestar un servicio público como el ser parlamentario – el cual tiene incorporado un componente de naturaleza altruista – ciertamente significa que el sueldo de un parlamentario (o parlamentaria) debe ser menor que su sueldo alternativo en el sector privado. Pero ello no implica que la magnitud de la brecha entre ambos sueldos sea indiferente.
El desprestigio de las instituciones políticas en Chile y, en particular, del parlamento, no tiene nada que ver con el nivel de los sueldos de los parlamentarios. Dicho problema es mucho más profundo que eso. En consecuencia, reducir sueldos a los parlamentarios no afectará en nada el desprestigio de la política, ni de la actividad parlamentaria. Esta última debe prestigiarse por sí misma con calidad profesional, con iniciativa, creatividad, con buen criterio, con seriedad, y con capacidad de escuchar a los demás y de detectar los comunes denominadores entre diferentes posturas de modo de sacar adelante proyectos en pro del bien común de la ciudadanía.
Es conveniente preservar la dedicación exclusiva e incompatibilidades que actualmente rigen para los parlamentarios chilenos, cuestión que no es tan común en parlamentos de otros países. Ello evita conflictos de interés y contribuye a prestigiar la labor parlamentaria. Es importante tener muy en cuenta esto para cualquier política salarial acerca de los parlamentarios. No sería juicioso bajar los sueldos a cambio de eliminar la dedicación exclusiva.
También es importante considerar que, para fines comparativos con otras actividades remuneradas, más que el sueldo mensual lo que importa es el “sueldo hora”. Entiendo que los parlamentarios normalmente trabajan más de 45 horas semanales.
Las consideraciones anteriores no necesariamente implican que los sueldos de los parlamentarios no se puedan revisar. Pero más que bajar sueldos, opino que quizás resulte más relevante incorporar sueldos diferenciados, en función de: (i) el grado de calificación y experiencia profesional, (ii) los años de experiencia parlamentaria y/o en otros cargos de representación popular; y (iii) ajustes salariales por el tamaño de la familia/cantidad de dependientes de cada parlamentario o parlamentaria.
No es conveniente tomar decisiones con efectos importantes y permanentes sobre el Poder Legislativo, como la cantidad de parlamentarios, sobre la base de coyunturas transitorias en las finanzas públicas. Son otras las consideraciones relevantes para establecer la cantidad óptima de parlamentarios en un Congreso. De lo contrario, con ese “criterio financiero miope” para determinar aspectos cruciales para el desarrollo institucional del país, terminaríamos también reduciendo la cantidad de ministerios, de tribunales, de superintendencias, etc. Si no hay superposición ni duplicidades de funciones, ello es absurdo. El desarrollo institucional y la institucionalidad democrática hay que cuidarlas y reforzarlas a través del tiempo, pues ello tiene un valor per se y resulta fundamental para el desarrollo económico de los países.
Hay que tener cuidado con no caer en haraquiris demagógicos – influidos por una coyuntura transitoria en las finanzas públicas – respecto de los sueldos de la administración pública y de las empresas del Estado, muchos de los cuales son aún bastante deficientes, incluidos los del ámbito profesional y técnico especializado. No hay que olvidar que se pretende hacer una Reforma del Estado, y dicha reforma va a requerir contar con buenos profesionales, los cuales no serán captados por el Estado si sus sueldos se alejan significativamente de sus sueldos alternativos en el sector privado.
La economía chilena es una economía sana, en desarrollo, con razonables perspectivas de crecimiento, aún bajo las actuales restricciones presupuestarias del sector público. Una economía con esas características debe intentar “nivelar para arriba”, es decir, que todos tiendan a subir sus sueldos a través del tiempo, no nivelar para abajo. Los salarios reales en Chile son, en general, muy bajos comparados con los de los países de la OECD, sobre todo los de la “clase media”. Ello incluye mandos medios de gran parte de la administración pública, ingenieros y técnicos especializados que laboran en algunas de las empresas públicas, y también en la administración del Estado (Ministerios y reparticiones públicas).
Las asimetrías significativas y persistentes en materia de sueldos entre el sector privado (sueldos más altos) y sector público (más bajos) terminan por reducir la productividad de este último y la calidad de los servicios públicos, lo cual incide negativamente sobre el desarrollo institucional. A medida que la productividad de la economía se recupere y vaya creciendo, los sueldos reales también debieran ir subiendo, tanto en el sector privado como en el sector público.
