Opinión
El anuncio (esperemos que no se haga efectivo) del recorte de presupuesto a una de las subsecretarías del Ministerio de las Culturas y en particular a un conjunto de instituciones definidas por el Estado como sus colaboradoras, es complejo y feroz tanto por el impacto que genera en las cuentas una resta de casi un 30% de los ingresos convenidos, como por el cambio en la relación que ha sostenido el Estado, por ejemplo, con la Corporación Matucana 100, el Teatro Regional del Biobío, Fundación Teatro a mil, los Museos Precolombino y Violeta Parra y la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven. Ambos efectos (en las cuentas y en el vínculo) son de la mayor importancia para evaluar la amplitud y profundidad de la transformación que esta medida podría estar anunciando para un número mucho mayor de instituciones de igual naturaleza jurídica, historia y aporte público que las recién mencionadas y de diversos ministerios.
Este recorte puede ser el precedente de un cambio más significativo en la relación que establece el Estado y un conjunto de organizaciones no gubernamentales de interés público, en el marco de políticas que en el caso de las culturales habían tenido un importante componente participativo. Esta modalidad de generación de políticas culturales con una base ciudadana más amplia que en cualquier otro ministerio sectorial, se ha visto mermada con el advenimiento del Ministerio y la carga propia de una burocracia más compleja. Podría quedar aún más debilitada si la colaboración del sector no gubernamental deja de ser una fuente de innovación, de diseño de programas, de mayor presencia territorial y de muchas otras funciones que el Estado hoy comparte o delega en entidades especializadas.
En síntesis, nos preguntamos si restar financiamiento público a entidades que están al servicio de orientaciones estratégicas -cuyos directorios tienen importante representación del Estado-, viene a ser la antesala de un desahucio de esa función compartida que utilizan prácticamente todos los ministerios sectoriales. Si así fuere, cabría preguntarse también cómo va a llenar el Estado este vacío funcional, y cómo enfrentará el debilitamiento o la privatización de instituciones que son bienes públicos y que surgieron y se desarrollaron nutridas por el modelo de la colaboración.
El planteamiento gubernamental ha sido, con matices, que estas instituciones son valiosas y que deben seguir existiendo, pero haciéndose cargo de levantar sus ingresos del sector privado, utilizando para ello el mecanismo conocido como Ley Valdés. Esta sugerencia, altruista por cierto, descansa en a lo menos tres supuestos errados: primero, que las instituciones (recortadas) no usan este mecanismo, lo que no es cierto; segundo, que el problema de la falta de recursos privados es un problema de gestión, aunque estos organismos han cumplido con creces sus compromisos; y tercero, que las instituciones colaboradoras llevan adelante ‘proyectos’ cuando en realidad sostienen programas de alta cobertura, empleabilidad y calidad de servicios para poblaciones que lo necesitan y merecen.
Todas las instituciones mencionadas y las otras que consigna la Ley de Presupuestos (con diferente trato sobre la base de criterios que ignoramos), realizan programas que tributan a los lineamientos de política cultural que la propia autoridad establece año a año en los instrumentos de convenio, seguimiento y evaluación visados -como corresponde- por la Contraloría General de la República. Esta contribución programática, gratuita para sus destinatarios, se complementa con los recursos que por su gestión estas instituciones hacen al conjunto del sistema, provenientes de fuentes privadas o de otras reparticiones del Estado a través de licitaciones y concursos.
¿Y si la privatización total fuera el derrotero? ¿Cuánto podemos esperar de la Ley Valdés? ¿En qué plazos? Un informe del Comité de Ley de Donaciones Culturales de junio de 2017 (CNCA, 2017), señala que a esa fecha -aún a la espera del resultado final de los datos de tributación en el año siguiente- se había obtenido apenas el 10% del financiamiento del monto total de la cartera ‘elegible’. El 90% del costo de proyectos ‘certificados’ por el comité carecía de donantes. Esperamos las cifras de este año, para documentar un debate necesario. Y antes de que baje la polvareda, tal como lo han recomendado parlamentarios de todas las corrientes, intensifiquemos un diálogo efectivo para sistematizar, mejorar y darle proyección a un modo de colaboración entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro que es de suyo deseable. Sin recorte, por supuesto.
