Señor Director:
Las recientes declaraciones del provincial de la Compañía de Jesús en Chile, Cristian del Campo, al presentar la investigación de los abusos cometidos por Renato Poblete, sorprenden por varios motivos.
En primer lugar, impresiona la impunidad de que gozó el sacerdote durante 48 años para abusar sexualmente y de manera sistemática de al menos 22 mujeres, cuatro de ellas menores de edad. En segundo lugar, impresiona la aparente minuciosidad de la investigación de los hechos, en la que entrevistaron 102 personas y se ha determinado la veracidad de los testimonios de las víctimas.
Finalmente impresiona la franqueza de las palabras de Del Campo a la hora de asumir, en nombre de la Compañía, la responsabilidad de lo sucedido, pedir perdón a las víctimas, poner los hechos a disposición de la justicia y, finalmente, anunciar medidas reparatorias.
Sin embargo, queda la pregunta sobre cómo pudo suceder algo tan atroz y de qué forma evitarlo. Una primera respuesta sería: evitando las condiciones de posibilidad del encubrimiento. Ahora bien ¿qué entendemos por “encubrir”?
El informe acredita que no existió encubrimiento por parte de terceros, al menos según el ordenamiento jurídico chileno. Ahora bien, sí se acredita que un número significativo de jesuitas y laicos “tuvieron alguna información de comportamientos inadecuados de connotación sexual” por parte de Poblete.
Ciertamente, eso no significa que lo encubrieron, pero sí que decidieron permanecer en una confortable ignorancia ¿Por qué no hicieron nada? La presentación del informe resulta aquí un tanto confusa: por un lado, se afirma que ningún jesuita tomó conocimiento de abuso de menores, violaciones, ni abortos; y que ninguna víctima relató haber informado a algún jesuita. Sin embargo, acto seguido se afirma que “algunos jesuitas habrían recibido algún tipo de información”, consistente en rumores o comentarios de terceros.
A renglón seguido los rumores se convierten en algo más: al menos en dos casos un jesuita recibió “información directa de parte de una víctima”. Uno de ellos, el padre Ochagavía, habría informado al Superior Provincial de la época, quien “minimizó los hechos” y no actuó al respecto.
Creo que, de algún modo, esta confusión expositiva refleja una confusión ética por en los testimonios, algunos de los cuales, imagino, excusarán su responsabilidad en un conveniente desconocimiento de los hechos. De ese modo se evita enfrentar a una persona admirada, carismática y con poder como Poblete. La situación recuerda a esos vecinos de una fábrica alemana que, durante la segunda guerra mundial, empleaba judíos como mano de obra gratuita. Ninguno supo del hecho, solo oyeron rumores.
Por otra parte, la falla en la transmisión de la denuncia a través de los canales institucionales refleja otro aspecto del problema: una estructura piramidal y fuertemente jerarquizada reúne mejores condiciones para el ocultamiento, pues la publicidad queda a disposición de una sola persona, con el poder de acallar a quienes se encuentran por debajo. Así, por si no fuera difícil actuar, quienes lo hacen se encuentran con un muro de silencio. Un poder carismático y una estructura organizacional rígida son condiciones que permiten que hechos de este tipo pasen.
Sin duda, es una buena noticia que la Compañía haya tomado medidas de prevención y reparación, pero uno no puede dejar de preguntarse por su eficacia si no van acompañadas de cambios estructurales y organizacionales mucho más profundos. Por ahora, Del Campo ha anunciado que van a repensar sus estructuras de gobierno. Ojalá del pensamiento se pase a la acción.
Mario Prades. Académico Licenciatura en Historia. Universidad Andrés Bello
