La trascendental definición que estos días está tomando la comunidad del Instituto Nacional de convertirse o no en un liceo mixto concita, por sus implicancias y alcances, la atención tanto de dicha comunidad como del conjunto de nuestra sociedad. No solo se trata de una opción por un tipo de modelo educativo, sino que también refleja el tipo de sociedad que queremos –o estamos preparados- para construir como República.
La discusión no es propia ni exclusiva del Instituto, sino que se enmarca en un horizonte de profundos cambios que está viviendo la educación en general y la educación pública en particular. Cambios que tienen como uno de sus ejes avanzar en la equidad de género, entendida como parte constitutiva de lo que la propia política pública entiende por calidad educativa y derecho a la educación para todos y todas.
Si entendemos que es consustancial a la política pública educativa, como a todas las políticas, como a todo acto político, un horizonte valórico determinado, comprenderemos que dichas políticas, por su propia naturaleza suelen no ser neutras y contienen marcos valóricos y principios que reflejan una determinada forma de concebir el mundo, la educación, las relaciones sociales que se desarrollan en las escuelas, y los derechos y los deberes de cada integrante de la comunidad escolar.
Por ello, estos cambios no solo atañen a la educación, sino que interpelan a la sociedad en su conjunto; a nuestra forma de convivir, de interrelacionarnos, de entender las diferencias como un enriquecimiento a nuestras comunidades, entre otros. Son transformaciones que, en definitiva, cuestionan nuestro sistema de creencias y de valores.
Las políticas de educación, las de equidad de género en particular, que reconocen el mismo potencial de aprendizaje a niños y niñas y que reconocen la igualdad de derechos de todas y todos, así como el respeto a la diversidad, y las leyes asociadas a estas políticas, presentan hoy un nuevo escenario que avanza en la dirección del cuestionamiento de los modelos educativos sexistas y la educación segregada hacia establecimientos educativos diversos y coeducativos.
Los datos ministeriales nos indican que la educación segregada por sexo está en progresiva disminución y hoy concentra poco más del 4% de la matricula nacional. La evidencia de múltiples estudios indica que un colegio mixto, si bien no asegura una educación no sexista, contribuye significativamente a avanzar hacia una comunidad con mayor equidad de género. Este es el paso que han estado dando en nuestro país, en los últimos años, múltiples liceos públicos y privados que se han convertido en mixtos o que han revisado sus proyectos educativos a la luz de los contextos actuales, que han reflexionado sobre la naturaleza del currículum y los impactos de su implementación, que han desarrollado protocolos contra el abuso y la violencia de género, reconociendo en los modelos pedagógicos y en las prácticas docentes uno de los principales medios de reproducción del sexismo en educación.
Un hito fundamental del proceso discusión en el que se encuentra el Instituto y en el que nos encontramos como país, como sabemos, fue la carta de Marina Ascencio, en la que solicitó poder entrar a estudiar al Instituto Nacional. En la misma senda, Arlen Aliaga, hace pocos días atrás, puso en tensión la capacidad del Municipio de Santiago y del propio Ministerio de Educación para garantizar su derecho a la educación al solicitar su traslado del Liceo Barrios Borgoño, por la transfobia sufrida, convirtiéndose en la primea alumna trans del Liceo 1 Javiera Carrera. Ambos hechos son hitos que se circunscriben en los procesos de movilización estudiantil que ha avanzado en las últimas décadas desde la reivindicación por el derecho a la educación gratuita y de calidad, hacia la educación no sexista, reivindicación que cuestiona al modelo pedagógico predominante.
Entendemos que el contenido central de la discusión y de la definición a adoptar, se vincula esencialmente con el proyecto educativo que la institución y su comunidad se proponen desarrollar, proyecto que se sustenta en un determinando marco valórico o doctrinal que es, o debe ser, secundado por un modelo pedagógico que le sea pertinente y consecuente. En este sentido, cabe resaltar que la discusión de fondo se vincula al proyecto educativo y su modelo pedagógico y no solo a si se integran mujeres a su estudiantado.
En este marco, la definición de la comunidad institutana encierra un conjunto de desafíos e interrogantes. Entre ellos, por una parte, la resignificación del marco doctrinal del Instituto contenido en su proyecto educativo en el contexto de los retos que plantea no solo la actual política pública educativa –con todas sus limitantes-, sino también la sociedad del siglo XXI y, particularmente, aquellos retos que plantean los y las jóvenes de hoy. Si dicho marco se plantea como un centro educativo con un proyecto humanista, pluralista, tolerante, no excluyente, no discriminador, con respeto por los derechos de las personas y la diversidad ¿cómo se transforma el IN en un espacio educativo que garantice el verdadero derecho a la educación sin exclusión alguna y logre, de esta manera, ser coherente con los valores que su propio marco doctrinal plantea?
Asimismo, si el proyecto educativo define al IN como un Liceo “al servicio de los grandes objetivos de Chile” y “el desarrollo sustentable de la nación con equidad y respeto de las personas” ¿la segregación de sus estudiantes según su sexo permite avanzar en el cometido de justicia, equidad e igualdad que el propio IN se plantea y que hoy representa uno de los grandes objetivos del país?
En segundo término y desde una perspectiva de mayor alcance aun, ¿el IN debe seguir (o seguirá) manteniendo el rol que históricamente ha jugado como vanguardia de los cambios en los procesos educativos que construyeron esta nación? ¿Es “nacional” un establecimiento que integra solo a la mitad de la nación en sus aulas?
