Opinión
Faltaba menos de un mes para que el joven separatista serbio-bosnio Gavrilo Princip cumpliera veinte años el día que empuñó su pistola semiautomática y disparó dos tiros hacia el descapotable que transportaba al archiduque austro-húngaro Francisco Fernando y su esposa, Sofía Chotek. El primer tiro dio en la yugular del archiduque mientras que el segundo entró en el abdomen de la duquesa. Era el 28 de junio de 1914, día de sol en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, a la sazón provincia imperial de Austria Hungría.
El archiduque y su esposa venían saliendo del edificio de la municipalidad donde habían sido recibidos esa misma mañana tras un primer atentado con bomba del cual el matrimonio resultó ileso. Princip analizaba en silencio el fracaso de ese primer intento en un café cercano a la municipalidad —un compañero suyo había tratado de suicidarse minutos después de lanzar la bomba contra la comitiva— cuando vio aparecer, a una cuadra de ahí, el descapotable del archiduque. El joven salió del café, corrió hasta la esquina donde recién había doblado el automóvil, y cuando tuvo el descapotable a cinco metros jaló el gatillo un par veces. Dos balazos certeros que según los historiadores dieron verdadero inicio al siglo veinte.
Sofía Chotek murió camino a la casa del gobernador. Su marido diez minutos después. Gavrilo Princip fue detenido en el acto por la policía para posteriormente ser juzgado y condenado a veinte años de presidio. Murió de tuberculosis cuatro años más tarde en una cárcel de la actual República Checa, después de ser sometido a innumerables torturas. Tallada en la pared de la celda en la que estuvo confinado se encontró la siguiente frase escrita por él: “Nuestras sombras andarán por Viena, se pasearán por la corte, atemorizarán a la aristocracia”.
¿En qué pensó Princip al enfrentarse a la figura del archiduque esa mañana de junio? ¿En el hombre de carne y hueso que le profesaba un amor inconmensurable a su esposa? ¿En sus hijos que lo esperaban en Viena? Princip debió ver por única vez en persona al archiduque esa mañana. Observó rápidamente su traje blanco brillando bajo el sol veraniego de Sarajevo, su mostacho finamente engominado, el rostro frío, severo, la mirada altiva. La misma del padre, el viejo archiduque Carlos Luis de Austria. La misma del tío, el todopoderoso emperador de Austria y rey de Hungría, Francisco José, quien en 1908 se había anexionado Bosnia-Herzegovina, provocando la ira de los separatistas serbio-bosnios. Princip no veía al tipo de carne y hueso sentado en el descapotable junto a su mujer, sino esa estirpe de archiduques, emperadores y reyes que Francisco Fernando representaba. No se atenta contra la persona —habría respondido el verdugo si le hubiésemos preguntado por qué disparó esos dos tiros—, sino contra el símbolo.
El atentado político tiene esta particularidad que lo diferencia de otros crímenes más comunes, donde la víctima no es más que la representación de algo personal en la mente del victimario. Pongamos un caso: Carlos Robledo Puch, más conocido en Argentina como el Ángel Negro. Entre 1971 y 1972 mató a diez personas en Buenos Aires, entre las cuales había seis guardias de seguridad. Esa fijación con los nocheros no tenía lugar más que en la mente de Puch: matando a los guardias mataba a su propia madre, una mujer autoritaria y controladora. Lo que movilizaba a Puch era el pathos, la emoción, mientras que en el crimen político lo que moviliza al victimario es el ethos, el espíritu que permea a un grupo social. La víctima es un símbolo histórico, la representación colectiva de algo. En la mente de Gavrilo Princip y en la de los separatistas serbio-bosnios el archiduque encarna al imperio que les ha usurpado su tierra.
Trasladémonos al Chile de la naciente transición post-dictadura y preguntémonos: ¿Qué vieron los asesinos de Jaime Guzmán al enfrentar el vehículo que lo transportaba, la tarde del 1º de abril de 1991, poco antes de propinarle los dos tiros que le terminarían provocando la muerte? ¿Al solitario niño prodigio, de inteligencia precoz, educado en el seno de una familia católica de la alta sociedad santiaguina? ¿Al brillante estudiante universitario, titulado con honores de abogado a los 21 años? ¿Al destacado profesor de la facultad de derecho de la Universidad Católica, fundador del “gremialismo”? ¿Al agudo polemista de debates televisivos? ¿Al consejero de Pinochet? Todo eso y mucho más. Lo que Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete vieron esa tarde nublada de abril fue al símbolo histórico, la representación carnal de la dictadura, sentado al interior de un vehículo. Es mucho más que el hombre delgado de 44 años, vestido sobriamente, de gafas anticuadas y escasa cabellera. Mucho más, por cierto, que el hijo querendón de la señora Carmen Errázuriz. Es el ethos del Chile dictatorial, el espíritu de una época que muchos desearían borrar.
A diferencia de otras dictaduras militares en la América Latina de los años 70 y 80, la de Pinochet no sólo compartió el poder con una élite de profesionales e intelectuales civiles provenientes del conservadurismo sino que, en el caso chileno, la supervivencia del régimen dependió de dicha élite. La punta de lanza de este grupo fue Jaime Guzmán Errázuriz. Mucho antes del golpe que pondría fin al gobierno de Allende, Guzmán imaginaba que una vez conquistado el poder por las armas sería urgente retenerlo y que para ello era necesario tener preparado un corpus ideológico, una hoja de ruta que marcara el camino a seguir.
Visto desde hoy resulta increíble que a sus casi 60 años el mandamás del Ejército, Augusto Pinochet, le confiara dicha responsabilidad —la fijación de una hoja de ruta que incluía la redacción de una nueva Constitución y la Declaración de principios del régimen— a un abogado de tan sólo 27 años de edad sin más experiencia política que la de haber liderado la oposición a la reforma universitaria en la Universidad Católica, en 1967, y creado el movimiento gremialista en ese mismo lugar. Guzmán no registraba participación alguna en partidos políticos ni tampoco tenía lazos familiares o de amistad con el mundo militar, aunque entre 1970 y 1972 había formado parte del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Fuera de las aulas universitarias se le conocía únicamente por sus intervenciones en el popular programa de debate A esta hora se improvisa, emitido por canal 13 en Santiago.
La noche del domingo 9 de septiembre de 1973, a sólo dos días del golpe, se enfrenta en el panel de dicho programa a dos maoístas que estaban fuera de la UP: Jorge Palacios, del Partido Comunista Revolucionario, y Rodrigo Campo, abogado. Ambos critican la política reformista de Allende develando así la crisis al interior de la izquierda. Frente a eso Guzmán les espeta: “Los países tienen que dirigirlos grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo llamado la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llama las fuerzas armadas. Tu argumentación a mi juicio es la que conduce de manera más clara y evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos sectores civiles no quedan más que las fuerzas armadas, porque la gente suelta no puede gobernar las naciones”. La intervención de Guzmán demuestra así que la hoja de ruta que seguiría el régimen unos días más tarde ya estaba escrita en su mente.
En su libro El pensamiento político de Jaime Guzmán, Renato Cristi sugiere que el abogado gremialista y los militares golpistas ya se conocían antes de que se concretara el putsch de 1973. No se explica de otra manera que el régimen le asignase a una persona sin experiencia política una de las más altas responsabilidades de la dictadura, sólo dos días después del golpe. “El hecho de que el día 13 de septiembre la junta nomine a Guzmán (…) para el estudio de una nueva Constitución indica hasta qué punto su pensamiento y sus proyectos políticos estaban ya involucrados en la intervención militar. Guzmán guía los pasos iniciales de la junta militar, juega un papel decisivo en la formación y consolidación del nuevo régimen político y se convierte en su Kronjurist, aunque sería más justo decir que en materias constitucionales la corona la porta él mismo”. En otras palabras, Jaime Guzmán se transforma en l’éminence grise de Pinochet, es decir, en el consejero en las sombras más influyente de la dictadura, posición de la que gozará hasta 1981 después de aprobada la nueva Constitución.
Políticamente hablando la coparticipación de Guzmán en el inicio del régimen militar no es un servicio que el abogado presta ad-honorem, empujado puramente por motivaciones éticas y morales. El pacto que sella con el régimen resulta beneficioso tanto para sus intereses políticos de largo alcance (si hay algo que distingue a Guzmán de la mayoría de los políticos de su época es su extremo pragmatismo y una obsesión por la meta más que por los plazos) como para los de Pinochet. Guzmán es una pieza clave en el complejo engranaje político de la dictadura chilena que descansa, al menos en sus primeros ocho años, sobre tres pilares: un liderazgo personalista de Pinochet con visos de caudillismo, una junta militar monolítica, fuertemente unida y sometida al comandante en jefe del ejército (la escandalosa destitución del general Leigh, en 1978, así lo demuestra) y un grupo de jóvenes profesionales, en su mayoría surgidos de la Universidad Católica, que a la sazón alimentará no sólo el trabajo ejecutivo del régimen sino además la labor proselitista de la dictadura, especialmente en los sectores más pobres de Santiago hegemonizados hasta ese entonces por la izquierda. El nexo entre dicho grupo y la junta militar es Jaime Guzmán quien recluta a jóvenes profesionales como Miguel Kast, Javier Leturia, Juan Antonio Coloma, Jaime Orpis, Andrés Chadwick, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín, por nombrar algunos, para desempeñarse en cargos ejecutivos del régimen. Todos ellos vienen del “gremialismo”, un movimiento conservador y contrarrevolucionario fundado por el propio Guzmán en la UC a fines de los años 60.
En resumen, Guzmán le proporciona a la dictadura los insumos intelectuales y profesionales del mundo civil que le permita tomar el control político del país y llenar el vacío dejado por los partidos tradicionales. Pinochet y las fuerzas armadas tenían el monopolio de la coerción y junto con los Chicago Boys disponían de un plan económico, pero no poseían el apoyo político de la población que les permitiera sobrevivir durante más de una década en la cúspide del poder. Esta movilización de los apoyos políticos corrió por cuenta del gremialismo. A cambio de ello el abogado gremialista obtiene del régimen todo lo que un líder político de fuste busca: más poder. Un poder que le permitirá a Guzmán dos cosas: primero, desplegar su ideario ya no en los intramuros de la Universidad Católica ni en un set de televisión sino a lo largo y ancho del país y, segundo, asentar las bases de un proyecto que en los planes de Guzmán debiera tomar forma hacia el final del período dictatorial: hablamos de un partido político que aglutine a la nueva derecha chilena una vez terminado el régimen militar. Es el mismo Guzmán, en un discurso redactado para Pinochet —el famoso discurso de Chacarillas que el dictador pronuncia en julio de 1977—, quien fija el itinerario político del régimen estableciendo el 31 de diciembre de 1985 como fecha tope para el regreso de la democracia. Esto explica que la Unión Demócrata Independiente, la UDI, el partido que Guzmán imaginaba ya en los albores de la dictadura como el reemplazante de esa vieja derecha nacionalista y estatista, fuera fundada dos años antes del supuesto fin del régimen, en 1983.
El distanciamiento que se verifica entre Guzmán y Pinochet a partir de 1981 —básicamente por las críticas del abogado gremialista al personalismo de Pinochet y a la decisión de la junta de agregar 39 disposiciones transitorias al texto constitucional ideado por él— no impide, sin embargo, que su futuro legado político, la llamada Nueva Institucionalidad y la UDI, vaya tomando fuerza conforme se acerca el plebiscito de 1988. De hecho, las negociaciones entabladas entre el régimen de Pinochet y la oposición con miras al plebiscito y a las elecciones de 1989 se desarrollan en el marco de la Nueva Institucionalidad bosquejada por Guzmán en el discurso de Chacarillas. Por su parte la UDI, que se ha transformado en el partido detrás del régimen hacia el final de la dictadura, apoyando incondicionalmente al general Pinochet en la campaña del Sí de 1988, acumula un poder sin parangón el cual se verá reflejado en los años sucesivos cuando ya en democracia llegue a ser el partido hegemónico de la derecha. Entre el inicio y el fin de la dictadura los principales dirigentes de la UDI reclutados por Guzmán ocupan puestos clave en el entramado político y territorial del régimen, para lo cual reciben recursos económicos y logísticos que serán determinantes para el crecimiento del partido durante la transición. La nominación en dictadura de jóvenes dirigentes del gremialismo como Carlos Bombal, Patricio Melero y Francisco Bartolucci a la cabeza de los principales municipios de la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción le asegura al partido un control territorial que le permitirá, varios años después, llevar a su candidato Joaquín Lavín a la segunda vuelta de las presidenciales de 1999 y obtener una mayoría holgada en las parlamentarias del mismo año.
En el capítulo siete de su libro El régimen de Pinochet, dedicado al rol de Guzmán en la dictadura, Carlos Hunneus señala que “en su importante escrito El camino político, de 1979, Guzmán por primera vez se manifestó a favor de la democracia, pero lo hizo desde un punto de vista minimalista o negativo, tomando la conocida afirmación de Churchill de que era el peor de los sistemas de Gobierno conocidos”. Renato Cristi agrega por su parte que Guzmán le concede a la democracia un valor apenas instrumental, considerándola una simple vía a través de la cual se protegen valores mucho más prioritarios como la autoridad y la libertad. En este sentido, Guzmán le otorga tanto a la democracia como a la dictadura la misma valoración mientras ambas cumplan la función de proteger la autoridad y la libertad. “Autoridad para Guzmán es primariamente orden, seguridad, jerarquía, rango social, obligación de clase, tradición, protección”, dice Cristi, mientras que “la idea de libertad se manifiesta en una defensa extrema de la propiedad privada, la libre empresa y el capitalismo”.
El académico recuerda que el pensamiento de Guzmán está marcado por los preceptos del austríaco Friedrich Hayek, importante teórico del neoliberalismo que visita el país en 1978 para entrevistarse con Pinochet. La distinción que Hayek hace entre democracia y liberalismo le permite a Guzmán defender principios liberales sin suscribir necesariamente principios democráticos. Cristi cita a Hayek, quien decía en 1967: “El liberalismo y la democracia, aunque compatibles, no son lo mismo. La diferencia se percibe mejor si se consideran sus opuestos: lo opuesto al liberalismo es el totalitarismo y lo opuesto a la democracia es el autoritarismo. En consecuencia, es posible, en principio, que un gobierno democrático sea totalitario y que un gobierno autoritario actúe de acuerdo a principios liberales”. El pensamiento de Guzmán se apoya en este segundo escenario para justificar la existencia de la dictadura en Chile.
Si para Guzmán la democracia tiene un valor relativo, en tanto instrumento para salvaguardar los valores de autoridad y libertad, los derechos humanos que le subyacen también. En otras palabras, el respeto a los derechos humanos —y de manera más específica el derecho a la vida y a no ser sometido a torturas— está supeditado al contexto; su validez depende del escenario en el cual los países se desenvuelven. Hunneus señala en su libro: “A pesar de reconocer la primacía de la persona humana sobre el Estado, Guzmán consideraba que en situaciones « de emergencia o excepción » se justificaba la suspensión de los derechos civiles. Los derechos humanos no eran absolutos ni ilimitados, sino que estaban subordinados a los intereses impuestos por las condiciones sociales y políticas”. La relativización de los derechos humanos por parte de Guzmán es tan explícita que en el discurso de Chacarillas redactado por él reconoce abiertamente la violación de los derechos fundamentales por parte del régimen. Cristi señala que en dicho discurso “Guzmán admite que tales violaciones han existido, pero piensa también que ellas son justificables. Ellas son excepcionales, transitorias, necesarias, y cuentan con el respaldo de la civilidad”. Para Cristi “la responsabilidad moral que asume Guzmán al afirmar esto es histórica”. Esta abierta relativización de los derechos humanos —que le acarrea a Guzmán una fuerte disputa con la Iglesia Católica que estuvo a punto de excomulgarlo en 1975— resulta extremadamente importante para entender por qué Guzmán se granjea tantos enemigos en la oposición y más específicamente en el seno de los grupos armados de la extrema izquierda.
A fin de morigerar esta postura el abogado gremialista construye una argumentación que le permite trasladar la responsabilidad del atropello a los derechos humanos al gobierno de Allende. Este constructo argumentativo tiene como eje central el tema de “la guerra civil”. La violación de los derechos fundamentales tiene lugar, según Guzmán, en un contexto de reordenamiento institucional que sucede a un periodo de anarquía política, de “guerra civil”, del cual es responsable el gobierno de la UP. Guzmán va más allá, incluso, al considerar que el quiebre democrático se produjo antes del 11 de septiembre de 1973. Técnicamente el golpe militar no pone fin a la democracia: es un hito más dentro de un proceso de descomposición que se encaminaba inexorablemente hacia el totalitarismo. “El régimen actual —señalaba Guzmán refiriéndose al gobierno de Pinochet— accedió al poder en medio de un cuadro objetivo de guerra civil, al cual el país fue arrastrado deliberadamente por el gobierno anterior (…). El primer problema que, por tanto, hay que dilucidar, es cuánta responsabilidad y cuán grave responsabilidad tiene el Gobierno de la Unidad Popular en muchos de los hechos que debieron sufrir sus propios jerarcas, como consecuencia del cuadro de guerra civil que ellos provocaron”. Esta argumentación será utilizada hasta su muerte por el propio Jaime Guzmán y por la plana mayor de la UDI para explicar su participación en el régimen militar.
Lo anterior nos lleva a concluir que en la batería argumentativa usada por Guzmán para justificar su acción política subyace una lógica consecuencialista, una deriva teleológica según la cual la bondad o maldad de un acto está determinada por las consecuencias que comporta. Para las teorías consecuencialistas, una acción se juzga buena si genera el mayor bien posible o un excedente de la cantidad de bien sobre el mal. Si nos ceñimos a los argumentos de Guzmán, la acción de violar los derechos humanos genera un excedente de bien (salir del estado anárquico de “guerra civil”) sobre el mal provocado (la supresión de vidas humanas). Este razonamiento utilitarista de Guzmán (las mejores consecuencias para el mayor número de personas), en el que el valor del derecho a la vida queda supeditado al contexto, es el mismo que siguen sus verdugos respecto de los intereses que dicen defender.
En la revista El Rodriguista nº68, de octubre y noviembre de 1996, dos dirigentes del FPMR reivindican el crimen, señalando: “La acción de [matar a] Guzmán formó parte de una de las líneas políticas asumidas al término de la dictadura en la perspectiva de la campaña No a la Impunidad”. De estas palabras —y siguiendo el derrotero utilitarista empleado por el creador de la UDI para justificar el accionar de la dictadura— se puede colegir que para los autores intelectuales y materiales del crimen de Guzmán, la acción de poner fin arbitrariamente a su vida genera un excedente de bien —el de evitar la impunidad o circunstancia de que un delito (la potencial complicidad de Guzmán en violaciones a los Derechos Humanos) no reciba castigo— por sobre el mal provocado: eliminar a un ser humano violando el principio del derecho a la vida. Para los asesinos de Guzmán la acción de asesinarlo es justa en la misma medida que para el abogado gremialista es justa la acción por parte del Estado de suspender momentáneamente los derechos de las personas.
Se trata por lo tanto de una lógica fría, pragmática, basada en la inevitabilidad de los hechos futuros: puesto que “guerra civil” e impunidad son inevitables, actúo para impedir que ambas lleguen a concretarse sacrificando el principio del derecho a la vida. En ambos opera la lógica de supeditar los costos de una decisión al contexto en que dicha decisión es tomada: el gobierno de la UP (anarquía y supresión de principios de libertad y autoridad) en un caso; transición pactada con el régimen militar (impunidad o riesgo de que los delitos cometidos por la dictadura no sean castigados), en el otro. Por cierto, las interpretaciones históricas utilizadas tanto por Guzmán como por sus asesinos para revestir de legitimidad sus propias acciones son totalmente arbitrarias y acomodadas a la estructura argumental que sostiene el actuar de ambos. Mientras que para Guzmán la democracia se terminó antes del golpe de Estado de 1973 y, por lo tanto, el golpe en sí no es más que un hito en un largo proceso de descomposición institucional que se inició antes del putsch del 73, para el FPMR la transición inaugurada en 1990 no es más que un hito dentro de un continuo temporal que es la dictadura de Pinochet. Para los asesinos de Guzmán la democracia protegida que surge el 90 es en realidad la continuación maquillada del régimen militar, lo que le otorgaría legitimidad al crimen del senador. A fin de darle más validez a sus puntos de vista tanto la argumentación de Guzmán como la de sus asesinos descansan en eventos históricos objetivos. Guzmán se apoya en el famoso Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, de agosto de 1973, para legitimar su tesis acerca de la inexistencia de democracia al momento del golpe, mientras que el FPMR se apoya en la Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito amañado por el régimen militar, para avalar la tesis de una supuesta ilegitimidad de la transición pactada y la existencia a partir de 1990 de una dictadura disfrazada de democracia.
A la luz de este breve análisis podemos concluir que, aunque no justificable, el crimen de Jaime Guzmán es un acto comprensible. Es decir, es posible entender las motivaciones éticas y morales que llevaron a Palma Salamanca y Escobar Poblete a asesinar a Guzmán en abril de 1991, descartando el simple móvil de la vendetta política o el móvil emocional que explicaría el asesinato por el encono de sus autores hacia la persona del abogado gremialista. El asesinato de Guzmán forma parte de la familia de los crímenes políticos cuya particularidad descansa en el simbolismo y el fuerte peso histórico de sus víctimas, lo que posibilita que los victimarios se abstraigan de la humanidad de los asesinados y concentren la atención en lo que éstos representan colectivamente, en su ethos. En el caso particular de Guzmán, su implicación en las tareas emprendidas desde el inicio por el régimen de Pinochet es tan profunda que su identificación con la dictadura resulta evidente, haciéndolo blanco predilecto de los opositores más enconados del régimen. Por último, el complejo tinglado argumentativo fabricado por Guzmán para explicar el golpe de Estado del 73, y junto con ello las violaciones a los derechos humanos, es deudor de las teorías consecuencialistas que facilitan una lectura arbitraria, acomodaticia y en extremo subjetiva de la realidad. Tanto es así que este mismo derrotero argumentativo seguido por Guzmán es el que utilizan sus verdugos para explicar su asesinato.
