Opinión
El contexto social en que nos toca vivir determina de manera imborrable nuestra historia, pero en ningún caso puede justificar la perdida de humanidad, ni tampoco el recurrir a la violencia y el odio con tal de someter al adversario para imponer un determinado tipo de sociedad. La prisión y el exilio masivo, los fusilados al azar, las torturas, los cuerpos enterrados en el desierto, arrojados al mar o hechos desaparecer no tienen un contexto capaz de justificarlos. Ningún buen futuro se puede construir con la barbarie.
Este relato es también un homenaje a la memoria de muchos jóvenes que hoy no están , para que no sean olvidados.
Mi propio contexto es el de toda una generación que en 1973 vivía una preadolescencia agitada. Muchos de lo que sufrieron violaciones a los derechos humanos fueron jóvenes contemporáneos que no tenían responsabilidad alguna en los hechos que llevaron al golpe militar.
Recuerdo que ese martes 11, llegué hasta mi colegio y vi por última vez a muchos compañeros de los cursos superiores. A otros, los pude reencontrar con los años. El miedo ya se instalaba, viví con angustia la detención de mi abuelo –médico con compromiso social – junto a mi padre, un no militante cuyo pecado era ser pediatra de los nietos del Presidente Allende.
La enseñanza media fue, para nosotros, una época marcada por toques de queda y dolorosas historias de amigos, conocidos y cercanos que habían sido apresados, que estaban siendo torturados, que salían al exilio o que fueron asesinados.
[cita tipo=»destaque»]En nuestro contexto, el 2 de julio de 1986, Radio Cooperativa nos informaba que en la población Los Nogales de Estación Central un grupo de jóvenes había sido interceptado por una patrulla militar. Ese día el horror y el dolor cayeron sobre Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, pues no alcanzaron a huir. El teniente Pedro Fernández Dittus ordenó rociarlos con bencina y prenderles fuego.[/cita]
A comienzo de los 80, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, enfrenté la disyuntiva de muchos: marginarme en un expedito camino académico; ser parte de quienes ‘entendían’ la dictadura de Augusto Pinochet, pero no justificaban sus excesos; estar con quienes los justificaban y defendían o sumarme a aquellos que, pese a los riesgos, se oponían con toda la fuerza que podían. Opté por este último rol, para mí el único camino posible ante tanto horror.
La primera vez que sentí de cerca la represión fue cuando Jorge Muñoz, pareja de un cercana compañera de universidad, murió en una explosión junto a una torre de alta tensión que –según dijeron– pretendía derribar. Ese fue un montaje real, no como los que imagina y acusa vergonzosamente el breve ex ministro Mauricio Rojas y otras personas afines a sus ideas.
En las masivas protestas cuando era dirigente y luego presidente del Centro de Alumnos de Medicina, me tocó atender en los Servicios de Urgencia del Hospital Barros Luco a los pobladores de la José María Caro y a estudiantes que llegaban heridos por perdigones y golpes tras –desarmados– enfrentar a policías y soldados. Ese era mi contexto.
Una de las veces en que las fuerzas represivas ingresaron ilegalmente a la universidad, un carabinero me apuntó con su arma y una bala rozó mi cuello. Eran tiempos de advertencias amenazantes, seguimientos por doquier y de prolongadas vigilancias de punto fijo ante nuestros domicilios por parte de extraños civiles. Eran agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). La muerte siempre rondaba en torno.
Como estudiante me tocó muy de cerca la muerte de Patricio Manzano, joven de 21 años que en el verano de 1985 fue detenido y maltratado, junto a sus compañeros de trabajos voluntarios organizados por la renacida FECH, acusados – de nuevo falsamente – de estar preparando una guerrilla. Patricio sufrió un ataque cardiaco del cual sus compañeros rescataron, pero en el traslado al servicio de urgencia carabineros no continuó la resucitación y falleció.
En nuestro contexto – y sólo un mes después, a fines de marzo – José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino fueron secuestrados en plena vía pública, torturados y degollados.
La impotencia y la rabia pudieron más que el miedo, y sus funerales se transformaron en una de las manifestaciones más masivas de la época. Estábamos convencidos de seguir luchando. Decenas de miles marchamos con lágrimas en los ojos hasta el Cementerio General exigiendo respeto a la vida y a los derechos humanos.
En nuestro contexto, el 2 de julio de 1986, Radio Cooperativa nos informaba que en la población Los Nogales de Estación Central un grupo de jóvenes había sido interceptado por una patrulla militar. Ese día el horror y el dolor cayeron sobre Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, pues no alcanzaron a huir. El teniente Pedro Fernández Dittus ordenó rociarlos con bencina y prenderles fuego.
Rodrigo murió cuatro días después. Carmen Gloria, con el 62% del cuerpo quemado, sobrevivió y se convirtió en símbolo de voluntad vital. Al igual que María Paz Santibáñez, estudiante de piano que recibió un balazo en la cabeza cuando, frente al Teatro Municipal, protestaba contra José Luis Federeci rector designado de la Universidad de Chile.
Menos suerte tuvo Jecar Neghme, estudiante de Historia del Pedagógico, quien asumió la vocería del MIR y fue asesinado el 4 de septiembre de 1989, casi un año después del plebiscito. Su muerte se conoce como la última ejecución política de la dictadura.
Ningún contexto puede justificar esas atrocidades ni muchas otras, en Chile ni en ninguna parte del mundo.
El objetivo del Museo de la Memoria no es el de mostrar “contextos” que permitan hacer “entender” el “por qué” de las atrocidades cometidas, porque no tienen explicación ni menos justificación.
La misión del Museo de la Memoria es mostrar a las generaciones actuales y futuras el horror del que algunos pueden ser capaces si los demás miramos para otro lado o fingimos no ver justificados por “el contexto”. Su objetivo es hacer sentir repulsa, rechazo, e –independiente de las ideas políticas de cada cual– salir de allí convencidos del Nunca Más.
