Opinión
La necesidad de legislar sobre el tema no sólo se relaciona con la adecuada respuesta de Chile a sus compromisos ambientales internacionales, sino que, de forma imperiosa, a la oportunidad de desarrollar el marco jurídico que permita tener políticas públicas ambiciosas, con objetivos claros y metas concretas.
Imagine vivir en el desierto más árido del mundo y despertar una noche y sentir que toda la lluvia de un año cae en unas pocas horas. Y luego escuchar crujir los cerros, rodar las piedras, gritos desesperados de amigos y vecinos intentando proteger sus casas y sus propias vidas.
No es algo habitual, pero en cualquier momento podría volver a ocurrir.
Según cifras de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) el aluvión de marzo de 2015, ocurrido en el Norte Chico, dejó 31 muertos, 16 desaparecidos y 16.588 damnificados.
Cuatro años después, las consecuencias de los aluviones aún son visibles en Atacama, como si fueran la cicatriz de las heridas que, en nuestro país, pueden producir los efectos tangibles del Cambio Climático.
Al recorrer Copiapó, Tierra Amarilla y Los Loros, se pueden ver casas cubiertas de barro y escombros. Ni hablar de Chañaral, cuya disposición geográfica cambió totalmente y sus habitantes conviven en una ciudad dividida por una gran masa de barro, relave y piedra que es imposible remover.
[cita tipo=»destaque»] Cuatro años después, las consecuencias de los aluviones aún son visibles en Atacama, como si fueran la cicatriz de las heridas que, en nuestro país, pueden producir los efectos tangibles del Cambio Climático. Por es necesario contar con una legislación adecuada, que pueda evitar heridas y cicatrices como las que aún quedan en el Norte Chico[/cita]
Esas imágenes se podrían repetir cada verano con mayor frecuencia. Los modelos y reportes climatológicos desarrollados por expertos nacionales y extranjeros indican un aumento de las olas de calor y períodos de sequías en el sur de nuestro país y un incremento de fenómenos como los aluviones en el norte.
Un aluvión toma fuerza en virtud de la pendiente de donde proviene y, coinciden expertos, es uno de los desastres naturales más evitables en afectación humana, por cuanto basta con una buena planificación urbana, educación climática y otras medidas preventivas para evitar muertes y pérdidas materiales. Lamentablemente nada de eso existe ni está contemplado, en un corto plazo, pese a la tragedia de hace cuatro años.
Nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del Cambio Climático. Así lo reconoce la INDC entregada en el contexto del Acuerdo de París y el propio Plan Nacional de Cambio Climático 2017-2022.
Pero existen grupos aún más frágiles como las comunidades indígenas del norte y sur; ciudades y pueblos afectados por la sequía y desertificación; áreas de sacrificio ambiental con graves conflictos socioambientales y un sistema de evaluación ambiental que posee significativas deficiencias.
Una lectura a ambos documentos nos permite encontrar amplias y buenas intencionalidades políticas, sin embargo, carecen de la ambición y la urgencia que las circunstancias ameritan.
Este año, en el contexto de la COP25 que se realizará en nuestro país, es el momento adecuado para poder lograr, finalmente, una Ley de Cambio Climático.
La necesidad de legislar sobre el tema no sólo se relaciona con la adecuada respuesta de Chile a sus compromisos ambientales internacionales, sino que, de forma imperiosa, a la oportunidad de desarrollar el marco jurídico que permita tener políticas públicas ambiciosas, con objetivos claros y metas concretas. Una Ley de Cambio Climático que cree una institucionalidad adecuada, que modifique legislaciones sectoriales (como los planes reguladores comunales, por ejemplo), y que sea acorde a la normativa sobre derechos humanos.
Una ley que considere a todos los actores -especialmente los más vulnerables y las generaciones futuras-, y que ponga énfasis en una alta adaptabilidad a los efectos del cambio climático, es el mejor seguro ante los nuevos fenómenos que se avecinan.
El llamado de la comunidad civil, científica y académica es claro: una legislación adecuada puede evitar heridas y cicatrices como las que aún quedan en Atacama.
