Señor Director:
A mediados de esta semana comenzaría a tratarse en la sala del Senado el proyecto de Ley de Migración y Extranjería, una norma que, según se sostiene desde el gobierno, vendría a “modernizar” una regulación gestada en los inicios de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, el decreto-ley 1094, de 1975 (el propio nombre de la norma pone en evidencia su vicio de génesis ). El cambio de este marco normativo es una demanda largamente sostenida por organizaciones de y para migrantes, entre muchos otros actores. Sin embargo, el contenido y la forma en que se ha tratado este proyecto están muy lejos de dar respuesta a esa demanda social; como han sostenido varias organizaciones en este último tiempo: era nueva, no peor. En efecto, el proyecto, en su redacción actual, vulnera derechos humanos consagrados por tratados internacionales suscritos por Chile, se sustenta en un enfoque securitista y criminalizador de las migraciones, y desconoce aspectos básicos de la forma en que se producen los procesos migratorios contemporáneos, vislumbrando la crónica de una muerte anunciada (la de la vigencia de la ley).
El debate se ha dado, además, en el peor de los escenarios: en el marco excepcional de una pandemia (cuarentena y toque de queda mediante), sin escuchar las voces de los migrantes, y con una feroz campaña comunicacional desde el gobierno –y también desde cierta prensa-, que condiciona el voto de los legisladores recurriendo a una indisimulada demagogia xenófoba, llevando el debate público a la confrontación maniquea entre nacionales y no nacionales. Como sostenía Abdelmalek Sayad, un migrante argelino en Francia que realizó un enorme aporte a la sociología del Estado, reflexionando desde los procesos migratorios: el pensamiento de Estado introduce la distinción entre nacionales y no-nacionales como si se tratase de categorías objetivas, que utilizamos de manera automática y naturalizada. Por lo mismo, es una distinción por la que debiéramos preguntarnos, especialmente cuando se aplica con criterios discrecionales. En efecto, cuando se trata de empresas, no hablamos de nacionales y no nacionales, sino de empresas transnacionales, y en ese caso, las fronteras del Estado-nacional tienden a diluirse. Algo parecido ocurre con el personal calificado, o gerencial, que estas empresas trasladan de un país a otro. Para ellos, los obstáculos para la movilidad tienden a desaparecer, incluso se crean categorías de visado especiales para facilitar su migración, y se tiende a percibir como lógico que así sea. Las razones que están detrás de estas diferencias son tan obvias que ni hace falta enunciarlas.
El debate generado en las últimas semanas en torno a la tramitación de este proyecto ha puesto en evidencia, además, la indolencia de este gobierno frente a las vidas precarizadas que residen en este territorio (esa misma indolencia que ha impedido entender lo que explotó el 18 de octubre de 2019). La discusión mediática se enfocó en la indicación propuesta por dos legisladores para crear una categoría de visado temporal, que duraría tres meses, para buscar oportunidades laborales en el país. El oficialismo, en una ofensiva mediática basada en argumentos falaces, llamó a este visado, con ironía, “turismo laboral”. La denominación llega a ser ofensiva, e indignante, frente a las condiciones de precarización y violencia que empujan a muchas de esas “búsquedas de oportunidades” que llegan a la frontera.
La estrategia mediática oficial ha llevado la discusión hacia la simplificación y la ridiculización de los argumentos de los interlocutores, tildándolos de ideológicos, un mote al que se ha recurrido indiscriminadamente en los últimos años: desde la desigualdad de género hasta la de clase son deslegitimadas con esta satanización de las ideologías. “Acá hay un tema ideológico, que no creen en la capacidad del Estado para poner condiciones para que los extranjeros entre en el país. Están con un megáfono diciéndole a todo el mundo que si una persona entra de manera clandestina, que les van a dar una visa. Eso es irresponsable, le dicen a todos que vengan y se oculten”, sostuvo la semana pasada el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración . La idea de que, quienes hemos estado sosteniendo que los derechos que nos asisten en calidad de humanxs, incluido el de migrar, son independientes de nuestro vínculo con un Estado-nación, estamos llamando a los migrantes a venir a Chile de forma “clandestina” a ocultarse, es risible. Y una argumentación así de extrema solo pone en evidencia su fragilidad. Frente a este tipo de argumentos hay interlocutores que han logrado cientos de adhesiones nacionales e internacionales de personas y organizaciones de un amplio espectro, que conocen los procesos migratorios porque los experimentan, porque trabajan con quienes los experimentan, y porque los estudian. No escuchar estas voces legítimas en esta tramitación solo repetirá el vicio de génesis de la norma que se pretende “modernizar”. Nada sobre nostrxs sin nosotrxs y sin derechos, NO. La queremos nueva, no peor.
