Opinión
Apenas se anunció un Acuerdo por la nueva Constitución para Chile las críticas apuntaron al gasto que esto significaría, al punto que fue uno de los argumentos utilizados por buena parte de la gente vinculada a la opción Rechazo para no apoyar el proceso democrático.
El gasto en personal, infraestructura, movilización, asesorías y un montón de regalías se instaló en tal medida como un tema de debate en la sociedad que muchos sostuvieron que era mejor escribir nuestro nuevo precepto constitucional con los mismos legisladores que tenemos hoy para así no incurrir en desembolsos adicionales.
Yo voté por el Apruebo en el plebiscito del 25 del octubre y defendí con fuerza la alternativa. Era a mi juicio la única salida viable para la crisis que vivíamos, pero creo que los fundamentos del Rechazo sobre el gasto excesivo que puede significar una sala de 155 constituyentes eran y siguen siendo atendibles.
Al compartir con la gente de mi Distrito, uno de los reclamos más recurrentes apunta a los privilegios que tienen diputados, senadores, ministros etc. Hay una sensación razonable de que viven en un país paralelo, lejos de las problemáticas que viven los chilenos medios.
Por eso creo que ser constituyente es un puesto que debe marcar diferencias, porque está lleno de símbolos. El proceso fue impulsado por la ciudadanía a partir del estallido social del 18 de octubre y lo que se nos pidió fue que escucháramos y no hiciéramos más oídos sordos a las demandas de la ciudadanía. Se exigió que los políticos estuvieran a la altura y que entendieran que el servicio público es precisamente eso: servir a los otros.
Por lo mismo y para volver al origen mismo del servicio público, es que se debe hacer hincapié en que los constituyentes representen una forma distinta de hacer política, una que ojalá sea adoptada por el resto de las autoridades en los procesos siguientes.
No podemos tener granjerías, no podemos vivir sin saber por lo que están pasando los chilenos, no podemos habitar más en una burbuja. El privilegio es servir a los demás y no servirse de los privilegios.
Por eso es que propongo un Plan de Austeridad para los constituyentes, un modelo que muestre que, si se quiere llegar a ser redactores de la Constitución, se haga por vocación y no por un mero interés económico.
Llegar a un puesto de poder tan importante debe convertirse en un ejemplo para el resto de chilenos y no en un bolsón de regalías. Así como el chileno normal que sale a trabajar debe lidiar con la dura realidad del transporte, alimentación, salud y sueldos, los constituyentes deben hacer lo mismo.
Si es que vamos a reescribir nuestras bases, los constituyentes deben ser testigos en primera persona de lo que vive la mayoría de las personas que salieron a exigir un cambio, aburridas del aprovechamiento político y de los privilegios absurdos de la clase dirigente.
Además de rebajar el sueldo propuesto por la Comisión Técnica que alcanza a los casi dos millones y medio, los constituyentes no pueden tener asignaciones extras. Y si las reciben que sean las mismas de todo el mundo como una tarjeta Bip para la movilización; beca Junaeb para el almuerzo; traspaso automático a Fonasa y atención obligada en el sistema público de salud; uso de residenciales para alojamiento de Convencionales de Región y un sueldo que en ningún caso supere al de un profesor o profesora.
Me parece que para escribir bien la Carta Magna de este país hay que ponerse en los pies, la cabeza, el corazón y en todos los escenarios de la gente.
Así nadie podrá decir que no conoce la realidad. Así nadie podrá decir que se está sacando provecho del cargo que la gente va a delegar como parte del mandato popular y soberano de una democracia.
