Señor Director:
En aquella madrugada del 15 de noviembre de 2019 cuando se alcanzó el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” en un contexto de violencia y desesperación, donde ingenuamente algunos pensaron que esta antigua idea constituyente –reflotada por cierta elite política y académica- haría recobrar el orden público, uno de los puntos acordados fue que “el plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta nueve meses, prorrogable una sola vez por tres meses”, cláusula que luego fue plasmada en el artículo 137 de nuestra Constitución Política de la República.
Por lo anterior, de inmediato nos surgió la interrogante de si, en caso de aprobarse la voluntarista idea de una nueva Constitución, nueve meses serán suficientes para que la Convención –órgano constituyente- redacte y apruebe un texto constitucional partiendo de una “hoja en blanco”, es decir, desde cero. Pues bien, para intentar responder la pregunta y no ser calificados de reaccionarios, esto es, una actitud opositora a las innovaciones, ilustraremos acerca de cómo se estudia la Constitución en una Escuela de Derecho, sobre cuánto tarda una reforma constitucional con el orden público vigente en democracia, y en cuánto tiempo se hizo el texto original de la Constitución de 1980.
Así, en primer año de la carrera existe la asignatura de Derecho Político, útil como aproximación para que en segundo año se estudie Derecho Constitucional de carácter anual, cursando paralelamente otro ramo, cual es Historia Constitucional de Chile, y luego de aprobar esas materias el estudiante de pregrado tiene un conocimiento que le permite comprender la normativa constitucional vigente, sobre la que ya existen extensos análisis. Por otro lado, conviene recordar que la principal reforma que ha tenido nuestra Constitución en democracia, es decir, la de 2005 bajo el gobierno del Presidente Lagos, tuvo un tiempo de tramitación de cerca de cinco años. A su vez, la Constitución de 1980 tardó siete años en materializarse.
Expuestos esos datos objetivos, fluye que el invento hecho previo al amanecer del 15 de noviembre representa un proyecto de maratón constituyente, careciendo de razonabilidad creer que en nueve meses se podría seriamente estudiar, consensuar, redactar y aprobar el principal cuerpo normativo de un Estado y partiendo desde una “hoja en blanco”. Además esa maratón será en modalidad con obstáculos, en la especie, violencia, donde sin necesidad de un gran análisis prospectivo, se vislumbra que los Convencionales Constituyentes, es decir, los encargados de la redacción, serán objeto de coacciones si no desarrollan el proceso como los “luchadores sociales” esperan.
Quizá los nueve meses corresponden al modesto ejercicio intelectual que los políticos hicieron de estimar que todo debía “quedar listo” antes del Gobierno que comienza en 2022, pero sea cual fuere la explicación de ese exiguo plazo, contraviene el sentido común, salvo, claro está, que la idea sea simplemente copiar, pegar y maquillar la actual Carta Fundamental, que en general es un buen texto constitucional, pero limpiándola del pecado original de su primitiva redacción en el Gobierno Militar.
Rodrigo Vera Lama
Abogado penalista
