Opinión
Imagen referencial. Crédito: Agencia Uno
Hace 34 años años, Los Prisioneros sintetizaron en una canción el sentir de millones de chilenos. Hoy, muchos siguen moviéndose al ritmo de “El baile de los que sobran”. El estallido social del 18 de octubre del año pasado (18-O) fue una especie de grito contenido en décadas. Dentro de todos los análisis que puedan hacerse, dicha explosión demostró que nuestro país vivía en un espejismo (no un oasis) y que despertamos de golpe a otra realidad.
La pandemia del COVID-19 ha vuelto a remecernos como nos remeció el 18-O. Nuevamente surge la idea de los nadie, los que sobran en el baile. Los segmentos más vulnerables y sin una adecuada red de apoyo siguen siendo los mismos: clases bajas y sin oportunidades. Pero a este grupo se suma un invitado al baile: los migrantes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, al año 2019, son alrededor de 1,5 millones los migrantes que residen en nuestro territorio nacional, siendo los siguientes países que aportan a este flujo migratorio: Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).
Este incremento se ha ido posicionando en la fuerza laboral que presenta esta nueva migración, fuerza laboral que muchas veces carece de contratos de trabajos, presenta condiciones laborales deplorables (sin seguros y derechos que los resguarden), informalidad laboral y, dada la contingencia sanitaria y de higiene de estos días, sin protección para desarrollar su labor y expuesta a contagios.
Los principales rubros que concentra esta mano de obra laboral se presentan en los siguientes ámbitos: Comercio (18,1%); Otras ocupaciones (16,9%); Actividades de los hogares (14,0%); Alojamientos y servicios de comida (12,4%) y Manufactura (9,3%).
Esta fuerza laboral concentrada en estos rubros presenta múltiples carencias que evidencian la fragilidad y falta de representación que este grupo evidencia en estos años. La irresponsabilidad y falta de voluntad política de los gobiernos de turno por no legislar y promover una política pública acorde a las necesidades de los migrantes aumenta esta falta de representación y agrava una realidad insostenible de desigualdad y falta de oportunidades reales para estos grupos de ciudadanos extranjeros.
Ante la crisis, por ejemplo, el gobierno ha decretado un plan económico de emergencia para los chilenos. Es decir, excluye a los migrantes. Además, los requisitos son cédula de identidad y registro social de hogares, cuestiones que tampoco posee la mayoría de quienes necesitan acceder a esa ayuda, incluso quienes se encuentran con su situación regular. Por otro lado, la Ley de Protección al Empleo no toma en cuenta a un sinfín de trabajos informales, como los cuidadores de autos, vendedores ambulantes, asesoras de hogar, etcétera, etcétera, todos sin contrato y, por tanto, sin posibilidad de acceder al seguro de cesantía.
A lo anterior sumamos episodios que han vulnerado los derechos de los ciudadanos extranjeros y que demuestran un síntoma que hemos analizado en párrafos anteriores: la condición en que viven miles de migrantes en nuestro país, bajo una desigualdad que los afecta en todo ámbito, sin una red de apoyo que les brinde colaboración y con una crisis sanitaria y de higiene que incrementa, dolorosamente, esta desigualdad.
Por estas y otras razones, se suman los migrantes hoy a «El baile de los que sobran”, obligados a trabajar en cuarentena, a quienes se les pide distanciamiento social cuando viven hacinados, sin acceso a bonos o ayuda del Estado, habitando rincones perdidos de la ciudad, desde donde se escucha la voz de Jorge González, que dice: “Únanse al baile de los que sobran”.
