Opinión
En el caso de Renca, el Tricel –al cual le tocará proclamar a los candidatos electos en las próximas elecciones– tiene la oportunidad de rectificar en pro de la continuidad democrática y declarar la necesidad de una nueva elección, esta vez competitiva, para elegir al alcalde. Y si para esto se requiriera una ley especial, deberá aplicarse la doctrina parlamentaria denominada Pro DC , es decir, tramitarla en 48 horas, tal como se hizo para que este partido inscribiera en el pasado sus candidatos a parlamentarios.
Lo ocurrido en el Municipio de Renca, donde el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió bajar la candidatura a alcalde de Claudio Castro Salas, es otra mácula para la democracia, provocada por la escandalosa burocracia electoral de nuestro país. Lo hecho por el Tricel al desechar la reclamación de Castro, mediante una interpretación discrecional y tendenciosa en su sentencia, implica que, por secretaría, el candidato con más opción para ganar el cargo no puede competir. Es decir, decide la elección dejando un solo candidato en competencia, a quien solo le bastaría un voto para ganar.
La respuesta del alcalde Castro, quien iba a la reelección, ha sido certera: que Renca decida.
Porque una interpretación burocrática y discrecional de un tribunal que debe velar por la transparencia de las elecciones, adoptada en una votación dividida que omite un sólido y argumentado voto disidente, no puede sustituir el veredicto democrático que debiera producirse en las urnas.
El fallo del Tricel no consideró la declaración de error que formalmente hizo el Servel, que en lo medular sostiene, acompañando las Actas respectivas, que el Consejo Directivo, al interpretar expresamente los plazos de desafiliación de un partido político, declaró que “se entenderá que la persona pudo haber renunciado a su afiliación el día 26 de octubre de 2019 hasta las 23:59 horas, inclusive”; y que esto resultan, para el caso de Castro Salas, “ser antecedentes nuevos que de haber sido conocidos en forma previa por el Tribunal, es probable, que la decisión habría sido distinta”. Y agrega “(5°) Que igualmente, resulta un elemento de hecho no considerado previamente, por desconocido, las incongruencias que surgieron por las disímiles interpretaciones que entregó el Servicio Electoral Nacional y Regionales a la ciudadanía que los llevó a la confusión y, en definitiva, a la equivocación que no puede perjudicar a quien actuó de buena fe y con justa causa de error” (Acta Tricentésima Septuagésima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, de 19 de enero de 2021).
Ante esto, el voto de mayoría del Tricel declaró “No ha lugar”. Un juicio prácticamente despectivo sobre el principio de legitimidad democrática y de fe pública. Los ministros de mayoría fueron Rosa del Carmen Egnem, Ricardo Blanco Herrera y Jorge Dahm Oyarzún, mientras que el voto disidente fue de los ministros Juan Eduardo Belmar y Jaime Gazmuri Mujica.
Más allá de la pulcritud formal de los procesos electorales de Chile, donde se acostumbra a contar transparentemente los votos, el acceso a los cargos generados mediante elecciones está lejos de expresar de manera clara la voluntad del soberano. Ellos prácticamente son inalcanzables para quien es Independiente, pues las leyes electorales prácticamente los blindan para los partidos políticos inscritos. Sea con el mecanismo de selección e inscripción de candidatos, sea con el sistema de escrutinio de votos y adjudicación de cargos, sea con el financiamiento público de impulso con que cuentan los partidos inscritos. O, simplemente, con interpretaciones judiciales como la referida.
Lo actuado en Renca va abiertamente en contra del sentimiento cívico de la inmensa mayoría de los electores de esa comuna. La responsabilidad, tanto del Servel como del Tricel y las improvisaciones y contramarchas de las elites parlamentarias, quedan sin control ni legitimidad de fondo, aunque obstruyen el desarrollo democrático del país.
Por cierto, aunque este caso es el más grave de este proceso electoral, no es el único. Lo demuestran los cientos de reclamos, muchos de los cuales aún no están resueltos a poco más de un mes de las elecciones. Tal es el caso de Lorena Méndez en San Miguel, a quien el PDC le comunicó formalmente su inscripción como candidata Independiente a concejal, y por el diario se enteró que habían inscrito a otra persona. “Fue un error», le explicaron dirigentes de la DC.
En estricto rigor, lo que ha venido ocurriendo con las malas y discriminatorias leyes electorales y el actuar restrictivo y formalista del Servel y el Tricel, es que se ha generado una barrera de entrada a la competición política para miles de ciudadanos independientes, no solo en uno de los momentos más complejos de la política nacional desde la vuelta a la democracia en 1990, sino también con desconocimiento flagrante de los principios de legitimidad y de igualdad ante la ley.
Las Constituciones no son estructuras legales dogmáticas. Ellas, por sus contenidos, pertenecen en parte al Derecho Constitucional y en parte al Derecho Político. Por lo tanto, los órganos superiores del Estado, especialmente aquellos encargados de velar por la continuidad institucional del Estado de Derecho y la integridad de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, deben actuar con pulcritud y brindar certidumbre jurídica.
En el caso de Renca, el Tricel –al cual le tocará proclamar a los candidatos electos en las próximas elecciones– tiene la oportunidad de rectificar en pro de la continuidad democrática y declarar la necesidad de una nueva elección, esta vez competitiva, para elegir al alcalde. Y si para esto se requiriera una ley especial, deberá aplicarse la doctrina parlamentaria denominada Pro DC , es decir, tramitarla en 48 horas, tal como se hizo para que este partido inscribiera en el pasado sus candidatos a parlamentarios.
