Señor Director:
Llega fin de año y junto con ello la eterna incertidumbre que invade a una buena parte de los profesores universitarios de nuestro país. La gran interrogante es la renovación -o no- de contratos a honorarios que duran sólo un semestre. Contratos que no está de más decirlo, prescinden de cualquier tipo de respaldo en materia de previsión, seguro de cesantía, salud, etc.
Antes de seguir abordando el tema en detalle es menester retrotraernos a la génesis de todo esto.
Luego de la reforma a nivel universitario instaurada por la dictadura en el año 1981 que implicó una descentralización de los centros educativos, la desaparición de la Universidad Técnica del Estado o la aparición del crédito fiscal; surgen una serie de instituciones de carácter privado que, si bien el país ya contaba con este tipo de instituciones (Universidad de Concepción, Austral, Federico Santa María, etc.), el cariz de los nuevos centros era distinto. Grandes grupos económicos entraron al juego y, formando sociedades aparentemente ‘sin fines de lucro’, se abrían universidades de dos o tres carreras sin acreditación y sin garantía alguna en lo referido al campo laboral de los futuros profesionales. Ya a fines del régimen de Pinochet se consolida un nuevo negocio y durante los primeros lustros de la Concertación todo va viento en popa. ¿Alguien se acuerda de las universidades Jorge V, Blas Cañas, de Las Condes (propiedad de César Mendoza, miembro de la Junta) o de Puerto Varas? Seguramente sus ex estudiantes que fueron víctima de una publicidad engañosa –y con características propias del negocio del retail con invasivas gigantografías- que posteriormente tuvieron que ser reubicados en otras instituciones debido al cierre de las universidades recién creadas.
Así llegamos hasta el año 2011 y el gran movimiento estudiantil puso sobre la mesa las demandas de fin al lucro. Un éxito de aquel movimiento fue la instalación de la gratuidad que hasta el presente año se ha consolidado, incluso con la venia de un gobierno de derecha otrora reticente a aquella reforma.
Todo bien con los estudiantes hasta que llegamos a los docentes. La realidad de estos profesionales sigue siendo casi la misma: precariedad laboral, constante acoso sobre todo a las profesoras, o en algunos casos con problemas para obtener insumos y materiales de trabajo. Común es el caso de profesores que deben costear con su propio dinero fotocopias y guías para sus estudiantes. Los cierres arbitrarios de carreras que debido a ‘decisiones de la empresa’ dejan de impartirse son otro caso común en las universidades que dicen buscar la excelencia.
Los profesores trabajan por temporada, como en la recolección de berries, el fruto de su trabajo es igual de dulce que una fruta: estudiantes con vocación formados por profesionales que, más allá de todo obstáculo para ejercer sus labores, logran al menos impregnar en sus educandos el amor por la responsabilidad y el trabajo bien hecho.
Leandro Ortega Vargas
Profesor de Historia y Geografía
