EDITORIAL
En la comisión respectiva, los senadores nada dijeron ni inquirieron cuando la jueza Repetto, actual candidata a la Corte Suprema, declaró firmemente no ser feminista y que está en contra del aborto, sin ser clara sobre su opinión respecto de la ley de aborto en tres causales, ya en vigencia. La aspirante tampoco dio explicación, práctica ni doctrinaria, sobre la postura de la Corte de Apelaciones que ella integra (Valparaíso), la cual no les otorgó la más mínima protección a las víctimas de la contaminación en la zona Quintero-Puchuncaví.
Entre los problemas que enfrenta el país está el deterioro creciente de la calificación profesional de los más altos funcionarios del Estado, particularmente de aquellos que –por las funciones a desempeñar y el tipo de organización que integran– requieren de altos estándares técnicos y políticos.
El tema tiene dos aristas que no han sido enfrentadas de manera sistemática por los órganos responsables del Estado y el Gobierno.
Uno es de carácter sistémico y está referido fundamentalmente a que el Estado moderno es una maquinaria institucional y jurídica compleja, que requiere altos grados de interacción y sincronización en sus diversos niveles –a velocidades aumentadas por razones de entorno digital y creciente complejidad de los temas–. Esto, en general, ha sido enfrentado con un elemental método de job training y agregaciones organizativas improvisadas, donde primero se piensa en instalar un jefe y luego las funciones, como fue el caso de la jefatura, en el Ministerio del Interior, de la seguridad informática del país.
El segundo problema es el de los mecanismos de selección del alto funcionariado –aquel que no es de confianza política del Gobierno de turno–, que se ha quedado pegado en los modos y usos de mediados del siglo XX: clientelismo político, nepotismo y formalismo vacío, lo cual es completamente inepto para atender a un sistema público de servicios complejos y modernos.
Uno de los ámbitos más delicados de selección es el Poder Judicial y, dentro de este, especialmente los procedimientos para decidir acerca de los más altos magistrados de la República.
El pasado día martes 3 de julio compareció, sin pena ni gloria, ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso María Angélica Repetto, con el objeto de exponer sus argumentos y antecedentes de su candidatura al cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia.
La ocasión revestía un interés especial, pues la candidata anterior, Dobra Lusic, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, había fracasado en su intento de arribar al máximo tribunal del país, a raíz de ácidos cuestionamientos a actuaciones previas, que no habían sido oportunamente transparentadas. Por este motivo, entre el Gobierno y el Senado –en medio de un fuerte impasse institucional– dieron a entender que, en adelante, se utilizaría un procedimiento nuevo y más transparente, y de cara a la ciudadanía, con distribución de antecedentes previos sobre la biografía y carrera funcionaria de la nueva aspirante a ministra de la Corte Suprema.
Lamentablemente, el acto senatorial para recibir a dicha aspirante fue, política y administrativamente, más de lo mismo, sin alejarse de lo hasta ahora conocido en este tipo de selecciones y sin que se aprovechara la oportunidad para auscultar el talante judicial de la candidata. Lo único novedoso fue un grupo de invitados, que nada aportó realmente. Los parlamentarios se notaron vacilantes, inseguros y livianos en los temas, quedando demasiados asuntos relevantes sobre la mesa, sin que nadie los tocara.
La jueza Repetto hizo dos afirmaciones muy trascendentes en materia de Derechos Humanos, afirmando la improcedencia de la amnistía en estos delitos y su imprescriptibilidad. Ello, luego de hacer una aclaración de que siempre se había inhabilitado de conocer esos casos, dado su parentesco con el ministro del Interior de la dictadura, Ricardo García. Con todo, a nadie se le ocurrió preguntar su opinión sobre la polémica media prescripción que hace años viene aplicando la Corte Suprema, o sobre beneficios carcelarios a violadores de Derechos Humanos, por ejemplo.
En materia de familia, la candidata hizo otro par de afirmaciones relevantes, que pudieron haber concitado el interés de la pasiva comisión del Senado, lo que no ocurrió. Tampoco aconteció cuando opinó en materia procesal, llegando a insinuar la necesidad de un mecanismo o procedimiento jurisprudencial, sin conmover a los inmutables senadores.
Estos tampoco reaccionaron cuando declaró firmemente no ser feminista y que está en contra del aborto, sin ser clara sobre su opinión respecto de la ley de aborto en tres causales ya en vigencia.
El senador socialista Alfonso Urresti le preguntó tímidamente sobre el sistema de controles y visitas al escalafón secundario del Poder Judicial (que incluye a los notarios), pero fue incapaz de preguntarle directamente sobre si tiene alguna relación con el notario Luis Fischer Yávar –quien es uno de los más poderosos e influyentes gestores de intereses de la Región de Valparaíso–, ya que existen antecedentes para pensar que Fischer está detrás de la candidatura de la jueza Repetto a la Corte Suprema.
La guinda de la torta fue la situación judicial de la zona Quintero-Puchuncaví. Recordemos que en enero de este año el máximo tribunal del país le enmendó la plana a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al acoger derechamente los recursos de protección presentados por las víctimas de la contaminación, obligando al Estado a tomar acciones drásticas contra las empresas contaminantes, recursos que el tribunal de alzada porteño –del que es parte la candidata Repetto– había rechazado en primera instancia.
Consultada confusamente sobre este tema por la senadora socialista de la región, Isabel Allende, la candidata a la Corte Suprema pudo no contestar y nadie la conminó a hacerlo. Así, la aspirante no dio ninguna explicación teórica o doctrinaria sobre la postura de la Corte que ella integra, la cual no les otorgó la más mínima protección a las víctimas de la contaminación en la zona Quintero-Puchuncaví.
