Opinión
A inicios de la década de los 70, el PIB per cápita de Chile estaba en torno a los US$950 dólares. Si aceptamos que una condición bastante necesaria para que germine la corrupción es la existencia de recursos financieros cuantiosos, grandes negocios e inversiones, acaudalados emprendedores dispuestos a permear al estado y a las instituciones en general, para obtener (y dar) prebendas y políticos con moralidad flexible; entonces las condiciones estaban escasamente presentes.
Para entonces, e incluso, bien entrada la década de los 80, el estilo de vida y gasto de empresarios, autoridades civiles y militares, era bastante ponderado. Los beneficios asociados a cargos de alguna relevancia eran del tipo una casa fiscal, un vehículo y chofer, alguna colonia veraniega institucional (en Chile, por supuesto). Es llamativo que durante el gobierno militar se hayan presentado muy pocos casos de corrupción entre quienes ejercieron cargos de poder.
Es cierto que no había mucha trasparencia, pero por otro lado no había, objetivamente, de donde obtener mucho ilícitamente. Injusto sería también desconocer la existencia de códigos de observancia moral que, al menos en el ámbito económico, el gobierno militar respetó, salvo contadas excepciones, aun cuando la economía chilena comienza a experimentar importantes cambios positivos, ya a contar de mediados de los 80. Algún negocio menor hubo por ahí, por cierto, pero limitado por la escasa cuantía de los recursos involucrados. Escasa, en relación a lo que vendría.
Pero, a comienzos de los 90 Chile comienza a tener tasas de crecimiento que llevan al PIB per cápita a un nivel cercano a los US $5.000 hacia 1995. El país se había reinsertado plenamente en la comunidad internacional, incluidos los negocios. Una gran cantidad de proyectos y recursos que no habían estado disponibles para Chile, debido al aislamiento internacional que el país sufrió entre 1973 y 1990. Es bueno recordar acá que nuestro actual presidente, el Sr. Piñera Echeñique, siempre ha manifestado que él votó por el NO, en el plebiscito de 1988. Le concedo el beneficio de la duda, pero no por las razones altruistas y democráticas que pudieran inferirse de tal decisión. Nuestro presidente es, básicamente, un hombre de negocios. Con los militares (y unos cuantos civiles) en el poder indefinidamente, no había posibilidad de hacer negocios en grande.
Así es que, ya desde mediados de los 90, estaba instalada una condición para el surgimiento de la corrupción, ahora a gran escala. Quizás la principal.
Y así, en un ambiente de efervescencia de negocios, ayuda internacional incluida, principalmente a inicios de los 90, se comienza a gestar la corrupción a gran escala y transversal que experimenta Chile hoy. Durante los gobiernos de la concertación (el nombre puede interpretarse de modos diversos) surge una burguesía fiscal representada por un mixture de políticos pregobierno militar, otros formados al amparo del sinnúmero de fundaciones, ONG y similares, financiadas principalmente por gobiernos europeos de corte socialdemócrata (los mismos que años después conocerían la debacle económica).
El poder de esta burguesía comienza inexorablemente a aumentar en la medida que funcionan las sillas musicales y la puerta giratoria (no aquella referida al poder judicial). A su vez, la reelección sin límite en cargos de elección popular, crea otra fuente potencial (y también efectiva, como lo hemos visto en distintas leyes redactadas en los directorios de las empresas) de corrupción. Los cargos de elección popular se trasforman incluso en “heredables”. Un senador ejerce por varios períodos un cargo, por ejemplo de senador, y forma un “delfín” para sucederlo cuando ya decida que no es capaz de seguir, a veces por evidente deterioro físico. Imagine usted la cantidad de compromisos, contactos cruzados, intereses, etc que se van generando a lo largo de un período parlamentario. Multiplique por dos o tres en casos de reelección. Digo imagine, porque las posibilidades reales de profundizar en el tema son casi nulas, excepto cuando surge un escándalo. El resto, pasa colado.
Lo que viene luego se desencadena rápido y es sabido: conocimiento público del financiamiento irregular de la política (y de los políticos), fraudes de enorme cuantía en el Ejército (con recursos originados en el “aporte” de Codelco, Ley Reservada del Cobre),bfraude en la adquisición de tres fragatas en Holanda, por parte de la Armada; eventuales irregularidades en la compra de seis helicópteros Sikorsky por parte de la FACH (compra directa, por cierto, argumentando razones de seguridad nacional, lo cual da para todo), fraude en Carabineros. La cuestión es: ¿fue la corrupción iniciada en la política (y en los políticos) precursora del comportamiento que se comenzó a dar luego en otras instituciones?
