Celestino Aós, el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Santiago, no ha tardado en manifestar su rechazo al proyecto de ley que obligaría a los sacerdotes a denunciar los abusos sexuales, incluyendo aquellos que les hayan sido revelados bajo secreto de confesión. Para intentar fundar su postura, ha señalado que con la medida se busca “vulnerar la conciencia de una persona”, lo cual sería “el peor de los abusos que pueda cometerse”.
También ha insistido en que el secreto de confesión permite que los fieles se pongan “en relación directa con Dios”, lo cual sería un derecho “inviolable” y “sagrado” que no puede “transarse con ninguna autoridad humana”. Sus palabras, en un nivel superficial, exudan buenas intenciones y preocupación por la integridad de las personas.
Pero las buenas intenciones manifestadas por el señor Aós se revelan profundamente vacías cuando consideramos que ha sido la propia Iglesia Católica la que, en todo el mundo (incluso en Chile), ha dado lecciones acerca de cómo encubrir, de manera sistemática y en cantidades industriales, los más atroces delitos perpetrados incluso contra los seres más indefensos.
Si nos dejásemos llevar por la desconfianza, se podría llegar a pensar que lo que de verdad le importa a Aós y a muchos de sus pares es seguir evitando tanto la justicia como las responsabilidades penales que se derivan de sus actos y omisiones, para poder continuar actuando de manera impune. Por ahora, lo que sí dejan bastante claro es que para ellos tener que denunciar abusos ante la justicia es un abuso peor que el que muchos niños han debido sufrir a manos de sacerdotes y feligreses, que no están dispuestos a transar algunos de sus privilegios ni siquiera con la justicia secular y que, pese a las apariencias, sus relojes históricos siguen estando atrasados un par de siglos.
Felipe Cárcamo Guzmán
