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Descentralizar el poder político

por 13 noviembre, 2018

Descentralizar el poder político
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No obstante que ha sido un debate que se ha mantenido vigente en las tres últimas décadas, la descentralización del poder político y la desconcentración de las funciones administrativas del Gobierno Nacional no han sido tratadas con la velocidad, intensidad y profundidad que el proceso exige.

El ejercicio del poder sigue teniendo un alto componente de visión centralista, a pesar de sus adaptaciones y adecuaciones de los últimos años. El país sigue gobernado por un mando altamente vertical y centralizado cuyas justificaciones siguen teniendo al Estado Unitario como el elemento central, que no permite una nueva distribución del poder que incorpore por ejemplo, la horizontabilidad del mando como una manera que participe y decida la sociedad en los asuntos de interés nacional.

Descentralizar y desconcentrar no se trata sólo de entregar nuevas atribuciones del gobierno nacional al gobierno local, sino que, se debe asegurar que esas nuevas facultades impacten directa y positivamente, al municipio y a su estructura interna, adecuándose a la asimetría y característica que cada municipalidad tiene. La sociedad requiere en los actuales tiempos municipios con más atribuciones políticas, con mayores facultades administrativas, autonomía e independencia económica y una política de mejoramiento sustancial del recurso humano, que es quien finalmente sostiene el servicio.

Frente a las nuevas facultades transferidas a los municipios, relativas a la readecuación de su estructura funcionaria, las municipalidades no tienen experiencia en el diseño y la reformulación de sus plantas, en todos estos años no han podido construir perfiles laborales rigurosos para sus funcionarios, se les hace difícil justificar técnicamente la creación de nuevas unidades municipales, no logran cubrir el 30% de profesionales y técnicos de su dotación (aún cuando la norma exige el 75%), están condicionadas a un límite de gasto en personal, deben aumentar de manera sostenida los ingresos propios permanentes, su dotación funcionaria debe estar justificada y ligada al Plan de Desarrollo Comunal y debe sintonía y coherencia con la política de recursos humanos. 

Hoy contamos con una ciudadanía más empoderada que exige más y mejores servicios municipales. El crecimiento exponencial de la población necesita tener al municipio cerca, accesible y disponible las 24 horas. Necesitamos municipios modernos cuya estructura y funcionamiento permita cumplir con las tareas y necesidades del presente, con las proyecciones futuras y las readecuaciones orgánicas para su diversificación. Pero el diagnóstico es que tenemos municipios altamente dependientes de los programas del gobierno nacional, con gestiones locales de poca profundidad y de corto alcance, y la mayoría de ellos administran un estado financiero de pobreza.

La base de cada administración municipal es su personal, es el recurso más importante y sensible con el que trabaja el municipio, es en definitiva, un recurso estratégico. Debemos profundizar mucho más los aspectos de probidad y transparencia de todo el funcionamiento municipal, como también intensificar aún más los procesos de control y fiscalización social. La incorporación de nuevas tecnologías al servicio y funciones municipales debe ser una política de adaptación permanente vinculado y subordinado siempre, a una dotación funcionaria de carácter permanente y altamente capacitada como garantía estratégica de largo plazo a los cambios político-administrativos. 

Frente a las nuevas facultades transferidas a los municipios, relativas a la readecuación de su estructura funcionaria, las municipalidades no tienen experiencia en el diseño y la reformulación de sus plantas, en todos estos años no han podido construir perfiles laborales rigurosos para sus funcionarios, se les hace difícil justificar técnicamente la creación de nuevas unidades municipales, no logran cubrir el 30% de profesionales y técnicos de su dotación (aún cuando la norma exige el 75%), están condicionadas a un límite de gasto en personal, deben aumentar de manera sostenida los ingresos propios permanentes, su dotación funcionaria debe estar justificada y ligada al Plan de Desarrollo Comunal y debe sintonía y coherencia con la política de recursos humanos.  

El Estado está obligado a éstas alturas a pensar progresivamente en un nuevo paradigma del poder, donde coloque primero a los municipios frente a los ciudadanos y al resto del estado detrás, pues el principio es la unidad político-administrativa más cercana a las personas. Necesitamos avanzar a un gobierno local abierto, ciudades inteligentes, gobierno local digital con apertura de datos, gestionar el conocimiento y lograr la hiperconectividad económico, político administrativo y social.

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