Opinión
El tratado de extradición entre EE.UU. y el Reino Unido, firmado en 2003, fue muy criticado en este último porque, como dijo el entonces fiscal general Dominic Grieve en una audiencia parlamentaria de 2012, «el público no confía en el sistema judicial penal de Estados Unidos». Activistas y políticos han exigido enmiendas, mayores niveles de evidencia y más protección para las personas entregadas a EE.UU. Sin embargo, el tratado ha resistido las críticas, y los intentos de los sospechosos de argumentar, por ejemplo, que el sistema penitenciario estadounidense es tan cruel que viola las protecciones europeas a los DDHH, han sido rechazados tanto por los tribunales británicos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La incómoda estadía de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres durante seis años ha llegado a su fin. El enfrentamiento duró bastante. Ahora, el fundador de WikiLeaks debería ser exonerado o condenado, pero no en Estados Unidos.
Momentos después de que Ecuador le retirara el asilo a Assange el jueves, fue arrestado por la policía del Reino Unido por cargos de violar su libertad bajo fianza. En 2010, una Corte había determinado que debía ser extraditado a Suecia para enfrentar cargos de violación y agresión sexual. Assange, sin embargo, aseguró temer que las acusaciones no fueran más que un pretexto para su eventual extradición a EE.UU., donde podría ser juzgado por publicar secretos de Estado.
El temor de ser entregado a EE.UU. lo llevó a buscar asilo en la Embajada del Ecuador. Las investigaciones suecas fueron desechadas pero el temor permaneció, lo que motivó a Assange a quedarse en la embajada aun cuando ya no era bienvenido y los ecuatorianos estaban limitando su capacidad de comunicarse con el exterior.
Ahora, el proceso de extradición es inminente. El año pasado, los fiscales de EE.UU. revelaron accidentalmente una acusación que había sido emitida en su contra y estaba sellada. Es un procedimiento habitual cuando un sospechoso no ha sido arrestado y las autoridades estadounidenses no quieren ponerlo sobre aviso. No obstante, en el caso de Assange, mantener la acusación en secreto ya no sirve a ese propósito: él sabe que algo está andando, más aún cuando Chelsea Manning, una de las principales informantes de WikiLeaks, está en prisión desde el mes pasado por rehusarse a testificar en una investigación contra Assange.
Cualquiera que sea la razón de las autoridades estadounidenses para mantener la acusación sellada, se verán obligadas a divulgar los cargos en su contra cuando soliciten la extradición al Reino Unido, al menos al juez británico. De acuerdo con el tratado de extradición entre ambos países, deberán demostrar que tienen sospechas razonables contra Assange.
Luego, el juez tendrá un amplio margen de decisión para proceder. Assange podría salir libre, por ejemplo, si el juez decide que el caso estadounidense en su contra tiene motivaciones políticas. Ese podría ser un argumento válido.
Por una parte, el Partido Demócrata, que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, tiene razones para estar resentido con Assange, tras la publicación de documentos de la campaña presidencial de 2016 aparentemente robados por inteligencia rusa.
Por otra, la administración Trump podría estar interesada en perseguirlo para demostrar que Donald Trump no tuvo nada que ver con con la infiltración y no está agradecido. Sin duda, un juicio a Assange en EE.UU. estaría políticamente cargado. No obstante, una negación de extradición por razones políticas sería la primera en las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido.
El tratado de extradición entre EE.UU. y el Reino Unido, firmado en 2003, fue muy criticado en este último porque, como dijo el entonces fiscal general Dominic Grieve en una audiencia parlamentaria de 2012, «el público no confía en el sistema judicial penal de Estados Unidos».
Activistas y políticos han exigido enmiendas, mayores niveles de evidencia y más protección para las personas entregadas a EE.UU. Sin embargo, el tratado ha resistido las críticas, y los intentos de los sospechosos de argumentar, por ejemplo, que el sistema penitenciario estadounidense es tan cruel que viola las protecciones europeas a los DDHH, han sido rechazados tanto por los tribunales británicos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ahora bien, el Reino Unido ocasionalmente niega los pedidos de extradición estadounidenses. De acuerdo con evidencia del gobierno presentada al Parlamento británico, de 106 solicitudes entre 2007 y 2014, 14 fueron rechazadas, dos de ellas por razones de Derechos Humanos.
El caso de Assange exige otro rechazo. Si, como es probable, EE.UU. requiere al fundador de WikiLeaks por publicar secretos del gobierno robados, la abogada jefe de Human Rights Watch, Dinah PoKempner, espera que sea juzgado bajo la Ley de Espionaje estadounidense de 1917, que no incluye excepciones para quienes revelan información clasificada en el interés del público.
No es fácil defender a Assange. Sus acciones durante las elecciones de 2016 sugieren una motivación diferente al interés del público, a saber, un deseo vengativo de lastimar a Hillary Clinton. Sin embargo, la mayoría de las filtraciones publicadas por WikiLeaks cumplen razonablemente con la definición de periodismo en interés del público, del tipo que resultó en la publicación de los Documentos del Pentágono o el informe del Washington Post sobre el Watergate. El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos estipula el derecho a un juicio justo, y es posible argumentar que privar a Assange de una defensa por el interés del público haría que su juicio en EE.UU. sea injusto.
Un caso de alto perfil como el de Assange podría ser la ocasión para que los estadounidenses discutan el conflicto entre la seguridad nacional y el interés público; claramente, el fallo de la Corte Suprema sobre los Documentos del Pentágono en 1971 no puso punto final al asunto. No obstante, arrastrar a Assange a EE.UU. para tener esa discusión podría no ser muy justo con él, así que la tarea de determinar si debe ser tratado como espía o como periodista investigativo debería quedar en manos de las cortes europeas.
Aunque la mayoría de las filtraciones publicadas por Assange provenían de Estados Unidos, algunos países europeos, como Francia y Suiza, también fueron blancos.
Incluso el Reino Unido podría argumentar que algunas de las filtraciones expusieron sus secretos. Europa, donde las publicaciones de Assange no son tan políticamente delicadas como en EE.UU., probablemente sería una jurisdicción más justa para su caso. Una solicitud de extradición de otro país europeo o un caso en el Reino Unido podrían ayudar a mantenerlo fuera del alcance estadounidense, a la vez que una Corte independiente considera la evidencia a su favor y en su contra.
Si una Corte europea decide que, en general, WikiLeaks ha actuado en el interés del público y no como «servicio de inteligencia no estatal hostil», como lo llamó Mike Pompeo cuando era director de la CIA, sería una oportunidad para que otro fugitivo de EE.UU., Edward Snowden, abandone Rusia y encuentre refugio en la Unión Europea. Estados Unidos debe legislar mejor las protecciones a los informantes antes de pedir que personas como Assange o Snowden comparezcan ante sus cortes.
