Opinión
La pandemia que ha azotado al mundo entero durante 2020 ha relevado, entre otros aspectos, las grandes diferencias institucionales existentes entre los países. Una de ellas, es el grado de descentralización política y de autonomía decisional con que cuentan los gobiernos no centrales. Sobre este aspecto, la Cordillera de los Andes en Sudamérica separa dos países en extremos opuestos y nos permite analizar las ventajas y desventajas de cada forma de Estado. Mientras en Argentina el federalismo, tan desacreditado durante años por quienes analizan únicamente su aspecto fiscal, ha dicho presente, Chile, país de estructura unitaria, se muestra cada vez más centralista, a pesar de los amplios reclamos por mayor distribución del poder político a nivel territorial.
¿Qué nos deja en la balanza este pequeño experimento y qué lecciones podemos sacar para el venidero proceso constitucional en Chile?
Del lado atlántico de la Cordillera, el régimen federal le ha permitido a cada provincia (en coordinación con el gobierno central) tomar las decisiones que considera oportunas respecto del tratamiento del COVID-19, como lo son los permisos de ingreso a su territorio y la restricción del libre tránsito. Asimismo, cada ciudad (en consulta con su provincia y dependiendo de cada Constitución provincial) decide autónomamente si se adhiere a la cuarentena, a qué aspectos de esta y en qué horarios, entre otras medidas a considerar.
Para ello, muchas provincias han implementado mecanismos de consulta, donde el ministro de salud provincial se junta con los intendentes municipales para acordar los pasos a seguir. De esta forma, la mayoría de las provincias son responsables de otorgar los permisos para la apertura del comercio, pero los protocolos para ello son generalmente diseñados por el gobierno provincial, en consulta con el municipal. Si bien esto ha atomizado el manejo epidemiológico, multiplicando la cantidad de voces que los ciudadanos escuchan sobre la materia, existe claridad respecto a que quien emitirá la ordenanza para la cuarentena o libre circulación son las autoridades locales y no las centrales (exceptuando aquellos servicios públicos de administración centralizada).
Por otro lado, el ordenamiento constitucional de Chile le entrega al gobierno central la responsabilidad y potestad de tomar la amplia mayoría de las decisiones respecto a qué ciudades del país restringen su movimiento y en qué plazos y condiciones, concentrando la coordinación y reforzando el carácter unitario del Estado. El incipiente proceso de descentralización que el país ha atravesado los últimos 40 años permite a las comunas controlar ciertos ámbitos, como la apertura del comercio minorista y de los establecimientos educacionales mantenidos por el gobierno local, pero no así el resto de la enseñanza, industria o la libre circulación.
Ambos sistemas han demostrado claras desventajas, al tiempo que aspectos positivos. El gobierno de Alberto Fernández no ha podido impedir que las ciudades y provincias colisionen políticamente en razón del control fronterizo en sus territorios; en muchos de los cruces internos de Argentina, las personas deben someterse a una prueba de COVID-19 para el ingreso a la provincia, examen que les es cobrado en el acto, al precio arbitrario que el gobierno provincial haya determinado. Asimismo, la falta de una coordinación nacional produjo situaciones de cuarentena prolongadas en ciudades sin ningún caso de COVID-19, obligando a poblaciones enteras a mantenerse aisladas y sujetas al criterio del intendente municipal, no siempre con un sólido respaldo médico.
Por otro lado, el gobierno de Sebastián Piñera ha tomado todas las decisiones respecto del tratamiento del COVID-19 desde la capital del país, resolviendo unilateralmente qué comunas debían entrar en cuarentena y por cuánto tiempo. Para ello, se ha conformado una comisión integrada, dependiendo de las materias a tratar, por ministros de Estado, subsecretarios y expertos convocados por el Gobierno, entre otros actores.
Ello tuvo sus ventajas, ya que el canal de información era uno solo, coordinado y, al menos en la teoría, con todo el conocimiento científico nacional unificado. Sin embargo, también se produjeron situaciones de graves conflictos en razón del centralismo imperante. El caso más notorio fue la política de relajamiento de las medidas de cuarentena para la celebración de las Fiestas Patrias en familia (18 y 19 de septiembre), lo cual generó fuerte resistencia desde algunos intendentes regionales y alcaldes municipales. Tal fue el caso de la Región del Biobío, donde muchos municipios habían ingresado recientemente a la fase de cuarentena, y de los alcaldes de Talcahuano y Concepción (a los que se sumó el de la austral ciudad de Punta Arenas), donde el número de contagios se encuentra en alza. Las autoridades locales argumentaron que la pandemia no estaba controlada en sus territorios y que relajar las medidas de la cuarentena para la celebración de las fiestas en grupos familiares o de amigos solo podría empeorar la situación.
En el caso de la Región del Biobío (la segunda más grande después de la Región Metropolitana y a unos 500 km de la capital, Santiago), el intendente desafió abiertamente a la autoridad central al cuestionar la medida. Esta autoridad, en Chile, es de nombramiento central y es el representante del Ejecutivo en la región, por lo que, en teoría, debiera de ser la “voz” del gobierno central. La posición del intendente del Biobío fue rápidamente avalada por los alcaldes, quienes anteriormente ya habían cuestionado el permiso para visitas.
Las autoridades locales y regionales no estuvieron solas, muy por el contrario, recibieron el apoyo de la sociedad civil, a través de empresarios, académicos, especialistas, el Colegio Médico de la Región e, incluso, todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Pocas veces en la Región del Biobío una temática había generado unidad tan transversal y diversa como en esta ocasión.
La presión de los entes subestatales llevó a que el Ejecutivo central revocara la medida y dejara exentas del permiso por Fiestas Patrias a las comunas en cuarentena. El ministro de Salud chileno manifestó su molestia por el cuestionamiento público hecho por el intendente a una medida decidida en Santiago por el gobierno central del cual el intendente es representante en la Región. Insólita situación que no se ha traducido ni en la retractación del intendente ni en su renuncia o revocación del cargo. Para algunos esto ha sido una señal más de la excesiva centralidad del poder en manos del gobierno central, que no toma en cuenta las realidades de las regiones del país (más aún cuando es un Estado tan extenso y con realidades tan diversas), como de una debilidad del actual Presidente.
En un experimento sociopolítico a escala muy reducida, la forma en que se enfrentó el COVID-19 deja muy en clara la diferencia entre un sistema políticamente descentralizado y uno donde la autoridad local no cuenta con autonomía política real. Ambos países han presentado problemas generados en razón de su configuración política e institucional, pero debemos preguntarnos cuál es preferible, especialmente en casos de urgencia como lo es una pandemia, donde se requieren no solo recursos y competencias sino también conocimiento de la realidad que están viviendo en los territorios.
Una forma de Estado donde el poder político real se encuentra en los líderes locales o regionales, que responden directamente al electorado de su territorio, pone el interés de estos ciudadanos en primer lugar y los representa cabalmente; a la vez que, en las próximas elecciones, el cargo político responderá ante los directamente involucrados. En tanto, en un país unitario centralizado, donde un tercio de los votos se encuentra en la capital, quien decide no está llamado a tomar en consideración las necesidades y preferencias de quienes viven en regiones o ciudades pequeñas y alejadas del centro, aumentando la desconfianza de la ciudadanía de las regiones en sus autoridades.
El federalismo argentino tiene grandes falencias, pero el unitarismo con un centralismo tan reforzado como el que presenta el Chile actual, es insostenible si se busca el bienestar general de toda la población y no solo de la que habita en la Región Metropolitana. El proceso constituyente que Chile ha comenzado a vivir tras el estallido social y el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, será la oportunidad de evaluar y reflexionar sobre este tema. En Chile no solo existe excesiva concentración del poder económico sino también político y este, en una de sus dimensiones, debe ser distribuido realmente a nivel territorial, avanzando hacia una verdadera descentralización sin que por ello el federalismo sea la única opción.
