Señor Director:
A principios de agosto, se le quitó la suma urgencia al proyecto del “estatuto laboral para jóvenes”, el instrumento del gobierno de Chile Vamos para enfrentar las cifras de desempleo juvenil y de la precariedad que estos enfrentan constantemente en sus empleos, a raíz de la informalidad con la cual deben desarrollar sus empleos. Este proyecto fue presentado en la primera administración de Sebastián Piñera, pero solo se comenzó a discutir en su segundo mandato de gobierno.
Sin embargo, tal como se ha advertido, este proyecto fomenta la contratación de jóvenes a través de la precarización, esto es, a través de la instalación de un contrato más barato, y dentro de las lógicas ultra flexibles que se han impuesto en nuestro sistema laboral desde el inicio del milenio. El mensaje del proyecto muy bien expone esto: “Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, creando un nuevo contrato especial que tiene por objeto establecer una regulación acorde a las necesidades de los estudiantes de educación superior que quieran compatibilizar sus responsabilidades académicas con una actividad laboral. En consecuencia, el proyecto establece un contrato de trabajo con jornada reducida, con la posibilidad de discontinuarla durante el día para adaptarse a los horarios de clases”. El retail empresarial celebra.
En efecto, se denota esto en los derechos que se pierden (descanso dominical, pago de licencias médicas), y se establece asimismo una jornada de trabajo fragmentada, discontinua, sin la obligación del empleador de respetar la malla curricular y con múltiples jornadas alternativas, lo cual está hecho para el mundo del retail, que puede disponer del trabajador en los horarios de mayor afluencia de público y satisfacer sus intereses. También se producen efectos para trabajadores regidos por el contrato ordinario, ya que el empresario al disponer de un contrato más barato, con jornadas limitadas (subempleo), puede reemplazar masivamente a estas y estos trabajadores por aquellos que se rijan por este nuevo contrato que se quiere implementar (algo similar a lo que ocurre con el contrato de jornada parcial). Este proyecto nada dice de eso, no poniendo freno y limitaciones a las facultades del empleador. Sin duda celebra el mundo del retail, de la cómida rápida, quienes tienen una enorme herramienta en sus manos para disponer de las y los trabajadores, y satisfacer sus intereses propios. Sin duda, que este contrato en nada favorece a las y los miles de jóvenes que deben trabajar y estudiar, legitimando la precarización que se vive en nuestros días. Flexibilizar no puede ser excusa para precarizar.
Si bien se le quitó la suma urgencia a este proyecto, no hay que relajarse, hay que seguir movilizados y movilizadas para que este salga definitivamente del congreso. En la presentación del plan estratégico de empleo, el gobierno estableció como uno de sus objetivos fomentar el empleo juvenil, lo cual se suma que hace algunas semanas el ministro Blumel, en un programa de televisión (estado nacional de tvn), habló también de este proyecto y de la importancia que tenía para el gobierno aprobarlo; lo que demuestra que el gobierno de Sebastián Piñera no ha pensado en retirarlo. Blumel hablaba del proyecto como la forma que vamos a tener las y los jóvenes para conciliar la vida laboral con la estudiantil, sin mencionar los efectos precarizadores y las incertezas que se producirán, sin hablar siquiera de la letra chica de este proyecto También en la cadena nacional llevada a cabo hace una semana, el presidente Piñera hablaba del estatuto joven como un triunfo, lo cual demuestra el interés del gobierno en seguir con la tramitación del proyecto. Es así como quitar la suma urgencia al proyecto a fin de cuentas puede ser considerada como una herramienta política, para desviar la atención, y así volver a discutir el proyecto cuando el tema haya sido olvidado.
Es por esto que hay que seguir movilizándose e informando de las consecuencias que puede traer este proyecto de ley. Ya se le quitó la suma urgencia por un poco de presión social, por lo que una presión más fuerte puede hacer retirar el proyecto del congreso. Cabe tener en cuenta las experiencias de otros países, que empezaron a presionar fuertemente, de manera articulada entre los diversos actores, cuando se presentaron situaciones similares a la que vemos en Chile. Nos referimos a los casos de Perú (la llamada ley de esclavo) y Francia (ley del primer empleo), donde la preocupación por el desempleo juvenil se intentó canalizar a través de proyectos similares al que se intenta aprobar en Chile, pero que sus efectos precarizadores no fueron tolerados por el mundo social, debiendo los gobiernos respectivos retirarlos y enfrentar el desempleo juvenil de manera más sistemática.
El desempleo juvenil y la precariedad son problemas grandes, pero este proyecto no es la forma de regularlo. Cabe tener a la vista los esfuerzos de países de Europa, de países cercanos como Uruguay, quienes han enfrentado estos problemas de manera integral, generando políticas públicas más eficientes de intermediación laboral, incentivando tributariamente a las empresas para contratar jóvenes, y estableciendo en estas regulaciones las medidas adecuadas para que el trabajo juvenil cumpla con lo definido por la OIT como “trabajo decente”; pero también preocupándose por los verdaderos ausentes en la discusión presentada por el gobierno: los “NINI”, la gran población que no trabaja ni estudia.
Debido a todo lo anterior es que hay que manifestarse e informar sobre este proyecto, sobre sus consecuencias y sus efectos. No podemos permitir que el gobierno precarice la dignidad laboral de los jóvenes de Chile e hipoteque sus derechos, y que el tema se olvide. No hay que esperar modificaciones, indicaciones, sino el retiro total del proyecto, ta que algo así está malo desde sus génesis. El tema no puede olvidarse, hay que seguir luchando para evitar esta precarización y legislar sobre el desempleo juvenil como corresponde.
