Opinión
Durante la discusión de la Ley Corta del Segmento de Distribución (Ley 21.194), el gobierno generó altas expectativas sobre la eventual baja en las tarifas de electricidad al disminuir la tasa de rentabilidad de las empresas. Adicionalmente, y debido a las alzas permanentes ocurridas durante el 2019, fue necesario implementar un mecanismo para estabilizar el precio de la energía hasta el año 2023 (Ley 21.185). Desafortunadamente, y como lo señalamos en su oportunidad, la reducción en la tasa de rentabilidad no impactará las tarifas y el mecanismo asociado a la Ley 21.185 no cumplirá el objetivo inicial que se presentó en el Congreso.
Debido a la emergencia sanitaria, en agosto de 2020 y luego de un veto presidencial, se promulgó la Ley de Servicios Básicos (Ley 21.249), cuya vigencia fue extendida hasta mayo de 2021, aumentando hasta 36 los meses de reprogramación y mejorando la información para el acceso de los usuarios al beneficio, mediante la Ley 21.302, publicada el 5 de enero. Si bien ella viene a aliviar la urgencia de las familias, al postergar el pago de los principales servicios básicos, tampoco responde a las necesidades que tienen los sectores más vulnerables y las alicaídas pequeñas empresas que son el motor de la economía, puesto que sólo es un crédito que deben pagar los usuarios en el futuro. Bajo este mismo contexto, se eliminó también el cargo por energía adicional de invierno durante cuatro de los seis meses que establece la normativa vigente. Sin embargo, esto debiese ser una medida de carácter definitivo, pues castiga el consumo en los meses que las personas hacen uso intensivo de la electricidad.
Por otro lado, la tan esperada Reforma al Segmento de Distribución llamada Ley Larga, cuyo proyecto se encontraba comprometido por el gobierno, para ser ingresado a tramitación en marzo de 2020, se quedó sólo en un proyecto acotado, recién ingresado en septiembre y que parece ser otra Ley Corta (Proyecto de Ley de Portabilidad Eléctrica) que no resuelve los problemas principales que afectan a la ciudadanía: reducir las tarifas e incluir mejoras en la seguridad y calidad de servicio.
En un escenario tan complejo e incierto, una alternativa eficiente y de corto plazo para lograr bajar las tarifas eléctricas consiste en flexibilizar el límite para que los usuarios opten a los precios de energía del mercado de clientes libres y, al mismo tiempo, focalizar el mecanismo de la Ley 21.185 sólo a usuarios residenciales. Ambas iniciativas fueron presentadas en el Senado durante la discusión del 2019, pero no tuvieron el respaldo del ejecutivo en su momento.
Como complemento a lo anterior, y con el fin de apoyar a los usuarios residenciales de menores recursos, la Ley General de Servicios Eléctricos (en su artículo 151) permite establecer subsidios a las tarifas de electricidad de forma análoga a lo que ocurre con el servicio de agua potable. Hasta la fecha, el gobierno se ha negado a implementar este mecanismo que se hace cada vez más urgente.
Avanzar ahora en estos ejes permitirá ayudar a las pequeñas empresas y dar un alivio a las familias que lo han pasado tan mal en el último tiempo. El ejecutivo ha mostrado escaso interés en una reforma sustantiva al segmento de distribución. Por lo mismo, ella tomará tiempo y debemos responder en el corto plazo a las demandas y necesidades de la ciudadanía.
