Opinión
Las imágenes en televisión y las redes nos muestran con crudeza las desgarradoras escenas de muerte y destrucción provocadas en estos días por los incendios en Grecia y California. Se trata de lugares lejanos, pero el fuego no está lejos. Sabemos que las condiciones que hicieron posible la tormenta de fuego del verano de 2017 en Chile se mantienen vigentes. Mientras tanto, la urgente reforma a nuestra institucionalidad pública para la prevención y el combate de los incendios forestales espera el fuego. Pero lo hace durmiendo.
Dos fueron las principales lecciones recogidas por la Comisión Investidora de la Cámara de Diputados desde la cual evaluamos la respuesta del estado chileno a los megaincendios del verano antepasado. La primera, que las condiciones aparentemente excepcionales de temperatura, viento y sequedad del ambiente podían fácilmente repetirse. Es por lo demás lo que ha reiterado, entre otros, Michael Mann, uno de los principales expertos mundiales en cambio climático en una reciente entrevista con el periódico inglés The Guardian: el cambio climático es un fenómeno global y su efecto es extremar las condiciones ambientales y meteorológicas.
Esa fue, por lo demás nuestra experiencia. Al evaluar la intensidad de los megaincendios del verano del 2017, el Sistema de Protección Civil de la Unión Europea se vio forzado a establecer una nueva categoría: los incendios de sexta generación. Baste recordar el alza en la temperatura del archipiélago de Juan Fernández provocada por estos incendios.
[cita tipo=»destaque»]Peor aún, nuestro sistema de gestión de emergencias y ataque contra el fuego carece de políticas y programas sistemáticos de prevención de incendios forestales. Una vez que éstos se desatan, ya es demasiado tarde. Por otro lado, todo el sistema está construido sobre la falacia de la capacidad de respuesta local y descentralizada frente a siniestros. La evidencia es indesmentible. La inmensa mayoría de los municipios carecen de los recursos profesionales y técnicos , así como del equipamiento y el entrenamiento necesarios para convertirse en una primera línea de defensa efectiva.[/cita]
La segunda conclusión, reiterada una y otra vez por quienes participaron de la comisión, es que nuestra institucionalidad en la materia se encuentra completamente rezagada. Nuestro atraso es evidente en cuestiones básicas de gestión ya identificadas a propósito de incendios ocurridos en la década de los setenta en California: inteligencia pertinente y oportuna, planificación, sistemas de comunicación y coordinación entre los actores que intervienen en el ataque al fuego.
Peor aún, nuestro sistema de gestión de emergencias y ataque contra el fuego carece de políticas y programas sistemáticos de prevención de incendios forestales. Una vez que éstos se desatan, ya es demasiado tarde. Por otro lado, todo el sistema está construido sobre la falacia de la capacidad de respuesta local y descentralizada frente a siniestros. La evidencia es indesmentible. La inmensa mayoría de los municipios carecen de los recursos profesionales y técnicos , así como del equipamiento y el entrenamiento necesarios para convertirse en una primera línea de defensa efectiva.
¿La guinda de la torta? Duerme en el Senado una pieza fundamental para la prevención y el combate de los incedios forestales: el proyecto de ley que transforma CONAF en un organismo público y fortalece su capacidad frente a incendios.
Así las cosas, sólo queda seguir esperando el fuego que sabemos llegará. ¿Qué responderán las autoridades de gobierno y nuestros parlamentarios cuando ello ocurra?
