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Aula segura: ¿inclusión o exclusión?

por 30 octubre, 2018

Aula segura: ¿inclusión o exclusión?
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Transcurridos ya unos días de la tramitación de la polémica Ley de Aula Segura, rebautizada ahora de “convivencia” (por conveniencia), es necesario meditar sobre algunos aspectos pedagógicos y de política pública que subyacen en este intento por “mejorar la calidad de la educación”.

En principio, nuevamente nos vemos enfrentados a una lógica reduccionista de lo educativo, muy propia de discursos sociales instrumentales e ideologizados que omiten la mirada reflexivo-pedagógica en el debate educativo. Es tiempo ya de que lo pedagógico deje de entenderse como “hacer una buena clase” y pase a connotarse en sus dimensiones éticas, sociales y políticas, en la complejidad epistémico-social que supone dimensionar la pregunta por el tipo de ciudadano que deseamos formar y por la sociedad que los chilenos nos merecemos o aspiramos a construir.

En este contexto, ha habido poco de argumentación pedagógica en los impulsores de esta iniciativa legal, especialmente en la versión primigenia de dotar de más herramientas de control a la escuela para sancionar y expulsar a niños, niñas y jóvenes que se manifiestan con violencia en el territorio escolar y sus alrededores. Estando todos de acuerdo en lo repudiable de estas prácticas, no hay dos posturas sobre eso, lamentablemente pocos expresan un argumento pedagógico (o ético o razonable) que cuestione la noción de exclusión que esconde esta normativa.

Esto es muy delicado, pues, lanzar una molotov a otras personas o agredir verbalmente a alguien, constituyen síntomas de un tipo de sociedad no dialogante e intolerante (lo que es responsabilidad de los adultos, incluida esa institución llamada familia), pero es además signo de la incapacidad de la escuela para hacer su tarea educativa (lo que es responsabilidad de profesores, directivos y de quienes dirigen la cartera respectiva) y signo también de una sociedad que se desentiende de una parte de sus miembros y decide sacarlos de un lugar y ponerlos en otro (lo que es tarea del Estado y de sus instituciones).

Vale la pena también señalar que este tipo de conflictos en ningún caso deben ser expuestos como una dicotomía -como se nos ha querido presentar- entre defensores de la delincuencia y los defensores de la seguridad. Este es más bien un problema social y educativo que debe ser visto desde el bien común, atendiendo a todas sus dimensiones toda vez que representa un problema complejo que amerita soluciones complejas.

Como sea, expulsar (y suspender) a un estudiante -por el motivo que sea- es lo contrario de incluir. E incluir es más que ese discurso misericordioso o tecnocrático que tanto orgullece a muchos profesionales y adultos de este país, discurso hecho desde el centro y en contra de la periferia. Discurso hecho sobre el otro, a propósito del otro, pero sin el otro. En esto hemos de ser claros, no incluye una escuela que expulsa, así como tampoco incluye una sociedad que busca resolver sus diferencias con penas de cárcel y más control.

Incluir, desde un punto de vista pedagógico, es preguntarnos ¿por qué queremos vivir juntos? Sobre todo, incluir supone preguntarnos críticamente y honestamente, ¿qué estoy dispuesto a hacer por el otro? Mucho, porque creo y defiendo políticas prioritarias e integrales de atención y desarrollo humano. Poco, porque creo y me escondo en leyes para estigmatizar y expulsar a los estudiantes.

Esta es una dimensión pedagógica y emancipadora de la inclusión que debe ser puesta a la base de toda discusión sobre la co-existencia humana en nuestro país, como antesala de cualquier normativa escolar y, especialmente, como horizonte ético y político para todo intento serio, holístico y complejizador por resolver los problemas de violencia e intolerancia que estamos viviendo como país, tanto en las calles como en el aula. Prescindir de esta dimensión pedagógica de la inclusión implica quedarnos en los síntomas, perfeccionar las brechas sociales y sumar más conflictos, supone también estigmatizar y patologizar a los otros (niños, niñas y jóvenes) y, finalmente, no resolver el problema de la formación democrática y democratizadora de las nuevas generaciones.

Vale la pena también señalar que este tipo de conflictos en ningún caso deben ser expuestos como una dicotomía -como se nos ha querido presentar- entre defensores de la delincuencia y los defensores de la seguridad. Este es más bien un problema social y educativo que debe ser visto desde el bien común, atendiendo a todas sus dimensiones toda vez que representa un problema complejo que amerita soluciones complejas.

En los hechos, sigue abierta la pregunta por las causas y los caminos a seguir a propósito de la conducta anti-sistémica de una parte de la población juvenil, pero también sobre el contexto en que ello ocurre y sobre las acciones adultocéntricas, hegemónicas y autoritarias de quienes con-vivimos con ellos, me refiero a padres, profesores, periodistas, carabineros, autoridades, sacerdotes, entre tantos otros adultos que no quieren o no pueden empatizar profundamente con quienes piensan distinto.

El pánico a observar que las nuevas generaciones cuestionan lo adulto no es novedad, tampoco lo es la habitual respuesta punitiva y legaliforme de los adultos. Lo novedoso aquí sería poner de verdad “a los niños, niñas y jóvenes primero en la fila”. Hasta hora, nada hay de eso.

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