Opinión
El 2021 se inicia un nuevo ciclo político en el país. Diversas ideas van a entrar al debate sobre cómo debería ser este nuevo Chile. Con la Convención Constitucional no sólo se iniciará la redacción de una nueva Constitución, sino que también un proceso de transformación de las instituciones y del aparato estatal para que el mandato constitucional se haga efectivo. Las transformaciones que vienen no son meramente de estructura, los cambios institucionales son procesos de largo plazo y, por ello, se deben considerar algunos elementos claves para que lo estipulado en la nueva carta magna sea materializado en políticas públicas. En esto, son centrales las actoras y actores, su entorno e interacciones. Esto implica que el próximo gobierno tiene la tremenda responsabilidad de adoptar un estilo de implementación consistente con la constitución democrática, que significará tanto el cambio institucional como también el (re)diseño de políticas públicas rectoras como sectoriales.
El académico Johan P. Olsen postula que los principios y reglas sobre los cuales se constituye una institución nunca son aceptados completamente por toda la sociedad y los órdenes políticos nunca están perfectamente integrados. Por lo mismo, es primordial comprender las condiciones y motivaciones bajo las cuales la sociedad civil se desenvuelve y sea capaz de cumplir con reglas de adecuación, lo que se podrá lograr mientas las nuevas reglas sean coherentes con la cultura, el comportamiento, la incidencia y consideración de quienes están dentro del Estado como quienes están fuera de este.
En esta línea, desde ya es importante tomar en cuenta la necesidad de mover al sector público en una gobernanza que identifique los medios a través de los cuales se promuevan las interacciones entre actores y actoras estatales y no estatales, revisar la coordinación intersectorial que esté focalizada para mejorar el desempeño de la formulación de nuevas políticas públicas que concreten lo acordado en la constitución. Por ejemplo, intentar abordar un nuevo modelo de desarrollo que proteja el medio ambiente requiere la revisión y actualización de las instituciones, políticas, programas y destinación de recursos en estas áreas. Es necesario comenzar desde ya a pensar el momento post proceso constituyente, ya que, de esta manera, se podrá estar preparada/os para recibir un nuevo Estado, nuevas instituciones y políticas públicas que será finalmente la evidencia de qué todo esto valió la pena, de lo contrario, se arriesga ser una experiencia de letra muerta. Con todo, en coherencia con las demandas ciudadanas, esperamos que la nueva constitución, reconozca la plurinacionalidad, sea ecológica, que tenga perspectiva de género y garantice derechos fundamentales, es decir, que existan principios rectores que nos permitan vivir con y en dignidad.
