Señor Director:
En medio del intenso debate que ha suscitado la actual tramitación parlamentaria de una “ley corta”, imprescindible y necesaria para aumentar los recursos estatales para entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (SENAME), resulta pertinente poner énfasis en otras aristas que tienen significativa relevancia en materia de derechos de infancia.
Gran parte del foco de las medidas del Acuerdo por la Infancia anunciado por el Ejecutivo están puestas en la necesaria y urgente transformación del Sename, lo que es impostergable y clave para que el Estado deje de ser un actor que en vez de proteger, vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes más dañados. Sin embargo, no se pueden olvidar al menos dos cosas: a) que a esta institución llegan al año no más del 4,5% de la población infantil del país y, b) que si existieran políticas preventivas y de protección de derechos garantizados, no estaríamos hablando de vulneraciones graves. Entonces, de inmediato surge la pregunta: ¿qué hacemos con el 95% restante, donde siete de cada de 10 niños sufren algún tipo de violencia y donde uno de cada dos niños es criado con violencia?
Por eso, “Senamizar” el debate por la infancia vulnerable es apenas la punta del iceberg. Siendo urgente incrementar los recursos, considerar estándares de calidad, la necesaria especialización del personal y por sobretodo, resaltar y valorizar el inconmensurable aporte que hace la sociedad civil en las políticas de protección especializada. Es clave profundizar la discusión para contar con una Ley de Protección Integral a la Infancia robusta, que le dé sistematicidad y organicidad a la divergente realidad normativa en materia de niñez, que integre la promoción de derechos y la prevención como eje de una cultura de crianza con ternura, respetuosa de nuestras niñas y niños, y que considere la participación protagónica de éstos, con una autoridad central que garantice los derechos de la infancia desde Arica hasta Punta Arenas.
Y el desafío es aún mayor, puesto que hay que hacer que la ley funcione, que no esté sujeta a la disponibilidad presupuestaria, que no sea sólo un conjunto de proyectos pilotos o inversiones aisladas o que garantice sólo algunos derechos en desmedro de otros. Invertir en nuestra infancia es construir un mejor país para el futuro. Un país sustentable, dialogante y en paz social. Construyamos un país donde nuestros niños puedan seguir siendo niños.
Juan Pablo Venegaz Gormaz
Gerente de Incidencia Pública
WorldVision Chile
