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Restricción de la migración, “sin pedido de disculpas”

por 18 enero, 2019

Restricción de la migración, “sin pedido de disculpas”

Crédito: Agencia UNO

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Quiero partir esta nota de opinión con un relato personal, pero sin pretensiones de autorreferencia. El propósito es mostrar que la reflexión que propongo se alimenta también de mi propia vivencia, aun teniendo claridad que mi situación es seguramente de las menos complejas, o más privilegiada, en el escenario que quiero describir (porque hablo desde un lugar de relativo poder, la academia, pero también por mi estatus migratorio, origen nacional, color de piel… entre otras cosas). Soy migrante, pronto serán 20 los años que pasaron desde que llegué a Chile. Tengo un visado de residencia definitiva en el país desde 2001. En pocas semanas vence mi cédula de identidad chilena, así que debo renovarla. Como extranjera, además de que esta renovación se hace con mayor frecuencia, debo solicitar ante la Policía de Investigaciones (PDI) un “certificado de vigencia de permanencia” antes de hacer el trámite en el Registro Civil. Como conozco la situación de colapso respecto de los trámites de extranjería, empecé a hacer las gestiones para obtener ese certificado hace ya unos dos meses. La única vía que tengo para conseguir una hora es Internet, a través del sitio web www.extranjeria.gob.cl, espacio al que entro con regularidad desde entonces. Cuando logro entrar, las horas ya están todas tomadas. Pero también sucede que, en ciertos tramos horarios, directamente no logro entrar, al parecer, precisamente los horarios en que los cupos se liberan. He llegado incluso a poner alarmas en mi celular a medianoche, a la madrugada, a la mañana muy temprano, para pillar ese momento en que se habilitan los turnos, pero hasta ahora ha sido imposible conseguir un cupo para mi gestión.

He llamado también al Departamento de Extranjería y Migración, y al Registro Civil, pero me dicen que no tienen ninguna injerencia en el trámite, porque el organismo que expide el certificado es la PDI. He ido en dos ocasiones a la propia PDI (sede de calle Eleuterio Ramírez), y me explican que la única forma de acceder al trámite es por Internet. Incluso me dicen que no tienen nada que hacer respecto de la asignación de horas, porque ellos no administran ni el sitio web ni el número de cupos, pues eso depende directamente del Ministerio del Interior. La misma respuesta obtuve a partir de un reclamo vía Transparencia: “Lamentando los inconvenientes que se le han provocado y que usted advierte, la mencionada plataforma es alojada en el sitio web de la PDI, pero es de creación, mantención y soporte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, me responden textualmente de PDI por ese canal de petición de información.

Para qué describir el escenario de los trámites en Eleuterio Ramírez. Seguramente los que pasan por ese sector de Santiago con regularidad habrán visto la aglomeración de personas. Las veces que he ido, en el último tiempo, veo siempre el mismo panorama: personas expuestas al sol por largas horas, algunas veces con niños pequeños, porque no han encontrado a quién dejárselos (me lo han contado cuando les pregunto, y les digo que pidan atención preferencial, cosa que lógicamente no hacen, porque la “conciencia migrante” nos hace sentir que estamos “de prestado”, aún a los que tenemos claros los derechos que nos asisten), horas y horas haciendo filas, tensión, malos tratos, mafias que venden turnos, tanto de nacionales como de extranjeros, y podría seguir…

En fin, situaciones de tensión, y de vulneración de derechos, que son consecuencia de una pésima gestión de estos trámites, aun cuando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública anunciara, en una Minuta de abril de 2018 titulada “Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones y Extranjería”, que, entre otras medidas, implementarían un “Plan de mejoramiento de la gestión, información y relación con la comunidad migrante del Departamento de Extranjería y Migración, que ya se encuentra en aplicación y contempla una amplia batería de medidas tecnológicas y operacionales para agilizar la tramitación de los permisos y reducir los tiempos de atención presencial y así dar una atención digna y oportuna a los migrantes, para terminar con las colas de espera de varias horas para ser atendidos, y la tardanza de casi 11 meses para que se resuelva una permanencia definitiva”. No hay que realizar un análisis muy profundo para concluir que, el menos hasta ahora, el plan ha sido un fracaso, si se lo juzga por ese objetivo declarado. Para alimentar esta conclusión, se informa en una nota de El Mercurio, del 11 de enero pasado, que hasta el momento sólo uno de cada cinco inscritos en el programa de regularización migratoria iniciado por el gobierno a fines de abril de 2018 ha finalizado el proceso de estampado de su visa. El jefe del DEM lo atribuye a la dificultad que supone presentar un “certificado de antecedentes del país de origen, el pasaporte vigente y la orden de giro pagada”, mientras que organizaciones para migrantes señalan como causas la “dificultad para pagar la visa o los problemas que ha generado el sistema de citas web”.

El colapso del sistema de atención para trámites de extranjería es evidente hace ya un buen rato. Y para quienes pretendan argumentar, desde lo meramente presupuestario, que el Estado de Chile no tiene por qué gastar recursos en personas que no son sus ciudadanos (con todo lo discutible que es ese argumento, pero detenerme en esto excedería los propósitos de esta nota), algunos datos para contra-argumentar: “De acuerdo a datos del Departamento de Extranjería y Migración, entre 2010 y 2017 la recaudación por este concepto [derechos de visa, multas, etc.] totalizó $130 mil millones, es decir unos US$216 millones... Esto sin incluir el aporte que hacen por el pago del impuesto a la renta que llega a unos US$490 millones anuales”. En 2015, en el municipio de Antofagasta hubo más recaudación por trámites como visas o gestiones por residencia de inmigrantes que por los aportes de patentes mineras. De hecho, si damos por certeros los datos de la nota de “Economía y Negocios” de El Mercurio referida previamente, dado que hasta noviembre de 2018 se habían aprobado 82.617 visados en el actual proceso de regularización, y que cada una de esas visas tiene un valor de 60.000 pesos chilenos, el Estado podría recaudar potencialmente 4.957 millones de pesos por esta vía si esos trámites llegaran a buen puerto. Parece una cifra considerable, como para asignar más personal y más cupos de atención, ¿verdad?

Hay una mirada utilitarista, meritocrática y racista detrás de la política migratoria del gobierno, en la que se promueve la llegada de “emprendedores”, o de graduados en “las mejores universidades del mundo”, mientras que se obstaculiza la llegada, por ejemplo, de migrantes haitianos, a los que se pide la gestión de una “visa consular de turismo simple” difícil de obtener, o a los que se embarca en un retorno tan voluntario que les obliga a acreditar, mediante compromiso firmado ante notario, que no regresarán al país en al menos 9 años.

Entonces, la pregunta que quiero plantear es bastante obvia a esta altura: ¿será que esto se debe solamente a problemas de gestión, o es que detrás de estas dificultades y obstáculos hay un mensaje implícito respecto de la posición del gobierno frente a la regularización (y el ingreso) de migrantes? Estoy pensando, con Foucault, en una intención no subjetiva (es decir, no en el sentido de un plan deliberado, sino en un modo de funcionamiento que devela una perspectiva gubernamental respecto de los procesos migratorios).

Creo que es una pregunta genuina, y que para responderla hay que ampliar un poco el foco, y leer las señales que ha estado dando el gobierno, durante su primer año de gestión, respecto del modo en que piensa a la migración (y a los migrantes) y, en consecuencia, la forma en que la aborda. Sin ir más lejos, en la misma temprana minuta a la que aludía, se sostiene que los “extranjeros que ingresan con visa de turista y terminan quedándose en situación irregular” provocan situaciones de “precariedad laboral y habitacional, (…) [y] abuso del sistema, ya que las personas que ingresan mienten sobre el objetivo de su visita al país”. Tanto las medidas anunciadas en ese documento, como el proyecto de ley de migraciones, reflotado con indicaciones, que se está tramitando en el Congreso, dejan ver una mirada utilitarista, meritocrática y racista detrás de la política migratoria del gobierno, en la que se promueve la llegada de “emprendedores”, o de graduados en “las mejores universidades del mundo”, mientras que se obstaculiza la llegada, por ejemplo, de migrantes haitianos, a los que se pide la gestión de una “visa consular de turismo simple” difícil de obtener, o a los que se embarca en un retorno tan voluntario que les obliga a acreditar, mediante compromiso firmado ante notario, que no regresarán al país en al menos 9 años.

Y el mensaje más claro, por último, es lo sucedido en torno a la negación a firmar el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito por 164 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas el 10 de diciembre pasado, aun cuando diferentes representantes del gobierno repiten como mantra el eslogan del Pacto, al sostener reiteradamente que procuran lograr una “migración segura, ordenada y regular”, fórmula que también aparece en el proyecto de ley en trámite, y en la minuta con medidas divulgada al comienzo de su mandato. Sólo para poner en evidencia la obviedad: ¿qué regularidad se busca promover, si lograr esa regularidad, e incluso mantenerla, resulta tan difícil?

En los últimos años, reflexionando sobre la “política migratoria” del Estado chileno (sobre la realidad de su propia existencia, o sobre sus características), algunos compañeros, estudiosos de las migraciones, desarrollaron con lucidez algunas nociones para describir las situaciones que se experimentaban en este campo de la realidad social: la “política de la no política”, decía Carolina Stefoni para referirse al desarrollo de iniciativas que resolvían urgencias en distintas áreas, sin modificar el fundamento de seguridad y control que sustenta a la legislación actual; la “política del Estado de ánimo”, proponía Eduardo Thayer para aludir a las “disposiciones contingentes de funcionarios que por iniciativa personal −en respuesta a una demanda de hecho por parte de la población migrante y algunas veces en contra de las resistencias institucionales− impulsan de manera intuitiva (y en una casi completa escasez de recursos) líneas de acción dirigidas a resolver los problemas más urgentes que plantean los migrantes”.

La situación parece haber cambiado en el último tiempo, en algunos aspectos al menos (porque el enfoque securitista es una continuidad en el cambio): se advierte ahora una clara voluntad estatal de densificar las diferentes formas de fronterización de los procesos migratorios, es decir, una restricción y jerarquización deliberada del ingreso de migrantes al país, y sin pedido de disculpas, parafraseando un conocido título de Laclau y Mouffe.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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