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La sentencia de la CIJ sobre la demanda de Bolivia contra Chile: una oportunidad para la paz

por 6 agosto, 2018

La sentencia de la CIJ sobre la demanda de Bolivia contra Chile: una oportunidad para la paz
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas emitirá dentro de poco tiempo su sentencia sobre la demanda presentada por Bolivia contra Chile.

La presentación de dos demandas sucesivas contra Chile, por parte de Perú el 2008 y de Bolivia el 2013, ha incrementado las posturas nacionalistas en la opinión pública nacional, disminuyendo el margen de acción política nacional de la Jefatura de Estado en la conducción de las relaciones internacionales. A medida que se aproxima la sentencia, emergen llamados para que el país denuncie el Pacto de Bogotá -que obliga a concurrir a la CIJ-. El país, se afirma, debe encarar las controversias bilateralmente. La retórica critica severamente que los fallos de la Corte sean “salomónicos” o “políticos”, y no jurídicos. Se afirma Chile ha actuado de modo legalista, desconociendo la dimensión política de las cortes internacionales y renunciando a todos sus recursos de poder, incluida la disuasión. Se advierte que, en última instancia, se ha actuado con debilidad. El Jefe de Estado, se añade, no debe ceder soberanía. Inadvertidamente y en algunos casos deliberadamente, en algunos sectores se crean condiciones para un eventual desconocimiento de la sentencia si esta fuese “adversa” para el país.

La política exterior de Chile se encuentra vertebrada desde el siglo 19 sobre la base del respeto del Derecho Internacional. Una decisión chilena que ponga en duda el acatamiento de la sentencia, y que implique además el retiro del país del principal mecanismo de solución de controversias de América Latina como es el Pacto de Bogotá (del cual son miembros Brasil, México y Perú, entre otros estados), sería un retroceso de política exterior con serias consecuencias para la posición internacional del país.

Después de haber aceptado la competencia de la Corte en tres casos recientes, si Chile desconociera la sentencia de la CIJ (la misma a la que acudió por el Silala) retrocedería hacia políticas de balance de poder y se convertiría en un actor regional protagónico del nuevo y emergente orden trumpiano. Como lo hacen los nuevos populismos y nacionalismos de derecha. Como lo hace Trump con el Acuerdo de París, los acuerdos con Irán, el TPP, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos y el NAFTA. No debe olvidarse que en Chile también existen sectores que llaman a denunciar el Convenio 169 de la OIT.

La misma opinión pública que ahora ha endurecido su posición ante un país de menor poder relativo que Chile, no ha olvidado que, basada en el mismo supuesto de mayor poder relativo (en este caso sobre Chile), en 1977 la dictadura argentina desconoció el laudo arbitral de la Reina Isabel sobre el Canal Beagle, abriendo paso a la más grave crisis de la historia entre ambos países. Ésta se solucionaría sólo a partir de 1984, con el Tratado de Paz y Amistad, siguiendo con los acuerdos limítrofes de 1991, el arbitraje de Laguna del Desierto y los acuerdos sobre Campo de Hielos Sur. En todo ese proceso, ambas partes cedieron jurisdicción territorial, bien público cuya defensa es tarea básica del Estado. Sin embargo, los conductores políticos también deben ponderar todos los bienes públicos nacionales e internacionales involucrados en una controversia y que son de interés para sus ciudadanas y ciudadanos.

El Gobierno de Chile debería adelantarse a ese debate y despejar cualquier incertidumbre, declarando de manera anticipada que, independientemente del resultado, el Estado de Chile confía en sus argumentos, y que respetará y acatará la sentencia de la más importante corte internacional de la comunidad internacional.

La misma opinión pública que ahora ha endurecido su posición ante un país de menor poder relativo que Chile, no ha olvidado que, basada en el mismo supuesto de mayor poder relativo (en este caso sobre Chile), en 1977 la dictadura argentina desconoció el laudo arbitral de la Reina Isabel sobre el Canal Beagle, abriendo paso a la más grave crisis de la historia entre ambos países. Ésta se solucionaría sólo a partir de 1984, con el Tratado de Paz y Amistad, siguiendo con los acuerdos limítrofes de 1991, el arbitraje de Laguna del Desierto y los acuerdos sobre Campo de Hielos Sur. En todo ese proceso, ambas partes cedieron jurisdicción territorial, bien público cuya defensa es tarea básica del Estado. Sin embargo, los conductores políticos también deben ponderar todos los bienes públicos nacionales e internacionales involucrados en una controversia y que son de interés para sus ciudadanas y ciudadanos.

En el caso de los acuerdos chileno-argentinos, ambos países entendieron que estaba en juego un bien público más importante: la paz entre ambos pueblos, el fin de una conflictiva relación que había durado más de un siglo y su transformación por un relacionamiento de cooperación, integración y asociación, hoy ampliamente conocido y apoyado por las mismas personas en todas las encuestas. Incluso desde una perspectiva de Defensa, Chile resolvió su principal problema estratégico. Nadie acusa hoy a las autoridades por haber negociado la paz con Argentina y el Papa Juan Pablo II. Desde entonces, uno tras otro, los gobiernos se esfuerzan por profundizar la integración chileno-argentina.

El paso desde políticas de balance de poder hacia otras basadas en la solidaridad y el derecho internacional también produjo cambios a escala continental. Los acuerdos chileno-argentinos de 1984 y los acuerdos argentino-brasileños de 1985 fueron la base sobre la cual la región avanzaría en una década de democratización a su consolidación como zona de paz. El fin de la carrera nuclear argentino-brasileña permitió la adhesión y ratificación de toda América Latina y el Caribe del Tratado de Tlatelolco, y la prohibición de las armas químicas y bacteriológicas, erradicando todas las Armas de Destrucción Masiva de la región. Un impulso similar puso fin al diferendo entre Perú y Ecuador el 2000. En un poco más de tres décadas, la región ha construido una red multinivel de acuerdos bilaterales, subregionales y regionales que, junto con la centenaria tradición latinoamericana -y muy especialmente sudamericana- de prácticas formales e informales de resolución pacífica de las controversias (entre las que el Pacto de Bogotá es una pieza principal), le han permitido convertirse en una zona de paz. Lo anterior ha convertido a la nuestra en una de las regiones más estables del planeta, contrastando con la creciente inestabilidad en el resto del mundo. La existencia de esa zona de paz es uno de los principales atributos de América Latina, que debe ser visibilizado y, sobre todo, profundizado. La forma en que concluya la controversia de Bolivia contra Chile será crucial en esa perspectiva.

Que Chile denuncie el Tratado de San José no solo sería una señal internacional negativa, sino que, como ocurrió con Argentina, un arreglo bilateral no impedirá que finalmente se deba abordar el tema de fondo: el país debe asumir como proyecto político que, así como resolvió su relación con Argentina, también debe transformar su relación con Perú y con Bolivia. El término de las demandas abre una etapa que debe ser encarada en esa perspectiva.

La oposición tiene una importante responsabilidad ante ese momento histórico. Debe contribuir dando las señales apropiadas, aislando los nacionalismos e indicando que no instrumentalizará la sentencia para atacar al gobierno. Eso es posible. Fue lo que ocurrió durante una campaña electoral del 2013, antes del resultado de la sentencia de la CIJ sobre la demanda de Perú. La oposición debe hacer saber al gobierno que la única política que reúne apoyo de Estado es la del respeto al Derecho Internacional, y que ése es el único camino hoy y en el futuro frente a Bolivia, así como ha sido y debe continuar siendo con todos nuestros vecinos y la comunidad internacional.

La sentencia debe ser un momento para consolidar la Zona de Paz en América del Sur.

El Gobierno de Chile debería declarar de manera anticipada que, independientemente del resultado, el Estado de Chile respetará y acatará la sentencia de Corte Internacional de Justicia, a la que acudió voluntariamente.

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