Señor Director:
Es siempre inquietante cuando las instituciones fundamentales de una Nación están a ras de suelo. Y lo que vemos en Chile es un derrumbe de proporciones. En este sentido, la crisis de 1973 fue muy diferente: se trató más bien de una crisis entre instituciones y con una población dividida en dos grandes bloques. Hoy tenemos una fractura horizontal y transversal: básicamente al conjunto de la población impugnando al conjunto de las instituciones y, por tanto, a la elite gobernante. Pero esta impugnación no es a una gestión. Todo indica, incluyendo la última encuesta del CEP, que las demandas, en su infinitud, apuntan a un cambio de modelo. El Ejecutivo podría poner el PIB sobre la mesa y aun no sería suficiente. En el fondo, la gente espera que las medidas destinadas a aliviar su cotidiano bajo presión desde hace lustros, también y sobre todo, se inscriban dentro del diseño de una hoja de ruta creíble que apunte a un cambio en la manera de concebir el funcionamiento mismo de nuestra sociedad. Tanto es así, que las críticas que se escuchan no apuntan a la gestión corriente del modelo. Y con razón, porque el modelo político-económico ha sido muy bien gestionado entre 1990 y 2019, teniendo presente que su orientación no apunta principalmente ni a una profundización de la democracia ni al bienestar de las mayorías. Otra cosa es la gestión del estallido mismo, sobre lo que no vale la pena detenerse, tanto se ha dicho ya y tan evidentes han sido los desvaríos de comedia tragicómica.
Partíamos diciendo que es siempre inquietante el desplome de las instituciones, pues los caminos que se abren en estos casos son siempre inciertos. Pero pienso que hay motivos para sostener un robusto optimismo. Un indicador en particular lo alienta: la confianza en la democracia como modelo de gestión de gobierno y de resolución de conflictos no solo se mantiene, sino que progresa significativamente. La energía desencadenada el 18 de Octubre no impugna la democracia, bien al contrario. Las crisis son momentos excepcionales donde, en general, algo así como una inteligencia colectiva emerge y se expresa. Hechos en principio aislados son conectados, una visión de conjunto de la realidad nacional aparece claramente a los protagonistas, protagonistas que en tiempos “normales” se sienten espectadores. Y lo que ven, entre otras cosas, es una democracia desmedrada, deficitaria, con desequilibrios normativos mayores, con reglas escritas en otro tiempo, bajo condiciones indignas, reglas imposibles de modificar según esas mismas reglas. Y es por eso que la gente, autoconvocada, pide otro estándar democrático, pide pasar de una democracia de baja intensidad a una que justamente permita sentir que estamos en la misma casa, con derechos y deberes iguales para todos, con reglas convenidas, con las mismas oportunidades para todos. Esa visión de conjunto es la que se cuestiona en el diagnóstico colectivo, porque, finalmente, de lo que se trata es de la vida de la gente. Por eso la palabra dignidad fue el sello del estallido. Ella es la clave de intelección de las causas de la crisis. Pero, ¿cómo superarla?
La historia de las constituciones muchas veces se hunde en el tiempo y sus contextos de nacimiento se olvidan. Pero en este caso era difícil el olvido. Porque esta constitución lleva en su vientre un modelo institucional y económico particular que ha sometido al 80% de la población a un nivel de presión y precariedad que se volvió insostenible. No es sólo el pecado de origen, sino sobre todo la perpetuación de un modelo. Es por eso que la clase política en su conjunto es impugnada. Y la izquierda institucional lo es por razones suplementarias: no confesó el estrecho margen de maniobra que podría tener una política alternativa, es decir, no hizo pedagogía, se convirtió en co-gestora del modelo que muere, y, verdadero pecado, no tiene uno que ofrecer hoy. Y no hablamos de proponer un socialismo que no tendría sustento posible, hablamos simplemente de una gestión diferente del Estado, fomentando un tipo de emprendimiento diversificado y creativo, limitando la concentración, castigando la colusión, con actores privados y públicos con espacios de acción y bien regulados. Algo. Un modelo a seguir, pero ya adaptado en sus detalles a la realidad nacional. Pero nada. Ni siquiera una impugnación a la idea de Estado subsidiario. Esto recién aparece después del estallido. Todo esto se hace muy evidente cuando ya a dos meses del 18 de Octubre, un connotado parlamentario del PPD avisa vía Twitter, con mucho orgullo, que están creando una comisión de expertos para levantar una política alternativa de pensiones, uno de los temas más sensibles para la gente. Eso es una confesión ¡de que no la tenían! Personalmente, me sentí muy ingenuo. Pensé que tenían algo, que algún modelo guiaba sus acciones antes de todo esto. Eso explica también que cuando el gobierno cede con lo que es percibido como algunas migajas, las respuestas de un Lagos Weber o de un de Gregorio apuntan a que se entreguen algunas migajas más. Si el ministro Briones ofrece 2 migajas, ellos exigen 3 migajas. Pero todos todavía lejos de algo que se parezca a lo que sucede ¡en los países de la OCDE!, no en la Polonia soviética. Estas controversias intrascendentes e inaudibles para las mayorías son las que mantienen la crisis en el mismo punto.
Lo que está expresado en las tres principales demandas (salud, pensiones, educación) es el tema de la precariedad, el sentimiento de que aun cuando alguien del común logre sortear los infinitos obstáculos que se levantan frente él, la verdad es que aun no ha ganado nada, porque todo puede esfumarse con un pequeño giro del destino. Una sociedad puede tolerar un cierto porcentaje de miembros en desgracia, pero no un 80%, un cierto nivel de incertidumbre, pero no el todo o nada. Lo único que se haría audible hoy es una alternativa que asegure un “mínimo civilizatorio”: fin del Estado subsidiario, educación pública como eje del sistema educativo, salud pública financiada por todos, sistema de pensiones mixto con base de reparto financiado por todos, gestionado públicamente, y opción de ahorro previsional voluntario, estructura tributaria correctiva de la desigualdad.
Más allá de la urgencia de un frente común para enfrentar el plebiscito y las elecciones de constituyentes, las fuerzas progresistas deben converger muy rápidamente en una propuesta de modelo de desarrollo que tome en cuenta las exigencias de la ciudadanía, dejando de lado confusiones ideológicas y humanas mezquindades. Es lo único que las hará creíbles. Nunca debemos olvidar que, por definición, el viento nunca sopla a favor de quien no sabe a dónde va.
Carlos González Guzmán
