Señor Director:
El caso de Fernanda Bachelet simplemente le ha puesto nombre y rostro a una práctica habitual que suele permanecer al socaire de todo escrutinio público, esto es: la designación de familiares, amigos y conocidos de las autoridades públicas al interior de la Administración del Estado. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? En el caso de Fernanda, por la simple razón que sus credenciales profesionales o académicas nos informan de una experiencia vital promedio de una adolescente del barrio alto de Santiago. Nada en sí que criticar, pero nada de por sí digno de alabanza. Ex post facto, incluso podríamos verificar que esa misma experiencia vital le permite desarrollar con mediana inteligencia y capacidad el cargo que hasta el día de hoy ostenta. Siendo así ¿es todo ello criticable?
El Gobierno señala que no. Con convicción nos indica que su elección se debe lisa y llanamente a sus talentos personales y que aun más, hasta la fecha, sólo ha recibido elogios sobre su gestión. Todo ello, empero, es una falacia.
La designación de Fernanda no debió ocurrir. Esto en virtud a que ella no compitió con otro chileno para obtener el cargo, haciendo saltar por los aires la garantía de profesionalidad e igual acceso a los cargos públicos que nuestra Constitución garantiza a todos los chilenos; siendo así, su nombramiento obedece a una mera liberalidad del gobernante, cuestión que es ajena a un Estado de Derecho.
Diego Chacón Wiche
Abogado
LLM en Derecho Público UC3M
PHD (c) en Derecho UC3M
