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¿Cuál es el mejor sistema político para combatir el COVID-19: centralizado o descentralizado?

por 9 abril, 2020

¿Cuál es el mejor sistema político para combatir el COVID-19: centralizado o descentralizado?
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Detrás de las cifras de casos y mortalidad de la pandemia del COVID-19 comienzan a emerger interesantes reflexiones sobre el futuro de nuestros sistemas económico-sociales pero también sobre su capacidad actual para reaccionar frente a este tipo de emergencias. Es frecuente encontrar referencias a la eficiencia para combatir la pandemia de estados centralizados o con sociedades autoritarias asiáticas tales como China. Pero también se advierte la gran eficacia de estados descentralizados y democráticos como Alemania y Nueva Zelanda.

Detrás de la maraña de datos y opiniones y aún en las etapas iniciales de la batalla contra el COVID-19, The Economist en su edición del 2 de abril de 2020 ha planteado la siguiente pregunta para Estados Unidos : ¿Cómo luchará un país descentralizado que se extiende por un continente contra lo que ahora es el brote viral más grande del mundo?

La prestigiosa revista concluye que, si bien en Estados Unidos existen dificultades para articular respuestas comunes (en especial respecto de la movilidad social), ha sido la rápida respuesta de Estados como California y Washington las que han conseguido reducir el número de casos infectados, las muertes y el colapso de su sistema de salud. El gobierno federal, en cambio, una vez que percibió la gravedad de la situación ha experimentado severos problemas para poner en marcha sus medidas de apoyo económico y de salud.

Los estados norteamericanos más proactivos han podido ejecutar a tiempo dichas políticas porque la función de salud pública reside en sus gobiernos regionales, es decir, porque poseen las facultades, capacidades institucionales y recursos para ello. The Economist recuerda un tema clave sobre la naturaleza de esta pandemia global: su impacto depende mucho de las realidades locales. "Todas las epidemias nacionales están formadas por muchas epidemias locales, cada una con su propia trayectoria".

Por ello es que la mejor estrategia frente al COVID-19 es testear mucho (como propone el Premio Nobel de Economía, Paul Romer) para localizar los clusters o aglomerados de infecciones y adoptar medidas propias a dichos contextos. Para ello se requiere facultades y capacidades locales, apoyadas por el gobierno nacional. De tal forma que la palabra clave es cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, como se espera que comience a gestarse en Chile a partir de la Mesa Social COVID-19.

La opinión pública chilena reconoce la relevancia de actores locales, como los alcaldes y la propia comunidad (75% según Agenda Ciudadana Criteria de marzo) para combatir la pandemia y evalúa positivamente la oportunidad de su acción, junto al Colegio Médico. En cambio, cuestiona severamente la lentitud del gobierno central, la que considera muy importante para esta urgente tarea.
Especialistas chilenos en emergencias como Michel De L'Herbe y Luis Otero ya han mostrado las dificultades para una gestión eficiente y oportuna del Estado frente a los frecuentes eventos sísmicos y incendios forestales, dado la actual estructura centralizada del país.

Parte importante del problema radica en la existencia de modelos mentales y prácticas que están en la base y hacen operar instituciones nacionales dando respuestas estándares y universales a problemas específicos y diferenciados. También una parte de la opinión pública, empujada por los medios nacionales, presiona por respuestas únicas, totales e inmediatas.

Sin embargo, una mayor profundización muestra la ineficiencia de las respuestas centralizadas. Porque resulta evidente que, a comienzos de abril de 2020, la situación de la pandemia COVID-19 es muy heterogénea en el territorio nacional y, por tanto, exige respuestas focalizadas. Es lo que el gobierno nacional - correctamente- intenta adoptar aún careciendo de la institucionalidad y habilidad administrativa para hacerlo. De allí el protagonismo de los alcaldes que, careciendo de facultades, intentan que el Estado nacional adopte medidas más pertinentes a la situación del COVID-19 en su territorio.

En la difícil tarea de conciliar la protección de la salud pública con la sustentabilidad y tranquilidad social y con la productividad económica, el gobierno nacional no encontrará salida a nivel macro. Pero si a nivel meso, ecualizando políticas propias a las realidades de los territorios.

Veamos. Desde Santiago al Norte, una vasta zona geográfica de baja densidad, responsable por el 20% del PIB nacional, se concentran sólo un 3,2% de los contagios nacionales (119 casos en total), con tasa de mortalidad cero al 3 de abril. Mientras tanto, regiones con mayor densidad poblacional como La Araucanía y Ñuble responden por 432 y 370 casos contagiados, respectivamente. Resulta obvio que las políticas de aislamiento social no pueden ser las mismas en casos tan diferentes. Por tanto, cuarentena es una amarga medicina que ojalá sea necesaria sólo para unos pocos, y sólo basada en evidencias claras.

En el caso de Brasil, los gobernadores regionales son mucho mejor evaluados (58%) que el Presidente (33%) y varios de ellos han adoptado políticas de salud (para la cual tienen facultades, recursos e institucionalidad) que no pocas veces han conflictuado con un gobierno nacional más preocupado del déficit fiscal y el crecimiento del PIB que de la vida de sus ciudadanos. Estados como Bahía, Rio Grande do Norte y Ceará (en la región de mayor pobreza de Brasil) muestran hasta ahora una gestión exitosa, al mantener tasas de mortalidad inferiores al promedio nacional (4%). Es ilustrativo que el propio Ministro de Salud, L.H. Mandetta, la figura más popular de Brasil hoy día, ha definido que son los gobernadores regionales (estaduales) quienes deben definir las políticas de salud específicas para cada realidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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