Opinión
El cambio climático se ha transformado en un problema público. La evidencia es abrumadora, no obstante, se han escuchado un sinfín de críticas a quienes han tomado la bandera de lucha, por ejemplo, Greta Thunberg. Se ha opinado más sobre la forma más que en el fondo, evitando observar datos concretos, e incluso, se ha tratado de sobre ideologización los diagnósticos sobre el problema; entre otras opiniones. Como sociedad civil esperamos que gobernantes tomen decisiones y acciones para mitigar efectos del calentamiento global – y como dichas medidas no llegan – salimos a las calles a manifestar nuestro descontento ante la realidad ambiental. Para solucionar este problema público, es urgente que el foco se centre en las causas del problema y los efectos que está produciendo la crisis climática sobre la humanidad y sobre el ecosistema.
Chile es un país dependiente de recursos naturales, tiene su agua privatizada y es vulnerable a fenómenos como la sequía, derretimiento de glaciares, aumento de calor, problemas en la agricultura, tiene zonas de sacrificio y conflictos socioambientales. Por lo tanto, las leyes, las instituciones y las acciones gubernamentales actuales no son suficientes. Por esta razón, es preocupante observar los dos discursos del presidente Piñera. Por una parte, entrega un discurso conmovedor sobre la realidad ambiental en las Naciones Unidas, y, por otra parte, no firma el acuerdo regional de Escazú de América Latina y el Caribe.
[cita tipo=»destaque»]Presidente Piñera, no se puede ir contra la corriente. Sobre todo, si pretende ser recordado como un líder mundial. Los organismos internacionales, científicos, la academia y activistas se han pronunciado sobre la importancia de firmar el acuerdo de Escazú por el bien común de las personas y nuestro medioambiente que sufre ante los fenómenos climáticos.[/cita]
Este acuerdo compromete acceso a la información, participación pública y acceso a los asuntos ambientales. Su objetivo es garantizar a las personas el derecho a informarse, una participación efectiva para cuando se tengan que tomar decisiones, lo cual se vincula directamente con los controles democráticos que autoridades, a través de instituciones del Estado, puedan garantizar a los actores no estatales. Esto significa que este acuerdo permite fortalecer la democracia ambiental en el país para que las acciones conduzcan a transformaciones más profundas que sólo decidir a través de normativas, lo cual sin duda es una arista importante, pero las acciones no se agotan en ese espacio, sino que el gobierno debe revisar el modelo de desarrollo, revisar el código de aguas, proponer un cambio institucional para fortalecer la gobernanza entre actores estatales y no estatales, diseñar políticas públicas que incorporen instrumentos efectivos de transparencia, participación y rendición de cuentas sobre proyectos de inversión, mejorar la calidad de la publicidad de evaluaciones de impacto ambiental, entre otras acciones que puede tomar el poder ejecutivo por su investidura y cantidad de recursos.
Presidente Piñera, no se puede ir contra la corriente. Sobre todo, si pretende ser recordado como un líder mundial. Los organismos internacionales, científicos, la academia y activistas se han pronunciado sobre la importancia de firmar el acuerdo de Escazú por el bien común de las personas y nuestro medioambiente que sufre ante los fenómenos climáticos. Este problema es del Estado, por lo tanto, de los gobernantes, quienes debe garantizar soluciones concretas. Por eso, le pedimos que en la COP 25 exista menos retórica y más decisiones sustantivas que mitiguen efectos de la crisis climática y se evite que se desencadene una gran crisis humanitaria.
