Luego del estallido social del 18 de octubre de 2019 y de la gestión de la emergencia sanitaria suscitada por el brote de Covid-19, ha sido posible confirmar la poca importancia que en Chile se le ha entregado a la diversidad cultural: represión por sobre protección a los pueblos originarios; restricciones por sobre defensa a las artes; persecución a quienes opinan, sienten o actúan en forma diferente a lo convencional; supeditación de las necesidades del mercado frente a derechos fundamentales como la educación, o al desarrollo de quienes buscan en un oficio su forma de vida y sustento, son algunos ejemplos. En esta línea, destacamos las poco afortunadas declaraciones de la actual Ministra de Cultura “un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”.
Es sabido que la gran mayoría de la población en Chile ha tenido que hacer frente a la pandemia con sus propios medios. En este contexto, gestores, cultores, artistas, creadores, entre otros trabajadores de la cultura, han sufrido particularmente esta situación. Es cierto que por la naturaleza del trabajo cultural probablemente se perdieron muchas fuentes de trabajo, pero más allá de ello, es necesario entender que esto les afecta en mayor medida, ya que pertenecen a un sector con muy baja contratación y con alta informalidad en cuanto a derechos laborales. En la mayoría de los casos, al no encontrarse contratados, no existen los seguros de cesantía, ni ningún tipo de apoyo en el caso de pérdida del trabajo. Junto con ello, los retiros de fondos de AFP resultan menos útiles para estos profesionales, pues al no existir contratos, son pagados por sistema de boletas de honorarios, lo que conlleva a bajas cotizaciones.
Pasado el primer golpe de la pandemia, el Plan Paso a Paso estableció mecanismos y condiciones que permiten que los centros comerciales, cafés y restaurantes puedan funcionar; sin embargo, nada parecido ha sucedido con los espacios culturales. En este sentido nos preguntamos: ¿por qué debe mantenerse cerrado un museo, espacio que concentra mucho menos circulación que un centro comercial? ¿Por qué se puede tomar un bus donde decenas de personas van sentadas en espacios reducidos, durante una gran cantidad de horas, pero no ir a un teatro de grandes dimensiones o a un cine por una hora y media?
Este abandono sólo es comprensible desde una estructura gubernamental diseñada para proteger los intereses de quienes generan beneficios puramente económicos, y desde una lógica que siente que la diversidad cultural no tiene valor, o peor aún, que ve en las culturas, un peligro.
¿Cómo se relaciona un texto constitucional con la diversidad cultural? Pues bien, una de las principales finalidades de una constitución es asegurar la igualdad de derechos para todas las personas que se rigen por ella. Entonces, el texto debe escribirse observando y entendiendo las diversas culturas que integran nuestros territorios, reconocerlas y respetarlas, para que, así, la definición estatal que surge de la carta magna, sea acorde y coherente con la identidad colectiva y con la multiculturalidad existente. Sólo de este modo una constitución puede ser realmente representativa.
Para ello, resulta necesario entender lo complejo y amplio del concepto de cultura. Dentro de la esfera de la diversidad cultural, podemos englobar costumbres, formas de vivir, tradiciones, memoria colectiva, nuestras maneras para expresarnos artísticamente, etc. No tiene por qué ser una sola cultura, excluyente y dominante como es concebida en la Constitución de 1980.
En la actual Constitución, se concibe a la cultura como algo estandarizado e inmóvil, consecuencia de la óptica mezquina de quienes la redactaron. No hay un tratamiento sistemático y real de las culturas. Algunos ejemplos. El artículo primero, luego de establecer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, señala que el Estado “debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización y espiritual posible”. No obstante, al concebir un Estado unitario, no se considera la multiculturalidad preexistente y venidera que define a Chile. Más adelante, al listar las garantías y derechos fundamentales de la ciudadanía, el artículo 19 Nº 10 que establece el derecho a la educación, señala que corresponde al Estado estimular la creación artística, proteger e incrementar el patrimonio cultural de la Nación; luego el artículo 19 Nº 25, establece la libertad de crear y difundir las artes y el derecho de un autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas; sin embargo, estas escuetas aproximaciones a temas culturales, no son posibles de tutelar por el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la actual Constitución, restringiendo y/o anulando la posibilidad de exigir el ejercicio de las antedichas garantías. Lo anterior, vuelve a demostrar que la actual Constitución considera a los aspectos culturales, como algo mucho menos importante que el sistema económico o el derecho a la propiedad privada, el cual sí es definido y cuenta con un medio de tutela efectiva.
Así las cosas, entendemos que es necesaria una definición del Estado como plurinacional y defender la diversidad cultural en todas sus aristas, para así poder sentar las bases de una carta fundamental multicultural. También entendemos que el arte y las culturas son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Es preciso, además, dar al Estado un rol protector de las culturas por sobre intereses de cualquier índole, resultando indispensable abogar por el respecto de la cosmovisión ancestral y de la naturaleza, limitando el extractivismo descontrolado que, junto con destruir el medio ambiente, afecta enormemente nuestros modos de vida y costumbres. En lo que respecta a la creación artística, hay que asegurar no sólo el acceso a las artes, sino que su producción y creación desde diversos espacios, territorios, y realidades. No sirve una cultura y un arte generado sólo por algunas y algunos, un arte que no circula, o que se ve amenazado por la ideología de un gobierno.
