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Alza del concepto de “Transporte de Electricidad”

por “Transporte de Electricidad” 4 julio, 2018

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Señor director:

Entre las últimas dos boletas de electricidad que he recibido, me percaté de que el ítem “Transporte de Electricidad” aumentó sorpresivamente de alrededor de $500 a más de $2.500. Esta situación se repite en todos los casos de familiares y conocidos con que he compartido la preocupación.

Al respecto hice un reclamo primero a la empresa distribuidora (CGE), y luego a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) porque la empresa no respondió mi consulta. Hace unos días me llegó la segunda respuesta de la empresa –ahora, a través de la SEC– revelando que el cargo Transporte de Electricidad indicado en sus boletas corresponde a la suma del Cargo único por uso del sistema troncal (éste sí es un cobro por transporte de electricidad) y el Cargo por Servicio Público (ya veremos a qué se refiere), según lo instruido por la misma SEC.

Por la carrera que estudié y mi trabajo anterior, tengo el casual beneficio de saber qué es eso del Cargo por Servicio Público. Remontémonos al año 2016, cuando el ministro Pacheco sacó adelante una emblemática ley respaldada por “todos” los sectores –curiosamente los usuarios no aparecieron ni en las fotos– que modificaba la ley general de servicios eléctricos en materia de transmisión eléctrica y creaba un coordinador independiente del sistema interconectado nacional. Los cuestionamientos en materia de transmisión fueron publicados en varios medios, respecto de la forma en que se agiliza –pasando por encima de las comunidades– la aprobación de los nuevos proyectos. Centrémonos ahora en la creación del Coordinador Independiente, entidad que viene operando desde enero del 2017 y que fue resultado de la “fusión” de los dos centros de despacho económico de carga (instituciones que cumplían anteriormente funciones similares). La ley establece en sus disposiciones transitorias que el financiamiento de este organismo, que antes era cubierto por las empresas integrantes del sistema, desde el 2018 sería cobrado a los usuarios finales del servicio eléctrico, es decir, todos nosotros. Este es justamente el referido Cargo por Servicio Público que se reveló a regañadientes en la respuesta de la empresa y del que prácticamente nadie tiene noción ahora, ni tuvo cuando se dictó la ley.

Independiente del conflicto –omitido y no discutido en su momento–  que significa financiar esta nueva institución con cargo a los usuarios finales, la situación anómala, que se mezclen o camuflen cobros con otros nombres, va contra cualquier criterio de transparencia, sobre todo cuando es un servicio básico que opera como monopolio regulado. El cliente debería tener a su disposición todos los medios para verificar que los valores incluidos en las boletas sean calculados correctamente y que las empresas eléctricas estén cumpliendo con las normas.

Es preocupantes que, en medio de una sociedad idiotizada, las personas no tengan idea de lo que les cobran, se sometan maquinalmente al destino social de pagar lo que exijan las empresas y no ejerzan una fiscalización activa a los responsables del servicio. Pero también es preocupante que, según lo que dice la empresa, la SEC –entidad fiscalizadora en la materia–, dé instrucciones a las empresas para ocultar información y tratar de pasar colado un cobro mensual considerable. Los “consumidores” –esa posición de poder asimétrico a la que nos arroja el paradigma dominante– no tenemos la capacidad para hacer valer nuestros “derechos” y las instituciones concebidas para eso, despojadas de atribuciones, faltas de voluntad, resultan ser completamente anodinas.

Javier Jara

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