Opinión
Es de público conocimiento la aprobación de tres proyectos mineros en diferentes territorios de la región de Aysén aledaños a zonas estratégicas de conservación ambiental, reservas de la biosfera y donde precisamente en gobiernos anteriores se habían redactados decretos para proteger y mostrar al mundo miles de hectáreas de “parques”
También, en ese proceso quedó en evidencia la molestia de algunas organizaciones ciudadanas, pobladores y activistas ambientales ante la luz verde que la institucionalidad regional le otorgó a estas trasnacionales mineras, manifestándose en algunas localidades de la región.
A raíz de estos hechos, nuevamente se levanta el debate, dicotomía, la línea fina, frustración o expectativas…como lo quiera llamar usted… acerca de Conservación Ambiental versus Actividad Económica para la región.
En efecto, las empresas mineras no están cometiendo ninguna ilegalidad, ellas se someten a la institucionalidad ambiental chilena, cumplen los mínimos legales y legítimamente aspiran a lucrar en el área de su interés, en un país abierto a la inversión y con reglas del juego claras. Por su parte, el Gobierno legítimamente tramita los respectivos permisos, convoca a las instituciones, delibera y vota los respectivos proyectos de inversión privada. A partir de lo anterior, se constata que todos los territorios del país están disponibles para ser fuente de procesos económicos y/o productivos en función de nuestras leyes y decretos en las diferentes materias. Por su parte, la comunidad o sociedad civil, en un Estado de derecho tiene los mecanismos nacionales que consagra la propia legislación para participar y opinar, y al mismo tiempo manifestarse o utilizar los medios jurídicos que, nuevamente, consagra la legislación nacional.
[cita tipo=»destaque»]No es razonable, para un país de más de 4000 km de longitud, que zonas con marcado acento y evidencia fundada de determinada abundancia y potencial turístico, ambiental, acuífero, ganadero y reserva de vida queden al arbitrio de una legislación nacional, de carácter extractivo, sin mirada local de los territorios, que privilegia la actividad económica primaria por sobre el potencial de inclusión económico-social que genera la industria de los servicios, como el caso del turismo ambiental, general o de intereses especiales. Esta región, a diferencia de Puerto Montt al norte, no reúne las características básicas para ser explotada bajo la lógica del libre mercado sin intervención, pues las premisas básicas para este modelo no están en Aysén, por citar ejemplos; conectividad, sector privado y mercado de consumo. En consecuencia, la solución de fondo radica en una verdadera “revolución legislativa” que redibuje el Chile Regional, direccionando y circunscribiendo el modelo económico a las características, abundancia, potencial y convención social de sus habitantes que permita un desarrollo armónico y sustentable.[/cita]
La narración anterior, no es más que la constatación de que el país funciona, pues tiene reglas claras para todos los sectores y para todo el territorio por igual…sin embargo en esa misma constatación radica el problema de fondo que motiva esta columna; el tratamiento igualitario que tienen los territorios de Chile para el desarrollo económico de carácter liberal.
No es razonable, para un país de más de 4000 km de longitud, que zonas con marcado acento y evidencia fundada de determinada abundancia y potencial turístico, ambiental, acuífero, ganadero y reserva de vida queden al arbitrio de una legislación nacional, de carácter extractivo, sin mirada local de los territorios, que privilegia la actividad económica primaria por sobre el potencial de inclusión económico-social que genera la industria de los servicios, como el caso del turismo ambiental, general o de intereses especiales. Esta región, a diferencia de Puerto Montt al norte, no reúne las características básicas para ser explotada bajo la lógica del libre mercado sin intervención, pues las premisas básicas para este modelo no están en Aysén, por citar ejemplos; conectividad, sector privado y mercado de consumo. En consecuencia, la solución de fondo radica en una verdadera “revolución legislativa” que redibuje el Chile Regional, direccionando y circunscribiendo el modelo económico a las características, abundancia, potencial y convención social de sus habitantes que permita un desarrollo armónico y sustentable.
Para Aysén, insistimos, es necesario activar un plan piloto que la regule con un estatuto de rango constitucional que le permita una inversión pública de gran tonelaje en un momento “cero” con la consiguiente convención y apoyo social de que es la industria del turismo sustentable y sus productos asociados, la principal actividad que dará el desarrollo económico, el empleo y la recaudación fiscal que requiere nuestro Estado para un óptimo funcionamiento.
Delinear y poner en la mesa este debate, es lo que nos permitirá pasar a la historia como una nación que ha sabido comprender el nuevo paradigma de la economía liberal junto al respeto e inclusión de los habitantes de cada territorio.
