sábado, 22 de febrero de 2020 Actualizado a las 10:38

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No más PSU: el martillo golpeando al lado del clavo

No más PSU: el martillo golpeando al lado del clavo
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“¡No más PSU!”

Es lo que pide un importante grupo de estudiantes secundarios, académicos y académicas, políticos, rectores, y así suma y sigue. Los primeros se han tomado tan en serio esta exigencia que incluso intentaron impedir su rendición y anuncian nuevos boicots.

La PSU se ha convertido en la fuente de todos los males.

¿Pero, qué tan correcta es dicha demanda?

Las dudas surgidas desde el mismo inicio de esta prueba, ratificadas por su posterior desarrollo, eran muy serias. La promesa fue que, al basarse en el currículum escolar, existirían menos brechas entre egresados de colegios públicos y privados. A diferencia de lo que sucedía con pruebas de razonamiento de baja referencia al currículum, como la PAA. La promesa, sin embargo, se desvaneció a más tardar cuando se analizaron los primeros resultados: las brechas eran mayores, pese a los malabarismos estadísticos de los técnicos a cargo.

Pero eso no era todo. Bajo tal promesa subyacía la motivación de terminar con la PAA. Este objetivo era empujado desde el MINEDUC por requerimiento del Banco Mundial, a fin de evaluar el desempeño de la educación media mediante una especie de SIMCE. Quien haya leído un libro introductorio de evaluación educacional sabe que no es posible elaborar de un instrumento que tenga el doble propósito de ordenar a los sujetos con fines de selección universitaria y a la vez evaluar lo aprendido.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el diseño de la PSU se basó en el currículum científico-humanista. Sus constructores simplemente olvidaron que el 40% de los egresados provenían de la enseñanza media técnico-profesional y, por tanto, tenían (y tienen) un currículum distinto. Recién el 2016 se hicieron formatos diferenciados para la prueba de Ciencias. En otras palabras, al menos entre 2003 y 2016 se cometió a plena luz del día una flagrante injusticia con miles de estudiantes secundarios de liceos técnicos.

Los cuestionamientos a este respecto no se detienen ahí. La prueba de Ciencias es distinta según el plan curricular de enseñanza media (humanista, científico, técnico profesional), pero mágicamente entrega un único puntaje. Dos informes internacionales de los años 2005 y 2013 han reparado en la falta de sustento técnico de este procedimiento.

Pero eso tampoco es todo. El anecdotario que condujo a este descalabro es abundante: en la primera aplicación de la PSU los expertos decidieron, en la hora nona, cambiar las fórmulas de cálculo de puntaje. Esto provocó su baja en las pruebas de Ciencias y Matemáticas, dejando a miles de jóvenes fuera de las carreras de su preferencia “por haber postulado mal”. Estos, al guiarse por las tendencias históricas de los puntajes de corte, no postularon porque suponían que no quedarían seleccionados.

Los reparos técnicos a la PSU han sido tan graves, como grande la desidia de la institucionalidad a cargo para responder oportunamente. Vale la pena precisar, de paso, que ésta es liderada por un directorio de 9 rectores del CRUCh, que a su vez nomina a un/a director/a del Sistema Único de Admisión. El DEMRE, tan vapuleado por la prensa, funciona sólo como un organismo ejecutor del proceso, sin atribuciones políticas. El SUA, en cambio, es quien debe “velar por el desarrollo y gestión del sistema de selección y admisión a las universidades” -según consigna su sitio web- y, frente al temporal, ha guardado un cauteloso silencio.

A la luz de lo hasta aquí señalado, no es extraño entonces que se haya ido incubando una bomba de tiempo que estalló al santo y seña de “cabros…, esto no prendió”.

Pese a todo, los estudiantes secundarios y otros actores se equivocan en un punto crucial. La PSU no hace, por sí misma, la distribución de las oportunidades en la educación universitaria. Esta distribución la hace el aparato de toma de decisiones que articula el Sistema Único de Admisión (SUA) y que considera también el rendimiento en la enseñanza media, tanto absoluto (promedio de notas de los cuatro años), como relativo (ranking del estudiante en su colegio).

Lo importante, entonces, no es sólo la PSU, sino lo que se hace con sus resultados.

Si – como parece indiscutible – no existe voluntad o capacidad política para equilibrar la calidad del sistema educativo primario y secundario, el SUA (y el sistema que lo reemplace este año) debe hacerse cargo del contexto de desigualdad en que opera. Es decir, debe enfrentar este problema no desde la tecnología evaluativa, sino desde una perspectiva normativa de justicia educacional. Ello exige dejar de naturalizar la desigualdad que muestra “el termómetro” y preguntarse si estamos haciendo una distribución justa de las oportunidades educacionales universitarias, atendido el contexto.

Plantearse esta pregunta evidenciará que existe espacio para enriquecer la toma de decisiones mediante la acción afirmativa de quienes, por razones ajenas a su voluntad (como la demolición de la educación pública en que nos hemos empeñado) han tenido una experiencia educativa de baja calidad.

La institucionalidad respectiva y las universidades, en especial aquellas selectivas a las que accede la elite, deben dejar de encogerse de hombros frente al “termómetro” y hacer un serio aporte a la justicia educacional en el acceso a los estudios superiores. Esto no se logra mediante una marginal “admisión especial inclusiva”. Ni poniendo a expertos a buscar el santo grial de una “nueva PSU” con menos brechas. En el contexto de desigualdad educativa primaria y secundaria imperante en Chile, sólo se logra implementando robustos mecanismos afirmativos en el marco de un sistema de admisión nacionalmente integrado.

Esto último (ser un sistema integrado) es lo que permite a todos los estudiantes, con independencia de su ubicación geográfica y situación socioeconómica, postular desde cualquier lugar a 41 instituciones y 1800 carreras. Mecanismos de selección propios de las universidades (como se ha propuesto), no integrados a nivel nacional, agudizarán las diferencias al permitir que postulen de modo presencial sólo quienes puedan costearse el viaje a la ciudad en que se ubique la institución. Además, podrían abrir una ventana al tráfico de influenciencias y a criterios arbitrarios de selección.

En síntesis, ¿No más PSU?, puede ser. Pero tal vez resulte más prudente, más justo y más sotenible en el largo plazo, ampliar la conversación.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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