Plan Impulso Araucanía y la verdadera violencia rural

El miércoles 17 de junio el Ministro de Desarrollo Social indicó que «la violencia nunca colabora, la violencia lo único que produce es más violencia, nunca produce algo positivo«. No puedo estar más de acuerdo con esta frase pues estoy convencido que el problema fundamental de La Araucanía es la violencia, especialmente la violencia expresada a través de la pobreza a que fue condenado el pueblo mapuche por el mismo Estado chileno, ¿o acaso no es violencia que el Estado subsidie hace ya casi 40 años a las grandes forestales, controladas por las familias Angelini y Matte, para que obtengan pingües utilidades degradando los suelos de los territorios y las comunas más pobres de La Araucanía?

Las comunas de Lumaco, Angol, Renaico, Los Sauces, Galvarino, Carahue, Ercilla, Traiguen, Purén y Toltén eran las más pobres de la Región de La Araucanía en 1993. Hoy, 25 años después, la encuesta Casen las ratifica en su triste condición de pobreza; mientras los dueños de las grandes forestales en 2016 obtuvieron US$ 5.217,1 millones de dólares por concepto de exportaciones, según estadísticas del Ministerio de Agricultura.

No parece justo que el subsidio a las forestales sea a costa de los más pobres. Esta es la verdadera violencia rural de la que nace la pobreza y la desesperanza que se puede catalizar en diversas formas. Como podrá concluir, señor Ministro, la violencia no la ejerce el mapuche, sino que el propio Estado que ha entregado más recursos a las forestales que al Fondo de Tierras de la Conadi destinado simplemente a restituir lo usurpado por el propio Estado y los particulares amparados por éste mismo.

[cita tipo=»destaque»]Aquí hay diversos problemas que afectan a mapuches y no mapuches en La Araucanía. A los mapuche el Estado los empobreció mediante una política de usurpación económica, política, territorial y cultural, mientras que al no mapuche se le empobreció mediante una estructura económica desigual. Para los primeros se requiere de restitución de derechos colectivos y la compensación por los daños infligidos; para los segundos, se necesita redistribuir los frutos del crecimiento económico para impactar positivamente en el desarrollo local, regional y nacional.[/cita]

Señor Ministro, en La Araucanía los mapuche, los campesinos y pobladores más pobres vivimos en paz, por eso nos preguntamos: ¿A qué paz se refiere cuando habla de Paz en La Araucanía?, ¿a la paz entre los latifundistas y los campesinos pobres?, ¿a la paz entre los mapuches y descendientes de colonos transmutados en empresarios agrícolas? Para darle altura de miras a la discusión, el gobierno debiera aclarar los conceptos y términos para que la simple demagogia no deje a un lado la realidad. Las regiones más violentas, en términos de seguridad ciudadana, son la Metropolitana, Tarapacá y Valparaíso, según la Fundación Paz Ciudadana y el INE, que supongo que conoce y muy bien.  

Señor Ministro, cuando se afirma de manera reiterada y persistente que no existe paz en La Araucanía simplemente se ejerce una violencia simbólica, que en palabras de Bourdieu es una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta en contra de los “dominados” que son inconscientes de dicha práctica en su contra. Luego, de esta violencia simbólica se desprende la violencia psicológica, que es un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a influenciar, maliciosamente, a la opinión pública para generar sentimientos de simpatía y apoyo a las operaciones policiales o judiciales, incluso ilegales, aprendidas de los manuales de “inteligencia” de la CIA y el FBI que sólo han resultado en burdas operaciones de criminalización de la lucha social y política del pueblo mapuche.

Hoy personeros de gobierno han afirmado, en distintos medios, que el “Plan Impulso Araucanía” derrotará la pobreza, la violencia rural, el déficit hídrico, la falta de inversión, etcétera, etcétera, que lo único que hace es recordar la promesa de realizar el “mejor Censo de la historia de Chile”, que sabemos cómo terminó. Con simple voluntarismo, engaño y distorsión nunca se llega muy lejos.

Los mapuche, a diferencia de otros, tenemos memoria histórica. Ya en la década de 1940 se formó la Comisión de Asuntos Indígenas en La Araucanía (formada por el Director General de Tierras, el Director de Colonización, la Corporación Araucana, el Frente Único Araucano y la Asociación Galvarino, entre otros) que se propuso analizar y resolver problemas como la restitución de tierras usurpadas, la regularización de los terrenos fiscales ocupados por mapuches y la creación de la Caja Agraria de Crédito Indígena, pero que fracasó. Hoy no hay nada que indique que el Plan Impulso Araucanía resuelva en un año lo que no se hecho en más de medio siglo. No se trata de que nos enseñen a pescar, como insisten en sus discursos, sino que nos devuelvan los ríos, el borde costero, las tierras y paguen el usufructo ilegal por más de 135 años de expoliación.

Aquí hay diversos problemas que afectan a mapuches y no mapuches en La Araucanía. A los mapuche el Estado los empobreció mediante una política de usurpación económica, política, territorial y cultural, mientras que al no mapuche se le empobreció mediante una estructura económica desigual. Para los primeros se requiere de restitución de derechos colectivos y la compensación por los daños infligidos; para los segundos, se necesita redistribuir los frutos del crecimiento económico para impactar positivamente en el desarrollo local, regional y nacional.

Aunque el Presidente Piñera indique que la pobreza de La Araucanía no se resuelve con más inversión, ésta es la clave para comenzar a darle la vuelta a la llave, como se hizo en Aysén y en Magallanes. Señor Ministro, el  problema hídrico no se resolverá sin resolver el problema de las forestales que son las que originan el daño ambiental. Entienda, por favor, que la pobreza de La Araucanía no se debe a la existencia del pueblo Mapuche, ni a la entrega de tierras, sino al fracaso de la estrategia de desarrollo del Estado. El mismo sistema político ha generado las condiciones de desigualdad social y política, fomentando la exclusión de ciertos grupos humanos, ya que éste reparte el poder y los benéficos económicos sólo entre una minoría privilegiada.

“Si quieres que algo no funcione, crea una comisión”: las mesas de diálogo en La Araucanía parecen destinadas al fracaso porque no apuntan al abordaje de las causas reales que causen los problemas, porque no incluyen la participación activa y protagónica de los propios indígenas en las mismas y porque no se orientan, en definitiva, a problemas concretos. Por ejemplo, los ingresos de la población indígena son menores a los no indígenas en un 39% ($340 mil pesos v/s $472 mil pesos), según el Observatorio Nacional Laboral y la encuesta Casen. Esta situación de desventaja se podría resolver con una ley de igualdad de remuneraciones en el Congreso y no tomado mate para la foto en un wetriputantu.